Así defendía el Gobierno en Europa que el 1-O era «delito» antes de su pacto con Puigdemont
Uno de los informes borrados por Exteriores esgrimía que «ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas»
Fotomontaje con Sánchez y el informe que desmontaba el 'procés' | Alejandra Svriz
El pacto alcanzado por el PSOE y Junts per Catalunya para investir a Pedro Sánchez como presidente deja atrás muchos de los postulados que apenas unos años antes el Gobierno de coalición defendía de cara a la comunidad internacional. En uno de los informes elaborados por el Ministerio de Asuntos Exteriores en 2019, que fue borrado de su web y al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, se aseguraba que «ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas», que en España «no hay presos políticos» porque «la ley es igual para todos» y que «el intento de derogar la Constitución» no podría quedar «sin sanción penal alguna».
El informe, titulado ‘La realidad sobre el proceso independentista’, desmontaba una a una las mentiras que el Govern de Carles Puigdemont y posteriormente el de Quim Torra fueron difundiendo contra el Estado a través de sus órganos de diplomacia, como el Diplocat, o su red de delegaciones catalanas en el exterior, para convencer a las instituciones europeas de intervenir en el «conflicto» o, incluso, para lograr que algún estado apoyara la secesión de Cataluña.
«Fakes del secesionismo»
En el apartado 7, titulado «Fakes del secesionismo», explicaban que «esta es una más de las batallas que se están librando en el
mundo contra la desinformación y las fake news». Mediante las etiquetas «fakes» y «facts», el Ministerio dirigido por José Manuel Albares plasmaba las «falsedades difundidas sobre el proceso independentista contrapuestas con los hechos objetivos que las rebaten».
Una de estas «falsedades» hacía relación al hecho de que el movimiento independentista fuera «pacífico». Así desmontaban esta idea: «Como en todos los movimientos, se producen formas de actuar diferentes. Ha habido sectores que se han radicalizado y se han implicado en actos violentos». Como ejemplo, ponían el «asedio tumultuario» a la Consejería de Economía de la Generalitat de Cataluña en Barcelona el 20 de septiembre de 2019, cuando una multitud impidió la movilidad de la comisión judicial y de los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
En la misma línea, defendían que tanto la «Fiscalía y el juez instructor creen que hubo violencia porque se produjeron actos intimidatorios para lograr la independencia de Cataluña». En aquella etapa, defendieron incluso los delitos de rebelión y sedición. Fue antes de alcanzar un pacto con los independentistas para derogar la sedición y reformar el delito de malversación. Defendían que «la diferencia entre la sedición y rebelión radica en la concurrencia de alzamiento público y violencia».
«Varios policías fueron atacados»
Otro de los puntos que destacan es que «la resistencia de algunos ocupantes de los colegios electorales frente a la policía no fue solamente pasiva. A lo largo del día 1 de octubre varios policías fueron atacados y heridos por quienes participaban en las ocupaciones organizadas por algunas de las personas ahora encausadas».
Con ello, buscaron contrarrestar el argumento y las imágenes usadas por el independentismo para asegurar que el 1-O la policía se enfrentó a ciudadanos pacíficos que solo querían votar».
En relación a si en España hay «presos políticos» -como viene denunciando el Ejecutivo autonómico- en aquel entonces el Gobierno de Pedro Sánchez no asumía conceptos como el de lawfare que aparecen ahora en el pacto con Junts. Todo lo contrario, se aseguraba que «ningún político catalán ha sido procesado por sus ideas».
En esa línea de argumentación, el Gobierno también defendía que el «Código Penal español» era totalmente apto y se preguntaba «si el intento de derogar la Constitución o de declarar la independencia de una parte del territorio nacional mediante un alzamiento público era constitutivo de delito». «¿Ha de admitirse que esta actuación o esta declaración se realicen sin sanción penal alguna», concluían a este respecto.
