El número uno de Sumar por Pontevedra fue condenado a prisión por desórdenes y daños
Un tribunal condenó en 2012 a Ramón Sarmiento, quien pagó una multa para cumplir con la pena
Ramón Sarmiento. | Europa Press
El secretario general de Comisiones Obreras en Galicia entre 2017 y 2021 y cabeza de cartel de Sumar por la provincia de Pontevedra en las elecciones gallegas del 18-F, Ramón Sarmiento Solla, fue condenado por los delitos de desórdenes y daños a seis meses de prisión el 30 de mayo de 2012, bajo la acusación de ocupar la estación marítima de Vigo durante la huelga del metal en 2009.
El dirigente de Sumar era el responsable comarcal del metal dentro de CCOO. Junto a Antolín Alcántara, responsable de negociación colectiva de la Confederación Intersindical Galega (CIG), trató de ocupar la Estación Marítima de Vigo, llegar al muelle y entrar en el crucero Independence of the Seas, que estaba atracando en aquel momento. En el juicio, que tuvo que ser pospuesto porque se concentraron un centenar de personas, alegaron que el grupo de manifestantes acudió allí para refugiarse de las cargas policiales.
En un principio, el fiscal pidió cuatro años para Sarmiento, Alcántara y la responsable de prensa de la CIG. Cuando se celebró la vista, el 15 de mayo de 2012, decidió reducir a prácticamente la mitad las penas que había solicitado para los dos sindicalistas y retiró la acusación a la tercera procesada. En las imágenes mostradas a la docena de testigos que declararon en el juicio, no se vio quiénes fueron las personas que causaron los daños a la puerta de cristal de acceso a la Estación Marítima, que estaba cerrada y que fue fracturada para poder entrar.
Alcántara y Sarmiento -este último sólo contestó a las preguntas de su abogado- afirmaron que la intención inicial era concentrarse en la explanada ante el centro comercial A Laxe para hacer visible el conflicto del metal ante los turistas. Sin embargo, mantuvieron que la manifestación quedó cortada en dos, que se produjo una carga policial a la altura de la calle Cánovas del Castillo y que el grupo que estaba delante fue a cobijarse en la Estación Marítima para evitar ser alcanzado por la carga.
Además, Sarmiento destacó que «en ningún momento hubo actitudes violentas» por parte de los manifestantes que ocuparon el edificio y rechazó que, a la hora de negociar con la Policía la salida de las instalaciones, se diera ninguna orden a los manifestantes que había en la calle con respecto al lanzamiento de objetos contra las fuerzas de seguridad.
Tras realizar el visionado de las imágenes y escuchar el testimonio de los policías, guardias civiles y reporteros gráficos que comparecieron en la sesión, la Fiscalía decidió retirar la acusación para Z.G.P. por tratarse de una «periodista» que estaba ejerciendo sus cometido profesional y entró en las instalaciones más tarde que los manifestantes, no estando desde el primer momento de la ocupación. Así, la jueza avanzó que la joven quedaba absuelta.
En cuanto a Alcántara, el fiscal redujo su petición de pena de cuatro años de prisión y una multa de 18 meses a razón de 15 euros diarios a dos años y medio de cárcel -un año y medio por desórdenes y un año por daños- y una sanción de 12 meses a razón de 15 euros por día.
En lo que se refiere Sarmiento, la solicitud de pena de cárcel quedó reducida a la mitad -un año por desórdenes y otro por daños- y la multa a razón de 15 euros diarios pasó de una duración de 18 meses a 15. El Ministerio Público destacó que tuvo una mayor rebaja que Alcántara porque su participación fue menor, pues no entró en la zona de control portuario.
El representante de la Fiscalía consideró que los sindicalistas «lo tenían planeado» y que «en ningún momento» se les vio intención del ir al centro comercial o quedar en la explanada: «Afortunadamente hubo ‘cabeciña’ y no entraron en el muelle y en el crucero», apuntó el fiscal, destacando que el normal funcionamiento de las instalaciones quedó perturbado con la intrusión de los sindicalistas. Asimismo, mantuvo que al tratarse de «dirigentes sindicales», iban «dirigiendo a la masa», por lo que «toda la responsabilidad es de ellos».
CCOO anunció que recurriría
Pese a que en un principio el sindicato CCOO anunció que recurriría la condena, Alcántara admitió que quedó satisfecho con el juicio porque esperaba «una condena mayor» en su contra: «Esperaba un castigo mayor teniendo en cuenta la creciente criminalización del movimiento obrero», afirmó.
«Es muy grave que se condene a penas de prisión a dos dirigentes sindicales por entrar en un edificio público huyendo de una carga policial», mantuvo el sindicalista. Finalmente, se acordó para ellos la sustitución de las penas de prisión por una multa, que ambos pagaron y que sirvió para el cumplimiento de sus respectivas condenas. El carpetazo de la causa se produjo el 30 de mayo de 2013, según fuentes judiciales consultadas por THE OBJECTIVE.
