La Mesa del Congreso calificará 'in extremis' la ley de amnistía justo a tiempo para la investidura
El nuevo letrado mayor tendrá que dar el visto bueno a la ley de amnistía 48 horas después de tomar posesión
Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, junto a Santos Cerdán y María Jesús Montero. | Europa Press
Los últimos flecos de la negociación son procedimentales y encierran en sí mismos nuevas cesiones del Gobierno relacionadas con el cuándo, no con el qué. Superado el texto de la amnistía, PSOE, Junts y ERC pugnan ahora por llevar a la práctica la ejecución parlamentaria de las nuevas medidas de gracia a los independentistas. Una primera cesión está relacionada con la presentación de la ley de amnistía en el registro del Congreso de los Diputados, cumpliendo con la condición previa que estableció Carles Puigdemont antes del verano. Un requisito que aceptó este martes el secretario de Organización, Santos Cerdán, en conversación informal con periodistas en el Congreso: «Cuando cerremos los acuerdos, se presentará la ley y la vais a leer».
La segunda cesión no es más que el siguiente paso de la tramitación parlamentaria: la calificación por parte de la Mesa de la Cámara Baja. Fuentes gubernamentales adelantan a THE OBJECTIVE que el Gobierno aceptará esa segunda exigencia y forzará la calificación in extremis de la ley de amnistía por parte de la Mesa del Congreso. La primera oportunidad para hacerlo podría ser la reunión que este viernes ha convocado la presidenta del Congreso, Francina Armengol, para lo cual la iniciativa sobre la amnistía tendría que haberse presentado ya en el registro de la Cámara. Los usos y costumbres parlamentarios fijan que las iniciativas que son registradas los jueves a las 20 horas, cuando cierra el registro, se califican el martes de la próxima semana en la reunión del órgano rector.
Pero se da la circunstancia de que el Gobierno no ha querido forzar la máquina para registrar a contrarreloj la ley de amnistía y forzar su calificación en la reunión de este viernes. Según ha podido saber este diario, el motivo no es otro que la elección del nuevo letrado mayor de las Cortes, Fernando Galindo, que no tomará posesión hasta este viernes, por lo que, aun apurando los plazos, no podría participar en la decisión para la cual el Gobierno le ha elegido para suceder a Carlos Gutiérrez, cuyo informe en mayo de 2021 permitió tumbar la iniciativa de la amnistía presentada por los independentistas por ser de «palmaria inconstitucionalidad».
Nueva reunión de la Mesa, «lunes o martes»
Las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE confirman que su intención es que se califique la iniciativa al menos con 48 horas de margen respecto a la toma de posesión del nuevo letrado. Fuentes del órgano rector explican a este diario que Galindo tendrá que someterse a votación en la reunión de la Mesa este viernes. Y los planes del Ejecutivo, de poder cumplir con su plan inicial de celebrar la investidura la primera semana de noviembre los días 7 y 8, es que se convoque una reunión de la Mesa in extremis el lunes 6 por la tarde o incluso el martes 7 por la mañana, para poder calificar la ley de amnistía antes de la sesión de investidura de Pedro Sánchez, quizás con apenas unas horas de antelación.
Es decir, en una operación prácticamente idéntica al fichaje del letrado del Tribunal Constitucional, Fernando de la Peña Pita, que la magistrada y exdirectora de Moncloa, Laura Díez, utilizó para hacer un informe ad hoc sobre el voto nulo apenas dos días después de tomar posesión, Francina Armengol ficha ahora a un alto cargo del Ejecutivo, un letrado en comisión de servicios, para validar la ley de amnistía apenas dos días después de ser nombrado. Una «absoluta falta de neutralidad», a juicio de la oposición en el Congreso, que denuncia el ‘salto’ desde la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial a la Secretaría General del Congreso con la vista puesta en la ley de amnistía.
En conversación con este diario, fuentes populares reprochan que «se trata del subsecretario de la portavoz del Gobierno, que seguramente ha formado parte del grupo de trabajo que dirige Félix Bolaños en Moncloa para establecer un texto de amnistía que valide ahora el letrado mayor de Cortes y contradiga el de su predecesor. Desde luego, la apariencia de neutralidad, Galindo no la tiene. Como se estrene haciendo lo que no hizo el anterior secretario general, vamos a tener un problema». Aunque nadie duda de las intenciones del Ejecutivo tras la doble convocatoria de este viernes 3 de noviembre por parte de Armengol de Mesa y Junta de Portavoces. «La Junta fija el orden del día de los plenos y, si nos convoca, es para convocar el pleno de investidura de Pedro Sánchez por ordenes de Moncloa».
Registrar la iniciativa «antes del sábado»
Sin embargo, la fecha de la investidura se conocería antes de que se hayan cerrado todos los pactos con los socios, que Moncloa espera anunciar desde este miércoles 1 de noviembre al lunes día 6, día reservado inicialmente para cerrar el acuerdo con Junts como colofón de una serie de pactos «en cascada». Pero la complejidad que entraña la recta final es que el Gobierno debe comunicar a la presidencia del Congreso el viernes la fecha de la investidura sin haber anunciado sus acuerdos para que Francina Armengol pueda cumplir con las 48 horas de comunicación previa a los diputados antes de la sesión. Y, a su vez, debe convencer a sus socios para registrar una ley de amnistía «antes del sábado a mediodía», que es cuando fuentes parlamentarias explican que está el límite para que la iniciativa pueda ser calificada el martes que viene.
Un endiablado encaje de bolillos que tensiona a los negociadores del PSOE, que no conocerán el resultado de la consulta a la militancia hasta el domingo, aunque ésta «no condiciona» los anuncios de acuerdos. En Ferraz son conscientes de que la foto de Santos Cerdán con Carles Puigdemont en Bruselas ha llevado tan lejos la negociación que ha llegado a un punto de no retorno. «No me ha fastidiado la foto porque creo en la democracia y en la reconciliación. Los gobiernos tienen que ir un paso más allá», dijo este martes el secretario de Organización del PSOE «designado» para la interlocución con Puigdemont en los corrillos del Congreso. Una instantánea con urna incluida -aunque recortada por los servicios de prensa de Ferraz-, que crea temor en el PSOE porque debería haber servido ya, como se esperaba, para consensuar un texto conjunto de la ley de amnistía y presentarlo con la firma de todos sus socios.
«Hay 57 diputados que piden la amnistía y nos han pedido que haya ley», explican sin atreverse a confirmar que será un texto conjunto de todos y no una iniciativa en solitario del PSOE. En otras palabras, ni siquiera la cesión que encierra la foto de Cerdán con Puigdemont ha forzado a Junts y ERC a mover ficha. Como desde el inicio de la negociación, siguen siendo los independentistas quienes suben el precio y el Ejecutivo quien acepta el encarecimiento de la investidura, ahora aceptando tramitar la amnistía y calificarla como condición previa al debate de investidura.
