El Gobierno cree que «habrá renovación del CGPJ» gracias a la mediación de su presidente
El Gobierno cree que al PP «no le queda otra» que renovar el CGPJ, aunque se opongan a cambiar el sistema de elección
presidente interino del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y el ministro de Justicia, Félix Bolaños. | Europa Press
El Gobierno traslada optimismo sobre la renovación del Consejo General del Poder Judicial. «Habrá acuerdo seguro», aseguran a THE OBJECTIVE las fuentes gubernamentales más optimistas sobre la posibilidad de alcanzar un pacto con el PP. Sus esperanzas están fundadas en diferentes variables pero, sobre todo, en la mediación que ejerce el presidente suplente del Consejo General del Poder Judicial, Vicente Guilarte, quien se ofreció hace diez días a ejercer de puente entre PP y PSOE para facilitar la renovación de un órgano que necesita «normalidad institucional».
La mediación de Guilarte en aras de la «pacificación, renovación y los consensos» fue acogida de buen grado por el Palacio de la Moncloa, tras una reunión entre el presidente suplente del CGPJ y el ministro de Presidencia, Félix Bolaños, en la que se trasladó y concretó una oferta que no sólo permite albergar esperanzas al Gobierno, sino que le hace tener seguridad de que el acuerdo se materializará. El cuándo ya es difícil de prever. El ‘mediador’ judicial acotó el periodo de la renovación para «este año», lo cual encaja con el deseo del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de reunirse con Alberto Núñez Feijóo antes de que acabe el año para, entre otras cosas, desbloquear los órganos judiciales.
Las fuentes gubernamentales consultadas deslizan que ya habido algún acercamiento, fruto de esa mediación, porque Guilarte es un perfil «trasversal y neutral» que favorece que se puedan romper los bloques partidistas. De ahí que se abstuviera en la reciente declaración contra la amnistía que se aprobó en el pleno del CGPJ por parte de la mayoría conservadora. Al día siguiente, el pasado 8 de noviembre, el presidente suplente del Consejo se desmarcó de la misma por la «prematura» de la iniciativa promovida por los nueve vocales conservadores cuando aún no se conocían los contenidos de la Ley de amnistía, si bien dejó clara su «profunda preocupación» por la despenalización del procés.
El perfil «trasversal y neutral» de Guilarte
Sin embargo, Guilarte también dejó clara la necesaria neutralidad del poder judicial, cuyos pronunciamientos pudieran ser interpretados como una «injerencia en la actividad política». La posición neutral de Guilarte, de perfil conservador, pero con una convicción férrea sobre la pulcritud que han de tener los juzgados respecto a la acción del poder ejecutivo, es vista con muy buenos ojos en el Gobierno. Y en él confían para la difícil tarea de suavizar los ánimos y allanar el terreno entre progresistas y conservadores en aras de cerrar un pacto.
Su relación de amistad personal con el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, con quien mantuvo recientemente un encuentro desvelado en exclusiva por THE OBJECTIVE, favorece este acercamiento. Fuentes del Consejo consultadas por este periódico asumen también que «estamos en un órgano deslegitimado que es plenamente consciente de que no se puede limitar a hacer informes y que no tendrá credibilidad hasta que no ejerza en plenas facultades cuando sea renovado».
La propuesta de Guilarte
Hace unos días, el presidente suplente del Consejo escribió una tribuna en el diario El País llamada «Diluir la tensión» en la que proponía una reforma para reducir las competencias del CGPJ, prohibiendo que pueda hacer nombramientos de altos cargos judiciales y que sean los propios jueces quienes elijan a sus presidentes sin intervención del órgano. «Si se piensa que el CGPJ es el órgano de gobierno de los jueces, debieran ser estos quienes se gobiernen, pero directamente, sin intermediarios que diluyan la rectitud de la gobernanza».
En conversación informal con periodistas, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, afirmó este miércoles que es verdad que el Consejo «tiene más atribuciones que en otros países» y que el reparto competencial con otros órganos «no digo que sea la solución, pero está sobre la mesa». Sin embargo, esta ‘opción’ se reserva como un comodín, por si, ante un eventual rechazo del PP a pactar, hubiera que abordar una reforma que permita evitar la parálisis de los órganos de justicia. Porque lo que repite el Gobierno y a lo que se ha comprometido con Bruselas es que «no vamos a alterar las mayorías para elegir a los vocales».
La presión de Bruselas
Pero el optimismo gubernamental no sólo radica en este punto. Los socialistas creen que ha habido un «salto cualitativo de la Comisión Europea» a la hora de exigir al PP que se renueve el CGPJ. Desde el ministerio de Justicia sostienen que las palabras del comisario de Justicia, Didier Reynders, tras su reunión con Félix Bolaños el pasado lunes en Bruselas «apremian al PP» de Alberto Núñez Feijóo. «Hace un año decía: hay que renovar el Consejo y reformar la ley, ahora sólo hablan de la renovación. Y después, sólo después, empezar a negociar una reforma. Reynders ha pasado página y entiende que es urgente renovar».
El Ejecutivo ha encontrado empatía en Bruselas ante el riesgo de que no se cumpla el principio de tutela judicial efectiva y el normal funcionamiento de la justicia derivado de la ley que supeditaba cubrir las vacantes judiciales al desbloqueo del CGPJ. «Cinco años de bloqueo es terrible, es urgente, estamos a las puertas del colapso, de paralizar la Justicia», advierten fuentes de Moncloa.
Y, por ello, consideran que «al PP no le queda otra que renovar y cerrar un acuerdo porque han minado su credibilidad ante Europa. Van con el lamparón del bloqueo de la justicia». Algo que, a su juicio, podría erosionar aún más su prestigio en Europa ante la batalla europea que darán los populares cuando se apruebe la ley de amnistía en el Congreso de los Diputados, a partir del mes de abril.
