Albares, tras el fallo del Supremo sobre Ceuta: «Intentamos actuar dentro de la legalidad»
El alto tribunal declara ilegal la devolución de los ‘menas’ que llegaron a Ceuta de Marruecos en 2021
El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares. | Gustavo de la Paz (Europa Press)
El ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, ha asegurado que el «Gobierno respeta todas las resoluciones judiciales», en relación a la sentencia del Tribunal Supremo que ha declarado ilegal la devolución de los menores no acompañados que llegaron a Ceuta procedentes de Marruecos en 2021.
«El gobierno, por supuesto, respeta todas las resoluciones judiciales e intenta siempre actuar dentro de la legalidad. Eso es lo que se busca respetando, por supuesto, las resoluciones judiciales», ha argumentado el titular de Exteriores en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.
Albares ha asegurado «estar seguro» de que el Ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, «dará todos los detalles que sean necesarios» este martes en el Congreso.
El Supremo (TS) confirmó este lunes que la devolución de menores no acompañados de Ceuta a Marruecos en agosto de 2021 fue ilegal al considerar que las autoridades españolas actuaron con «absoluta inobservancia» de la Ley de Extranjería e incumplieron el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe las «expulsiones colectivas de extranjeros».
«El retorno de los menores no acompañados en situación ilegal en España no puede basarse únicamente en el Acuerdo entre el Reino de España y el Reino de Marruecos (…) de 2007, sino que debe ajustarse también la legislación española en la materia, especialmente en lo atinente a las garantías procedimentales», ha concluido el tribunal.
Los magistrados han desestimado los recursos de la Delegación de Gobierno en Ceuta y del Gobierno de la ciudad autónoma, quienes alegaron la semana pasada en una vista que las devoluciones tuvieron lugar en el marco de una «auténtica invasión» y que la actuación de España se amparó en el acuerdo firmado con Rabat en 2007, por lo que defendía que no se habían vulnerado los derechos de los menores.
