El PSOE acepta que un relator internacional resuelva el «conflicto histórico» con Cataluña

PSOE y Junts han cerrado la investidura de Pedro Sánchez tras firmar el acuerdo que promoverá una ley de amnistía para «los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos» y la presencia de un relator internacional en las negociaciones entre ambos partidos para «vigilar que se cumplen los acuerdos alcanzados» en el pacto entre ambos.

Los socialistas han distribuido entre los medios de comunicación el documento consensuado por ambas formaciones, en el que se incluyen todas las cesiones de los socialistas a la formación de Carles Puigdemont. El texto comienza con un relato -que parte de la interpretación de los nacionalistas y de una parte del PSOE a las raíces del ‘procés’- en el que carga la responsabilidad de lo sucedido al PP por recurrir la aprobación del Estatut en Cataluña y al Tribunal Constitucional por actuar ante la inconstitucionalidad de algunos puntos de la norma- y determina la necesidad de abrir una nueva página en las relaciones entre España y la comunidad autónoma de Cataluña.

PSOE y Junts dejan patente en blanco sobre negro que no confían el uno en el otro, razón por la que se determina la presencia de un relator internacional en las negociaciones. Por tanto, ambos «han acordado dotarse de un mecanismo entre ambas organizaciones, internacional, que tenga las funciones de acompañar, verificar y realizar seguimiento de todo el proceso de negociación y de los acuerdos entre ambas formaciones a los que se llegue».

Referéndum para Cataluña

El acuerdo contempla que los de Carles Puigdemont propondrán la celebración de un referéndum de autodeterminación en Cataluña mientras que el PSOE defenderá el amplio desarrollo del Estatut de 2006. La primera reunión de negociación, a celebrar en este mismo mes de noviembre, se planteará que Junts propondrá la celebración de un referéndum de autodeterminación sobre el futuro político de Cataluña «y amparado en el artículo 92 de la Constitución».

El acuerdo entre ambas formaciones -que puede consultar en esta misma noticia- no incluye una sola mención a la Constitución española. Santos Cerdán ha defendido que serán los jueces quienes apliquen la futura ley de amnistía y no ha entrado en menciones a beneficiados concretos. Si PP y Vox recurren será el Tribunal Constitucional el encargado de resolver la reclamación de ambos grupos.

Comisiones contra los jueces

El Poder Judicial será juzgado por el Legislativo. Esta es la medida que han acordado los dos partidos, que recoge que se establecerán comisiones de investigación que determinen si en determinados casos se han cometido delitos de lawfare contra personas concretas relacionadas con el independentismo catalán. Por tanto, los diputados tendrán que determinar si jueces, con nombres y apellidos, cometieron delitos de prevaricación.

Consulte aquí el documento íntegro de la negociación entre ambos.

Documento firmado por el PSOE y Junts by The Objective on Scribd