Sumar estudia presentar otra amnistía para guardias civiles sancionados por sindicarse
El Partido Popular responde al diputado Enrique Santiago que «ahora vamos a hacer leyes de amnistía para los amigos»
Enrique Santiago, diputado de Sumar en el Congreso de los Diputados.
El Gobierno de Pedro Sánchez ya prepara su próxima amnistía, una vez que apruebe la que previsiblemente beneficiará a Carles Puigdemont, a los implicados en el procés y a una generación de políticos catalanes. El próximo capítulo de esta estrategia judicial del PSOE y Sumar la deslizó el diputado de Sumar, Enrique Santiago, durante la reunión de la ponencia de la Comisión de Justicia que se celebró este jueves para debatir las enmiendas a la Ley de Amnistía, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes parlamentarias. En pleno rifirrafe con el Partido Popular, que pedía suspender la sesión tras conocer el informe de los letrados que declara inconstitucional la Proposición de Ley del PSOE, el secretario general del Partido Comunista de España le anunció que no solo no la retirarán, sino que su próximo objetivo es una Proposición de Ley para amnistiar a los guardias civiles que fueron expulsados por reclamar el derecho a sindicarse, prohibido en el Instituto Armado.
Santiago sabía muy bien por qué respondía así a los reiterados requerimientos de los responsables populares para suspender la reunión ante el informe de los letrados de la Comisión. En pleno debate sobre la constitucionalidad, o no, de la Ley de Amnistía, el Gobierno filtró un informe de los letrados del Congreso de los Diputados de 5 de marzo de 2018, en el que recomendaba utilizar la amnistía para este caso de los guardias civiles, que fue impulsado por Podemos en una Proposición de Ley, que no se tramitó.
Este documento le servía a la izquierda para contrarrestar las críticas del Partido Popular y de algunos de los letrados de la Cámara que se manifestaron en contra, durante la anterior legislatura, a la propuesta de ley de amnistía que presentaron y que la entonces presidenta de la Cámara, Meritxell Batet, rechazó. Los partidos de izquierda se preguntaban que si se podía aplicar entonces, por indicación de los letrados, por qué no ahora. El PP le respondió que no son casos similares la amnistía a los responsables del procès que al caso de los guardias civiles.
Los propios letrados aplicaron esta diferencia, pero, en algunos casos fueron revelados a comisiones menores para no tener que pronunciarse, como el caso de Manuel Fernández Fontecha que fue apartado de la Comisión Constitucional por criticar la amnistía. Esta polémica coincidió con la dimisión de Carlos Gutiérrez como letrado mayor, después de nueve años, y su sustitución por Fernando Galindo, afín al PSOE, que ocupaba el cargo de subsecretario del Ministerio de Política Territorial.
Los populares denuncian que «ahora vamos a hacer leyes de amnistía para los amigos. Abierta la veda de los despropósitos vale cualquier caso», por lo que alertan de «la gravedad de la Proposición de Ley de Amnistía porque cada enmienda que se incorpore es peor porque intentan una mayor impunidad, que los jueces tengan menos capacidad, una aplicación más automática».
La Asociación Unificada de la Guardia Civil (AUGC) ya intentó que la Ley de Amnistía pactada con Carles Puigdemont para investir a Pedro Sánchez como presidente del Gobierno incluyera a estos exmiembros de la Benemérita. Este colectivo llegó a enviar el 18 de diciembre de 2023 una propuesta para «el reingreso de los guardias civiles expulsados por defender el derecho fundamental de asociación, en su vertiente de asociación profesional».
La asociación sostiene que en la Proposición de Ley del PSOE sobre amnistía «tiene encaje» y que pondría fin a lo que califican como «deuda histórica con los guardias civiles promotores del derecho de asociación profesional». En este sentido, critican que se mantenga la «anomalía democrática» de no readmitir en la Guardia Civil al sargento primero José Morata, el cabo primero Manuel Rosa o el guardia civil José Carlos Piñeiro, tres de los socios fundadores de AUGC, así como del «agente represaliado Alejandro Álvarez Borja y el resto de compañeros».
