Junts exige sancionar a las empresas que se fueron de Cataluña para apoyar los decretos
El partido quiere «revertir» el decreto que aprobó el PP en 2017 porque «perjudica a la economía catalana»
Junts condiciona su apoyo a los tres decretos que se votan este miércoles en el Congreso a que se sancione a las empresas que se marcharon de Cataluña en 2017 y no volvieron pero mantienen su actividad productiva allí.
Así lo ha asegurado el vicepresidente y portavoz de Junts, Josep Rius, en dos entrevistas en RTVE y Cadena Ser, en las que ha explicado que lo que quiere es que el decreto impulsado durante el Gobierno de Mariano Rajoy para facilitar que las empresas dejaran Cataluña «se revierta de una vez» porque «es inaudito que aún a día de hoy ese decreto siga en vigor», ya que buscaba «perjudicar a la economía catalana».
En este sentido, Rius ha insistido en que no es «normal» que hoy esté en vigor un decreto que aprobó el Partido Popular en pleno ‘procés’ en 2017 solo buscando «perjudicar a la economía catalana» y poner a una parte de la población «en contra de sus instituciones». «A ver cuál es la propuesta del PSOE en este sentido».
«Somos un partido de obediencia catalana, lo que queremos es que esas empresas que tengan su actividad mayoritaria en Cataluña tengan su sede social en Cataluña», ha destacado Rius, quien ha aclarado que Junts no dijo que este decreto no tenía efecto en nada, sino que lo que hizo fue negar «la magnitud de las empresas que se iban» porque hablan de «miles y miles» y «no era verdad».
Preguntado sobre si cree que el Gobierno aceptará que las empresas de Cataluña paguen menos impuestos que en otras comunidades, ha señalado que esto entra dentro de lo que se puede hacer para intentar «incentivar la economía en Cataluña» y ha añadido que lo que parece muy complicado de entender es que el Gobierno mantenga en vigor un decreto que la «perjudica».
El acuerdo alcanzado entre el PSOE y Junts para la investidura señala que «también se abordarán los elementos esenciales de un plan para facilitar y promover el regreso a Catalunya de la sede social de las empresas que cambiaron su ubicación a otros territorios en los últimos años», pero no menciona propuestas concretas.