El PP inicia en el Senado la guerra contra el Gobierno con mociones sobre amnistía y deuda
El Grupo Popular ha registrado dos mociones que se votarán primero en comisión y después pasarán al Pleno
Pere Aragonès durante su comparecencia en el Senado para hablar de la amnistía
El Partido Popular ya tiene plenamente engrasada la maquinaria institucional contra el Gobierno de Pedro Sánchez y las cesiones que ha hecho al independentismo para conseguir el apoyo a su investidura. La Comisión General de las Comunidades Autónomas votará en contra de la condonación de la deuda de las comunidades autónomas si finalmente sale aprobada una de las dos mociones que ha registrado el Grupo Popular, y a las que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en la que considera «inadmisible» esta condonación. La mayoría absoluta del PP garantiza que los dos textos salgan adelante. La segunda moción registrada se refiere a la amnistía. Una vez aprobadas por la citada comisión se presentarán en el Pleno del Senado.
Los populares han activado la Cámara Alta como uno de los principales instrumentos de oposición y ya prepara otro golpe para los próximos días. El foro elegido es la Comisión General de Comunidades Autónomas, la primera que se puso en marcha citando a los presidentes autonómicos, aunque los socialistas se negaron a ir y solo Pere Aragonès se presentó por sorpresa para hablar claramente de la amnistía, negándose a escuchar las réplicas de los dirigentes del PP.
El Grupo Popular ha pedido de nuevo una reunión de la Comisión General de Comunidades Autónomas, cuya convocatoria está pendiente de fijar por la Mesa y los portavoces, y ya ha registrado, el pasado día 6, una moción que es una declaración de guerra contra Pedro Sánchez. Los populares buscan un pronunciamiento contra la condonación la deuda de las comunidades autónomas con el FLA (Fondo de Liquidez Autonómica), estrategia que el PSOE ha puesto en marcha para justificar su acuerdo con los independentistas catalanes.
En el caso de la deuda, la moción considera «inadmisible que la condonación de parte de la deuda de una Comunidad Autónoma determinada con el Estado forme parte de las contrapartidas políticas acordadas entre el PSOE y otros partidos para obtener su apoyo parlamentario a la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno. Como tampoco es de recibo que, en un acuerdo estrictamente bilateral a este respecto, se establezcan compromisos de modificaciones legislativas de alcance general para todas las Comunidades Autónomas de régimen común. Tales materias sólo deben abordarse en el marco de una negociación entre el Gobierno y todas las Comunidades Autónomas, y en los foros establecidos para ese fin, en especial el Consejo de Política Fiscal y Financiera al ser el órgano que mejor puede asegurar las condiciones de multilateralidad y transparencia necesarias para decisiones de esta naturaleza».
«Bilateralidad fuera de lugar»
Los populares manifiestan en su moción que «condonar la deuda de una determinada Comunidad Autónoma –haciéndolo, además, por intereses exclusivamente partidistas- es tanto como premiar su falta de rigor presupuestario o su mala gestión, agraviando comparativamente a las demás Comunidades Autónomas, tanto si han acudido a mecanismos de financiación extraordinaria como si no. Además, en definitiva, supondría cargar sobre los ciudadanos la mutualización de la deuda que se condone».
El Grupo Parlamentario Popular también critica en su moción que «la bilateralidad está fuera de lugar, por injusta, cuando los asuntos que se tratan afectan a todos los ciudadanos residentes en las Comunidades Autónomas de régimen común y ciudades con Estatuto de Autonomía. La prueba evidente de sus perjuicios se puede encontrar en las deficiencias del sistema de
financiación autonómica de 2009, cuyo origen estuvo viciado por las negociaciones bilaterales previas, a espaldas del resto de Comunidades Autónomas, entre el Gobierno de la Nación y la Generalitat de Cataluña».
La moción sobre la amnistía quiere que el Senado comparta la «extrema preocupación expresada por la gran mayoría de los presidentes de las comunidades autónomas ante el hecho de que los acuerdos políticos negociados por el PSOE con los partidos independentistas catalanes para la investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno» incluyan compromisos firmes sobre «la concesión de una amnistía a beneficio de políticos condenados, procesados o huidos de la Justicia» y el «reconocimiento nacional de Cataluña, el traslado de dicho reconocimiento al ordenamiento jurídico y el sometimiento de estos acuerdos a su refrendo por los ciudadanos de esa Comunidad Autónoma, tal como se recoge en el acuerdo suscrito entre PSOE y ERC».
El Grupo Popular intenta que el Senado manifieste que «la concesión de una amnistía, además de ser manifiestamente ilegal, no es en modo alguno un asunto disponible para su negociación entre partidos políticos, porque atenta directamente contra principios fundamentales de la Constitución». Igualmente, que reproche que «cualquiera que sea la denominación elegida para su camuflaje legal, toda medida con el efecto de una amnistía a favor de personas fugadas, procesadas o condenadas por el golpe secesionista de octubre de 2017 en Cataluña, o por delitos de corrupción, supone una afrenta al principio de igualdad ante la ley de todos los españoles, vulnera la separación de Poderes al usurpar el uso exclusivo de la potestad jurisdiccional por el Poder Judicial y desautorizar a éste, acaba con la seguridad jurídica y, en suma, constituye un ataque frontal contra nuestro Estado democrático de Derecho».
El texto al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE señala que» es de todo punto inasumible que personas investigadas o procesadas por delitos de terrorismo puedan beneficiarse de una amnistía o de cualquier trato de favor», a la vez que subraya que «resulta inaceptable el intento de justificar tal amnistía con el pretexto de sus supuestos beneficios para la convivencia democrática, la concordia o la estabilidad política, cuando la evidencia es exactamente la contraria: la convivencia democrática es imposible sin el amparo del Estado de Derecho; y, por tanto, todo lo que dañe a éste daña también a la convivencia entre los españoles. Por otra parte, es imposible que la concordia se vea reforzada cuando los beneficiarios de la amnistía, aquellos que pretendieron romper el orden constitucional desde las instituciones y valiéndose indebidamente de recursos públicos a ese fin, no han mostrado el menor signo de arrepentimiento por sus actos e incluso se siguen jactando de ellos».
Los populares alertan en su moción que «el reconocimiento político de la identidad nacional particular de una Comunidad Autónoma no es, en modo alguno, una materia disponible para su negociación entre partidos políticos, porque afecta directamente al núcleo de nuestra Constitución»; subrayando que «Constitución y unidad de España son conceptos inseparables, y, por tanto, romper la unidad de España conllevaría también la ruptura de la Constitución y de todo el régimen de derechos y libertades de cuyo amparo gozan todos los españoles desde hace 45 años».
Finalmente, la moción aclara que «la invocación del falso derecho a la autodeterminación supone asimismo un ataque frontal al derecho a la autonomía que, vinculado a la unidad de España, también consagra el artículo 2 de la Constitución, del mismo modo que el principio de solidaridad interregional».
