Denuncian que Igualdad incumple la ley al mantener banderas 'trans' en su fachada
Feministas envían una carta a la ministra Ana Redondo pidiéndole que cumpla la sentencia del Tribunal Supremo
Fachada del Ministerio de Igualdad repleta de banderas arcoíris. | Cedida
La Sala Tercera, de lo Contencioso-Administrativo, del Tribunal Supremo dictó en junio de 2020 una sentencia que fija como doctrina que «no resulta compatible con el marco constitucional y legal vigente, y en particular, con el deber de objetividad y neutralidad de las Administraciones Públicas la utilización, incluso ocasional, de banderas no oficiales en el exterior de los edificios y espacios públicos, aun cuando las mismas no sustituyan, sino que concurran, con la bandera de España y las demás legal o estatutariamente incluidas». A esta se remite ahora la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres para solicitar la retirada de la bandera trans de la fachada del Ministerio de Igualdad.
Las feministas clásicas aglutinadas en esta alianza han remitido este miércoles una carta a Ana Redondo en la que lamentan que «a pesar de que el Tribunal Supremo ha sido meridianamente claro respecto de que el exterior de los edificios oficiales ha de limitarse a mostrar los símbolos oficiales, el Ministerio de Igualdad, como herencia de la anterior legislatura, mantiene en su fachada de manera estable el despliegue de banderas no oficiales».
«Si bien pudiera comprenderse que una institución pública en el marco de fechas conmemorativas haga un uso propagandístico de la fachada de un edificio institucional para dar a conocer los objetivos de dicha conmemoración, cuando ésta es objeto de un consenso y aspiración socialmente compartida, no parece que la actual situación sea acorde con el mandato del Tribunal Supremo ni con el mínimo principio de consenso que sería reclamable a la exposición temporal de símbolos ajenos a los oficiales», abunda la misiva a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
Las feministas consideran que es «absolutamente inaceptable» que la bandera trans esté desplegada en el frontispicio, ya que representa a «un movimiento social minoritario que reclama como derechos la imposición de prácticas opuestas a muchos derechos de las mujeres».
«Las políticas públicas de igualdad deben articularse en base al reconocimiento de la relevancia de la diferencia sexual y sus consecuencias en ámbitos como la violencia, la trata de personas, la explotación sexual o reproductiva, el abuso y aprovechamiento del tiempo de las mujeres, la salud sexual y reproductiva, las brechas en el ámbito educativo, económico, laboral, etc.», zanjan las feministas en su carta a la ministra, a quien solicitan por ello que cumpla la sentencia del TS.
