El ‘plan b’ de Sánchez con el catalán en la UE: incluir su uso en los plenos de la Eurocámara
El PSOE quiere potenciar la comunicación de las lenguas cooficiales dentro del Parlamento Europeo
Pedro Sánchez durante la reciente cumbre europea de Granada. | Foto: EP
Pedro Sánchez tiene un ‘plan b’ con las lenguas cooficiales después de que el Gobierno español haya fracasado en su intento de lograr la oficialidad del catalán, euskera y gallego en las instituciones europeas durante el semestre de la Presidencia española. Fuentes diplomáticas subrayan a THE OBJECTIVE que un objetivo más fácil de conseguir es intentar incluir su uso en los plenos de la Eurocámara como ocurre desde septiembre en el Congreso de los Diputados.
Este paso requeriría también la unanimidad de los Estados miembros, pero plantearía menos obstáculos a Francia o los países bálticos, que se niegan a abrir el melón de la oficialidad para no dar alas a sus respectivas minorías: el bretón o el corso en el caso del vecino galo, o el ruso que existe en Estonia, Letonia o Lituania. Además, una decena de países se han resistido desde septiembre a entrar en un debate de fondo, mientras no haya sobre la mesa del Consejo informes detallados de las consecuencias legales, prácticas y financieras del cambio que defiende el Gobierno español.
Las lenguas cooficiales ya se pueden utilizar en dos instituciones europeas desde hace años, aunque poca gente lo sepa. Por ejemplo, en las reuniones ministeriales del Consejo cuando un consejero autonómico acompaña al ministro de turno y toma la palabra dentro del plenario. Para ello, la representación permanente de España debe comunicarlo a la presidencia de turno con una semana de antelación y luego corre con los gastos de la traducción simultánea a las distintas lenguas oficiales.
La segunda institución comunitaria en la que se puede hablar en catalán, euskera o gallego es el Comité Europeo de las Regiones, el órgano consultivo de la UE que permite a representantes de los Estados miembros expresar su opinión sobre leyes europeas que afectan a regiones y ciudades. El mecanismo es similar al del Consejo: si un presidente autonómico de Cataluña, País Vasco o Galicia quiere hablar en uno de los plenarios en su correspondiente lengua cooficial, puede hacerlo si España ha avisado con unos días de antelación.
La llegada de los pinganillos en el Congreso
El Gobierno de Sánchez pretende, según las citadas fuentes, hacer lo mismo en el Parlamento Europeo y lograr que un eurodiputado español pueda hablar en catalán, euskera o gallego si toma la palabra en el plenario. Tras la moción de censura de 2018, el Ejecutivo socialista ya intentó esa vía, pero se topó con el bloqueo del Partido Popular Europeo (PPE), que esgrimió que tal posibilidad no existía en el Parlamento español. Ahora las tornas han cambiado, ya que en septiembre se introdujo los pinganillos en los debates del Congreso.
En septiembre, a la par que José Manuel Albares solicitaba formalmente al Consejo un debate sobre la oficialidad de catalán, euskera o gallego en la UE, la delegación del PSOE en la Eurocámara y el grupo de los Verdes/ALE, en el que se enmarca ERC, pidieron lo mismo a la presidenta de la Eurocámara, la popular Roberta Metsola.
La Mesa del Parlamento Europeo, formada por su presidenta y los vicepresidentes de la institución, debatió el 11 de septiembre la solicitud de los socialistas y verdes, si bien se dejó a un lado una eventual votación pues la pelota estaba en el tejado del Consejo, institución que no se va a pronunciar por el momento, pese a que España ha incluido este asunto cuatro veces en el orden del día de las reuniones de los ministros de Exteriores.
La Eurocámara ya aprobó una resolución en 1990 en la que se pidió que el catalán se considerase un idioma de comunicación entre los ciudadanos y las instituciones europeas. Aunque eso no implicó que se convirtiera en un idioma oficial, sí permitió que cualquier persona pudiera dirigirse en catalán a la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Defensor del Pueblo Europeo o el mencionado Comité de las Regiones, así como poder obtener una respuesta en el mismo idioma.
Una fórmula intermedia que podría contentar a los independentistas, a juicio de las citadas fuentes, es que las lenguas cooficiales tuviesen más atribuciones como idiomas de comunicación dentro de la UE para que se pudieran utilizar en los plenos de la Eurocámara.
El coste económico de esta medida, que solo requeriría de interpretación simultánea en cada pleno mensual, sería «el chocolate del loro» en comparación con los 132 millones anuales que Bruselas ha estimado por la contratación de traductores e interpretes, así como la adaptación de la legislación comunitaria y los sistemas técnicos a todos los niveles de las instituciones europeas si tuviesen el mismo rango que el castellano y resto de lenguas oficiales.
