Los diplomáticos alertan a Albares del «deterioro imparable» de la red consular

La Asociación de Diplomáticos Españoles (ADE), la mayoritaria dentro del Ministerio de Asuntos Exteriores, ha enviado un informe al equipo de José Manuel Albares, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, en el que alerta al ministro del «deterioro imparable» de la red consular «debido a la insuficiencia de los presupuestos para atender el aumento continuo de la demanda de servicios consulares».

El informe, de 19 páginas, describe la «grave situación» por la que pasa la red consular española, compuesta por 86 consulados generales, dos consulados y 92 secciones consulares de embajadas, así como por unos 500 consulados y vice-consulados honorarios. Esta red consular atiende a cerca de tres millones de españoles inscritos como residentes en el exterior en los consulados, así como a más de 20 millones de españoles que se desplazan anualmente al extranjero (por turismo, trabajo, negocios o búsqueda de empleo) y a millones de extranjeros que viajan, residen o tienen intereses en España.

La ADE ha realizado el escrito tras un estudio comparado de las redes consulares de doce países -Francia, Portugal, Japón, Alemania, Países Bajos, Italia, EEUU, Reino Unido, Bélgica, Suiza, Polonia e Israel-. Como resultado de la «infradotación sistemática» de los últimos años, la red consular se encuentra «en pésimo estado», con una falta «aguda» de personal y de medios materiales que ha afectado «gravemente», a juicio de los diplomáticos, a la calidad de los servicios que se prestan a los ciudadanos, «pese al meritorio esfuerzo de todos los empleados públicos de la red por mantener en todo lo posible el nivel de los servicios».

Además, las plantillas fijas de las oficinas consulares se mantienen «prácticamente inalteradas» desde hace veinte años, a pesar de que en ese periodo se ha triplicado el número de españoles residentes en el extranjero inscritos en las oficinas consulares, que ha pasado de algo más de 900.000 a inicios del siglo a los aproximadamente tres millones de la actualidad.

Los diplomáticos advierten de que hay oficinas consulares en las que el personal total se ha reducido. En este sentido, se menciona el consulado en Frankfurt (Alemania), que en 2007 tenía unos 20.000 inscritos y contaba entonces con un cónsul general, cónsul adjunto, canciller, vicecanciller y 17 contratados locales. En 2023 los inscritos son el doble (40.000), pero la plantilla se ha reducido a un cónsul general, canciller y doce contratados locales.

«La falta de nuevas plazas fijas se intenta paliar recurriendo sistemáticamente a contrataciones temporales», prosigue el informe. En los consulados de Buenos Aires, La Habana y México DF, por ejemplo, la tasa de temporalidad se sitúa en la actualidad entre el 50% y el 60%, frente al 8% de la Administración General del Estado (AGE) en su conjunto.

A ello se une que en los servicios centrales del Ministerio de Asuntos Exteriores, un tercio de los puestos están vacantes –467 de 1.373-, en gran parte debido a que los salarios que se ofrecen «no son competitivos» dentro de la propia AGE, como ocurre también «con frecuencia» en el exterior.

En cuanto a las infraestructuras, «numerosas» oficinas consulares se encuentran «en pésimo estado» y están «al límite» de su capacidad física, con problemas de accesibilidad de diverso tipo. Hay un número significativo de centros que «carecen de sistemas de detección y protección contra incendios, no presentan un buen estado de conservación e incumplen la normativa de seguridad e higiene en el trabajo».

A juicio de la ADE, la situación «no sorprende» si se considera que el departamento de Albares dispone apenas de unos 13 millones y medio de euros anuales para mantener más de 500 edificios en todo el mundo, muchos de ellos de carácter histórico. El informe también subraya la «penuria» de personal que aqueja de forma especialmente «aguda» a la subdirección general de Asuntos Patrimoniales, «que tiene cubiertas en la actualidad apenas 19 de 47 plazas».

