El interventor del Congreso renuncia a su cargo al no confiar en el letrado mayor, afín al PSOE
Luis de la Peña cree que Fernando Galindo «es un miembro del Gobierno que viene a ejercer de secretario general»
El Letrado Mayor del Congreso de los Diputados, Fernando Galindo. | Europa Press
Más salidas en las Cortes. El interventor general del Congreso de los Diputados, Luis de la Peña, ha renunciado a su cargo enviando un escrito al secretario general, Fernando Galindo, afín al PSOE. El argumento que justifica su salida es que «no puede seguir ejerciendo un cargo de responsabilidad bajo la directriz del secretario general cuando no confía en su nombramiento y se ha quebrado el propio principio de su nombramiento y de servicio de la Cámara en cuando a las designaciones», según ha adelantado La Razón y ha podido confirmar THE OBJECTIVE con fuentes parlamentarias.
Estas fuentes indican que «para él, es un miembro del Gobierno que viene a ejercer de secretario general de la Cámara», una condición por la que, en opinión del ya exinterventor, no debería participar ni en la elaboración de la amnistía ni en otra serie de políticas directamente dependientes del Ejecutivo. Es más, Luis de la Peña, que también es letrado de las Cortes, «se lo ha dicho a la cara» a Galindo. «Es socialista de toda la vida», concluyen estas mismas fuentes, apuntando que se trata de un discípulo de Gregorio Peces Barba.
La de De la Peña es la última de las múltiples bajas que se están produciendo en la Secretaría General del Congreso y que se explica por los diferentes perfiles y experiencia que tienen Galindo y su predecesor, Carlos Gutiérrez, que dejó el cargo en el momento en que se habían constituido las Cortes surgidas de las elecciones generales del 23 de julio y con la elección como presidenta de la Cámara Baja de la diputada socialista Francina Armengol.
Detrás de esta decisión no había vínculo alguno con la amnistía, porque el propio Gutiérrez llevaba ya mucho tiempo con voluntad de salir de ese cargo. Sin embargo, Galindo procede del Gobierno de Pedro Sánchez, donde fue director general de Cooperación Autonómica y Local hasta 2023, cuando asumió la subsecretaría de Política Territorial. Un pasado que chocaba frontalmente con la tradición no escrita de este cargo, en el que se exige que el candidato aporte una experiencia fuera de todo cuestionamiento y con una amplia trayectoria en la Cámara.
De hecho, el nombramiento de Galindo causó estupor en el Cuerpo de Letrados, formado por unos 50 funcionarios repartidos entre el Congreso y el Senado. La indignación llegó también en los grupos políticos. El PP lo consideraba un «escándalo» y sostenía que el nuevo letrado mayor de la Cámara baja era el brazo armado de Pedro Sánchez en su estrategia de blanquear la ley de amnistía que ha pactado con Carles Puigdemont.
