Alarma por la politización de los fondos UE: Montero asume el control directo del dinero
En la nueva reestructuración ministerial, la Secretaría de los Fondos Europeos se sitúa bajo la tutela de la ministra
Pedro Sánchez con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero. | EP
Los cambios que el Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido acometer en la estructura del Ministerio de Hacienda y Función Pública han levantado la alarma entre los funcionarios sobre el control de los fondos de la Unión Europea, entre los que se encuentra el Plan y el Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, los denominados Next Generation. Las fuentes ministeriales consultadas por THE OBJECTIVE advierten de la «politización» que se ha impuesto, al pasar a depender directamente de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
El Consejo de Ministros del pasado martes aprobó el Real Decreto 1009/2023 de 5 de de diciembre «por el que se establece la estructura orgánica básica de los departamentos ministeriales», que fue publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del 6 de diciembre. En esta remodelación, ha pasado desapercibido, aunque no para los técnicos de Hacienda, que la Secretaría General de Fondos Europeos, que depende directamente de la ministra, ha pasado a controlar a la Dirección General de Fondos Europeos y la Dirección General del Plan y del Mecanismo de Recuperación y Resilencia.
Un cambio que no es baladí para el control de los fondos, ya que en la estructura de la anterior legislatura, la Secretaría General de Fondos Europeos, que dirige Mercedes Caballero, dependía de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, por lo que no era gestionada directamente por la ministra. «Al hacerla depender directamente de la ministra hay varias lecturas. Por una parte, se le da más relevancia y, por otra, hay una mayor politización, perdiendo su carácter técnico, tanto en el órgano como en la persona que lo ocupa como secretaria general», subrayan a este periódico fuentes conocedoras de las consecuencias del cambio.
«Hay mucho revuelo entre los funcionarios y preocupación porque a partir de ahora habrá mucha más politización en estos fondos», comentan a THE OBJECTIVE fuentes solventes, que apuntan a un posible golpe contra la secretaria de Estado de Presupuestos y Gastos, María José Gualda, y se preguntan si «ha sido un castigo por su mala gestión y el reconocimiento de que el programa informático CoFFee sigue sin funcionar».
Jorge Fabra, en el aire
Este programa CoFFee es la plataforma de gestión de los fondos europeos en el que todas las administraciones tienen que volcar los datos de lo beneficiarios del plan, entre otras cuestiones para saber si hay algún conflicto de intereses entre los adjudicatarios. Como ha venido publicando este periódico, la puesta en marcha de esta herramienta se ha demorada en el tiempo y ha sido objetivo de apercibimiento por los responsables comunitario. CoFFee es competencia de la Oficina de Informática Presupuestaria, que depende de la Secretaría de Estado de Presupuestas y Gastos.
En estos momentos de cambios en el control de lo fondos, estas fuentes alertan de que también puede caer el director general de los fondos europeos, Jorge Fabra, «se quiere ir desde hace tiempo por los mismos motivos de su antecesora, Rocío Frutos», que dimitió en octubre de 2022 en plenas discrepancias con el Gobierno sobre el cumplimiento de los hitos para poder acceder al tercer desembolso de los fondos. Bruselas le pedía al Ejecutivo de Sánchez que pusiera en marcha el sistema CoFFee, entre otras exigencias.
Otra baja, pero esta ya se ha producido, es la de Román García, «un fichaje estrella que vino de la Comisión Europea como asesor. Han querido tapar su salida, pero se ha ido de mala manera y ahora ha fichado por Cofides, una sociedad que gestiona los fondos que se han aprobado con la Adenda del Plan de Recuperación«.
A día de hoy, España ya ha recibido tres desembolsos de los fondos Next Generation. En 2021 tuvo lugar un desembolso de 9.039 millones de euros de la prefinanciación correspondiente al 13% del total asignado, 10.000 millones de euros en diciembre de 2021, 12.000 en julio de 2022 y 6.000 millones en febrero de 2023. España ha recibido 37.036 millones de euros, el equivalente al 53% del total que corresponde al país en forma de transferencias no reembolsables, que ascienden a un total 69.528 millones de euros del Plan de Recuperación.
El Gobierno ha ocultado durante todo este tipo la identidad de los destinatarios de este dinero, aunque recientemente ha desvelado que el 61 por ciento de los cien principales perceptores son del sector público.
