Sánchez bate otro récord: nunca un letrado ha pasado de la política activa al Congreso
«Inmenso dolor» en este cuerpo de funcionarios por la utilización política de su trabajo por parte del PSOE
Francina Armengol con Pedro Sánchez en el Congreso. | EFE
El episodio del relevo del letrado mayor del Congreso de los Diputados cada vez más cobra tintes de ser una maniobra política del presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, ejecutada por la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, para intentar validar jurídicamente la forma en la que se presenta la ley de amnistía en el Parlamento. A la designación de un alto cargo del Gobierno, Fernando Galindo, para este puesto se une el hecho de que es la primera vez que se traslada a un cargo político a esta responsabilidad, según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE. «Hay una cosa clarísima: nunca ha habido un precedente de que se pase de la política activa a ser secretario general y letrado mayor, jamás, y no es pequeña cosa», comentan estas fuentes parlamentarias
La propuesta de Fernando Galindo ha causado estupor en el Cuerpo de Letrados y en el seno del Grupo Parlamentario Popular, que lo considera un «escándalo». Aunque su nombramiento todavía no ha pasado por la Mesa del Congreso -posiblemente lo haga este viernes-, el nombre de este letrado ya ha quedado señalado como el brazo armado de Sánchez en su estrategia de blanquear la ley de amnistía que ha pactado con Carles Puigdemont. «Al final, lo han metido en un sitio donde, haga lo que haga, aunque traiga la mejor de las intenciones, va a sufrir lo indecible. Han destruido su carrera», subrayan las fuentes jurídicas consultadas. En el Cuerpo de Letrados del Congreso y el Senado, en torno a unos 50 funcionarios, la situación creada les supone un «inmenso dolor».
Una vez que ha quedado constatada la operación política para proponer, posiblemente este viernes, su designación a la Mesa del Congreso, habrá que ver si se lleva a cabo, o no, una votación, aunque la mayoría del PSOE y Sumar, cinco votos, supera a los cuatro del PP. Armengol puede optar por sacar su nombramiento adelante por «unanimidad o por mayoría». En ambos casos no tendrá problemas. Podría haber una votación, pero tendría que ser pedida por algunos de los miembros de la Mesa.
Nunca se ha producido una circunstancia tan polémica como la actual: «Se elegía entre señores sin significación en la vida política», señalan fuentes parlamentarias. La unanimidad ha caracterizado los nombramientos de los anteriores letrados mayores del Congreso: Luis Cazorla, Ignacio Astarloa, Piedad García-Escudero, Manuel Alba y Carlos Gutiérrez. La mayoría de estos antecesores de Fernando Galindo han estado en torno a los diez años de letrados mayores del Congreso y secretarios generales.
Presión a Fernando Galindo
La importancia de controlar al letrado mayor del Congreso radica en que es el que realiza todos los informes de los asuntos que van a la Mesa del Congreso, «otra cosa es que encargue a otro letrado que haga un borrador y luego él lo lleva». Los informes no son vinculantes, pero suelen respetarse, como sucedió en la anterior legislatura con la amnistía. «El letrado Carlos informó diciendo que no, y la Mesa decidió que no. La lógica dice que si el letrado informó que no a una amnistía la pasada legislatura, los letrados sigan diciendo que no. Si lo presentas de otra manera, y no lo llaman amnistía, salvas y dices que no es exactamente lo mismo».
Como ya adelantó THE OBJECTIVE, Armengol presionó, al menos en dos ocasiones, a Fernando Galindo, que hasta ahora ocupaba la Subsecretaría del Ministerio de Política Territorial, que dirige la también portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, para que ocupara esta estratégica responsabilidad.«Se olvidó el tema y se cerró», subrayan estas fuentes que han seguido muy de cerca el proceso. La presidente del Congreso continuó la búsqueda de un candidato y se le cerraron varias puertas, entre ellas letrados del Senado e incluso la mujer de Fernando Galiano, Mercedes Cabrera, que hasta este lunes ha trabajado con Rafael Martínez-Simancas, secretario de Estado para las Relaciones con las Cortes, como directora general de Relaciones con las Cortes.
En el caso de que no hubiera salido el nombre de Fernando Galindo, una opción podría haber sido Mercedes Araujo, que se ha quedado como sustituta de Carlos Gutiérrez Vicén, pero también lo rechazó. El acuerdo al que se había llegado era que el adjunto de Gutiérrez Vicén, el letrado José Antonio Martínez Ara tendría que «hacer la sustitución hasta que se nombrara a alguien». En este supuesto, quedaba la esperanza de que «no se mojara tanto en el tema de la amnistía», al estar de manera interina, y se «limitara a la tramitación ordinaria de los asuntos», según fuentes solventes.