Respecto a la digitalización de la red consular, existe un «gran atraso». El Registro Civil se sigue llevando «con anotaciones manuales en libros» y las aplicaciones informáticas existentes están «absolutamente desfasadas».Como resultado de ello, «trámites que en condiciones normales deberían tomar unas pocas semanas o meses se alargan muchos meses e incluso años». El consulado de La Habana ha tardado, por ejemplo, más de diez años en procesar las 192.000 solicitudes de nacionalidad que recibió entre 2008 y 2011 por la ley de Memoria Histórica.

La falta de medios afecta también a las tareas ‘diplomáticas’ de los consulados, que van desde las relaciones institucionales a la información política, pasando por la diplomacia pública, el apoyo a las empresas españolas, la promoción de la cultura, la educación y la ciencia españolas. «Nuestros consulados carecen de presupuesto propio para estas actividades y los cónsules no disponen de gastos de representación. Los consulados españoles tampoco cuentan con personal específico para estos cometidos, a diferencia de muchos países de nuestro entorno», se hace hincapié.

Ante este «imparable deterioro» de la red consular, la ADE identifica dos cuestiones «estructurales» para las que es «preciso» encontrar soluciones de largo plazo: una financiación sostenible de la red consular y la mejora del régimen legal y salarial del personal contratado localmente.

Respecto a la financiación, los diplomáticos proponen analizar la posibilidad de que la totalidad o una parte sustancial de los «cuantiosos» ingresos generados por la red consular -unos 120 millones de euros en 2019- reviertan a Exteriores para el mantenimiento y mejora de la red consular, como ocurre en otros países.

Incremento de las tasas consulares

También se plantea estudiar un aumento de las tasas consulares, que son «con diferencia» las más bajas de todos los países objeto del estudio comparado. España cobra, por ejemplo, una tasa de 30 euros para la tramitación de un pasaporte, frente a 96 euros en el caso de Francia, 75 en Portugal o 117 en Italia. Además, nuestro país no cobra servicios consulares que sí tienen tasa en otros países, como la expedición de salvoconductos o los trámites de nacionalidad. Italia cobra hasta 300 euros por estos expedientes y un 30% de la tasa se retiene en la red consular.

En materia de personal, es «urgente» la actualización de los salarios en los servicios centrales del ministerio y los del personal local contratado -el colectivo PLEX-, en todos aquellos puestos en el exterior en los que están por debajo del mercado local. Además de lo anterior, «es preciso dar respuesta a las otras reclamaciones del colectivo PLEX respecto a su régimen laboral», se incide en el informe.

En paralelo, debe revisarse el modelo de contratación y creación de nuevas plazas, «que es por sí mismo origen y causa de muchos de los problemas existentes», y a juicio de la ADE, deben aumentarse las plantillas de las oficinas consulares que lo necesitan con personal fijo, «acabando con el recurso sistemático a refuerzos temporales para atender necesidades permanentes».

Por último, se propone elevar a rango de Secretaría de Estado o, en su defecto, de Secretaría General, a la actual Dirección General de Españoles en el Exterior y Asuntos Consulares, «lo que no sólo tendría una fuerte carga simbólica para los tres millones de españoles en el exterior, que pronto serán cuatro, sino también efectos prácticos muy positivos para la gestión de la red consular, para la interlocución con otros actores dentro y fuera de la Administración y para el servicio que se presta a nuestros ciudadanos en el extranjero».

Exteriores se prepara para un «enorme incremento» del número de españoles inscritos en sus consulados, el citado millón de personas, debido a las disposiciones de nacionalidad dentro de la ley de Memoria Democrática. Este «aumento drástico» entraña el riesgo «a corto plazo de colapso» para muchas oficinas consulares, entre ellas «gran parte» de los mayores consulados.

«El objetivo debe ser elaborar en un plazo de tiempo lo más breve posible un Plan de Acción Consular, que cuente con un amplio consenso y que recoja propuestas concretas, factibles y presupuestadas y un calendario de implementación de las medidas acordadas», concluye la ADE.