Moncloa asume las tesis de Junts y presiona a García-Castellón: «Tsunami no es terrorismo»

Un acuerdo más sobre la campana, in extremis, y cumpliendo con los cánones de incluir exactamente lo contrario que hasta hace 24 horas prometían Gobierno y PSOE. El Ejecutivo niega públicamente este nuevo giro de 180 grados en el acuerdo con Junts y ERC sobre las cuestiones relativas al terrorismo —«línea roja», según dijeron varios ministros— en la ley de amnistía. Pero en privado, sólo lo hace a medias. Fuentes socialistas admiten que los delitos ‘leves’ de terrorismo sí serán amnistiados, siempre y cuando no supongan una vulneración grave de los derechos humanos ni demuestren una «intención clara». Una vuelta de tuerca más a la que cedió este martes el PSOE, asumiendo los postulados de Junts, que no de ERC, en relación a que la ley de amnistía, conforme a su redacción inicial, podría no beneficiar a Carles Puigdemont.

La nueva cesión, que permite que los delitos de terrorismo se cuelen por el filtro de la ley de amnistía, blinda aún más a Puigdemont, según la versión del propio Gobierno, incluso en el supuesto de que sea finalmente juzgado por terrorismo en la investigación sobre Tsunami Democràtic y los CDR: «Está amnistiado porque no es una violación grave de derechos humanos». Fuentes socialistas auguran que así será, aunque ponen la pelota en el tejado del juez que instruye el caso, Manuel García-Castellón: «Ahora depende del juez competente», que tendrá que decidir si Puigdemont es juzgado por un delito grave de terrorismo «tal y como lo conocemos todos nosotros». En otras palabras, homologable a un delito de sangre. 

«Es una verdad como un templo»

Esta es una forma de presionar al magistrado que la semana pasada estuvo en el blanco de la diana de la vicepresidenta tercera del Gobierno, Teresa Ribera, quien acusó a García-Castellón de tener la «querencia de actuar con una tendencia política importante en momentos sensibles». Unas palabras que generaron un tsunami político que el Gobierno quiso frenar con el silencio como único dique de contención. Pero, como señala el refranero, quien calla otorga, y en privado el Ejecutivo sólo criticó que Ribera cometiera el desliz de decir en público una «verdad como un templo» que aconseja guardarse para el ámbito privado.

Por eso, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, evitó cometer el mismo error este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros y rehusó contestar a la pregunta expresa de si consideraba terrorismo los hechos juzgados por García-Castellón: «Me pregunta por un procedimiento judicial concreto, específico, y le respondo diciendo que hay un procedimiento judicial que se está sustanciando en ese momento, y hay distintas opiniones jurídicas porque el juez de instrucción esta tomando determinadas actuaciones judiciales y el ministerio fiscal considera que no existe delito de terrorismo y lo ha recurrido. Por tanto, estamos pendientes de que resuelva la sala de lo penal de la Audiencia Nacional». 

«No ha habido terrorismo en Cataluña»

Según las fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, un amplísima mayoría del Gobierno y el PSOE suscribe las palabras de Ribera que, a su vez, asume las tesis de los independentistas. «Si el juez quiere llamar terrorismo a una sentada, pues nosotros decimos que esto no es terrorismo y lo podemos defender en cualquier parte. Terrorismo es secuestrar, poner una bomba, asesinar. No ha habido terrorismo en Cataluña», señalan fuentes de Moncloa en referencia a la imputación sobre Puigdemont como instigador y organizador de las protestas de Tsunami Democràtic y los CDR que, en la paralización del aeropuerto de El Prat, provocó la muerte de un turista por un infarto. 

«Si un señor que hizo una sentada que provocó un infarto el juez considera que es terrorismo, ese señor será amnistiado, seguro que sí», explican estas fuentes, porque se trata de un caso ‘leve’ y no una vulneración de los derechos humanos cometida con una intencionalidad «clara». Con esta afirmación entre bambalinas de Moncloa, el Ejecutivo quiere mandar claro el mensaje al juez instructor de que será difícil que Puigdemont no se beneficie de la ley de amnistía, salvo que García-Castellón le impute por delito grave de terrorismo, algo que no creen que pueda ocurrir: «El juez tendrá que determinar en qué acaba eso y si es terrorismo. Y si ha determinado que es terrorismo, si es delito grave, es decir, que le acusan de 20 años y le señalan de organizador». 

El Ejecutivo intenta ponérselo difícil al instructor, presionarle para que desista de su imputación, ratificada el pasado viernes. Porque lo que denuncia Moncloa es que «los jueces están intentando parar esto, la amnistía». El Ejecutivo aguanta el pulso y redobla la apuesta en su tramitación parlamentaria que prevé concluir en el mes de abril. De momento, superado el trámite en comisión, el dictamen se elevará a pleno —previsiblemente el día 30 de enero—, para su aprobación en el Congreso, previo paso al Senado.