Junts pone en riesgo los primeros decretos del Gobierno que dependerán de los votos del PP
El decreto de diciembre incluye un artículo que los independentistas consideran que pondría en peligro la amnistía
La portavoz de Junts en el Congreso, Miriam Nogueras | Eduardo Parra - Europa Press
Junts ha puesto en riesgo los primeros decretos del Gobierno de coalición del PSOE y Sumar —dos de ellos de carácter económico— que deben ser convalidados para entrar en vigor y que ahora dependerían del voto del PP. La formación independentista tumbará tres decretos: el de medidas anticrisis —considerado el primer gran decreto de la legislatura—, un decreto del Ministerio de Trabajo y el conocido como «decreto ómnibus», al considerar que pondría en peligro la aprobación de la ley de amnistía por incorporar modificaciones a la ley de enjuiciamiento criminal.
Después de que el grupo parlamentario de Junts haya avisado de que sus siete diputados votarán en contra de los decretos relativos a las medidas contra la inflación, a la Justicia y a la subida del subsidio por desempleo por existir «malestar» con los socialistas, los votos de los 136 diputados del PP se hacen más necesarios que nunca.
Y es que los 120 votos del PSOE sumados a los 26 de Sumar y a los posibles apoyos del resto de socios de investidura (ERC, Bildu, PNV, Podemos y BNG) sumarían al menos 170, al que podría unirse CC (171), frente a los 177 en contra del PP, Vox y UPN. Los siete diputados de Junts vuelven a hacerse valer tras la investidura de Pedro Sánchez, que puede ver caer sus primeros decretos si los populares no los apoya o se abstiene.
En este sentido, fuentes del PP han señalado a EFE que aunque todavía no han fijado la posición definitiva, el decreto vinculado a las medidas para afrontar la inflación, que incluye bonificaciones al transporte pero recoge la progresiva normalización de los impuestos energéticos, no es de su agrado.
«No hay escudo social si no se baja el IVA de los alimentos y a la vez se sube la energía a las rentas bajas», señalan fuentes del PP que avisan de que si el Gobierno no lo cambia no contará con el apoyo de los populares. Un voto en contra del PP haría caer este decreto, aunque su abstención sí lo salvaría siempre y cuando los socios de investidura lo apoyen.
El otro decreto económico que también está en el aire es el que aborda la reforma del subsidio de desempleo para elevarlo de 480 euros a 570 euros en los primeros seis meses y a 540 euros los seis siguientes y hacerlo compatible con el trabajo durante los primeros 180 días. Los partidos socios del Gobierno darán previsiblemente un sí mientras que el PP lo analiza. No obstante, algunas formaciones como el PNV están analizando con detalle los tres decretos.
Lo cierto es que la norma que tiene más probabilidades de salvarse es la relativa a la administración de Justicia, el llamado «decreto ómnibus» porque también incluye medidas vinculadas a la función pública y al mecenazgo. El PP no se opuso cuando estas leyes se tramitaron en la anterior legislatura.
Reformas de la Justicia prometidas a Bruselas
El grueso de este decreto recogió el contenido de los proyectos de ley de eficiencia procesal y digital que se encontraban en tramitación en el Congreso en la pasada legislatura y su aprobación, según explicó Félix Bolaños, era necesaria para recibir 10.000 millones de euros en el marco del plan de recuperación comprometido con Bruselas.
En la pasada legislatura, los populares avalaron la tramitación de ambos proyectos, pero el adelanto electoral hizo decaer la tramitación. El de eficiencia procesal, con medidas para agilizar la justicia, llegó al Congreso en abril de 2022 y solo Vox presentó una enmienda de devolución, que fue rechazada por una amplia mayoría de 274 votos.
El proyecto de ley de eficiencia digital, por su parte, fue aprobado por el Consejo de Ministros en julio de 2022 y nadie se opuso a su tramitación en el Congreso, pero la iniciativa quedó congelada en la Comisión de Justicia y acabó decayendo también con la disolución de las Cortes.
¿Pero por qué Junts no lo avala?
El decreto de diciembre incluye un artículo que lleva a Junts a votar en contra al considerar que pondría en peligro la aplicación de la ley de amnistía. Este artículo establece que si un juez (en cuyas manos puede estar la aplicación de la ley de amnistía) presenta una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE se suspenderán las actuaciones hasta que ese órgano decida cómo aplicar en ese caso el derecho comunitario.
Sin embargo el nuevo ministro de Justicia, Félix Bolaños, ya avanzó que ese artículo no supone «ningún cambio» y que lo «único» que hace el decreto es incorporar una «jurisprudencia absolutamente pacífica» de la justicia europea y del Supremo, cumpliendo «un compromiso de España con la Comisión Europea».
