Robles encuentra una salida para el general que ha estado dos años sin pisar su despacho
Alfonso Barrada es el único general auditor en activo y sin destino para entrar en el Tribunal Militar Central
La ministra de Defensa, Margarita Robles. | Foto: EP
La parálisis del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha dado una oportunidad a la ministra de Defensa, Margarita Robles, para encontrar una salida al espinoso caso del general auditor Alfonso Barrada, ascendido hace dos años y medio para facilitar su entrada en la presidencia del Tribunal Militar Central y que, ante la falta de renovación del órgano de los jueces, ha estado todo este tiempo en la Asesoría Jurídica General de la Defensa sin destino alguno.
El CGPJ publicó este martes la lista de vacantes a cubrir dentro de la justicia militar en comisión de servicio -por el plazo de un año-. En total, 11 plazas. La más importante es la de vocal togado en el citado Tribunal Militar Central, a la que se podrá presentar cualquier general auditor en servicio activo. Y el único que está en esa situación y sin destino en estos momentos es Barrada, desvelan fuentes militares a THE OBJECTIVE, por lo que estiman que ese puesto ya tiene dueño.
La decisión del órgano de los jueces de convocar estas plazas el pasado 24 de enero, con el fin de cubrir con suplentes profesionales algunas vacantes en la jurisdicción militar, pilló completamente por sorpresa a Defensa, que desconocía este paso por parte del CGPJ. Nada más conocerse la noticia, fuentes jurídicas plantearon la posible ilegalidad de la medida.
Mariano Casado, ex secretario general de la Asociación Unificada de Militares (AUME) y actual presidente del Observatorio de la Vida Militar -un órgano colegiado de carácter asesor y consultivo adscrito a las Cortes Generales-, lanzó una pregunta que se hacían muchos miembros del Cuerpo Jurídico Militar sobre las consecuencias de lo planteado por el CGPJ y este martes abundó en la misma línea al cuestionar la independencia de estos jueces ‘temporales’.
Robles pidió un informe a su asesoría jurídica sobre la legalidad del acuerdo del CGPJ, según reveló este periódico, si bien Defensa dio finalmente su visto bueno a esta iniciativa con la que insufla algo de aire a los tribunales militares. Y de rebote, coloca a Barrada en el Tribunal Militar Central antes de dar el salto a la Sala Quinta del Tribunal Supremo.
La situación de este general auditor había provocado enorme malestar dentro del Cuerpo Jurídico Militar porque su ascenso en junio de 2021 se hizo sin una vacante que ocupar y penalizando a otros coroneles. Fue un destino «ficticio» que desveló el digital Fuentes Informadas en marzo del año pasado, con el agravante de que no se pasaba por la Asesoría Jurídica General, en la sede del Ministerio, sino que acudía a un despacho del Juzgado Togado Militar Territorial número 2 sin estar allí destinado.
A raíz de conocerse esta irregular situación, prolongada durante dos años en los que Barrada mantuvo intacto su sueldo «sin dar palo al agua», en palabras de un compañero suyo, Robles ordenó que se le buscase un despacho en la cuarta planta del ministerio, donde está el máximo órgano en el ámbito del asesoramiento jurídico de Defensa.
La Comisión Permanente del CGPJ acordó a finales de enero convocar comisiones de servicio entre miembros del Cuerpo Jurídico Militar para paliar la crisis de vacantes en los órganos judiciales militares, donde falta por cubrir más de la mitad de los puestos. El objetivo es que a través de estas comisiones de servicios se pueda nombrar el número de vocales togados suplentes necesario para garantizar «el correcto funcionamiento» del Tribunal Militar Central, los Tribunales Militares Territoriales y los Juzgados Togados Centrales.
El órgano de los jueces dio este paso en base a dos informes donde el Tribunal Militar Central alertó sobre la carga de trabajo en los órganos de la jurisdicción militar y sobre las plazas judiciales militares con necesidad de cobertura urgente. En la actualidad hay 22 vacantes, de las 42 plazas judiciales militares, por lo que esta situación podría abocar no solo a la ralentización de la justicia militar sino a su «paralización», advirtió el CGPJ en un comunicado.
En concreto, en el Tribunal Militar Central están vacantes el 100% de las plazas (cinco); en los Tribunales Militares Territoriales, el 65% -de las 26 en total, hay nueve cubiertas y 17 vacantes-. De los 16 Juzgados Togados Militares, están cubiertas 11 y cinco están vacantes (31,2%) pero durante el primer semestre de este año se producirán dos ascensos que provocarán el cese de los jueces afectados. En cuanto a los dos Juzgados Togados Centrales, quedarán los dos vacantes el próximo 17 de febrero, fecha en la que pasará a la reserva el coronel auditor titular del Juzgado Togado Central número 2, que actualmente actúa por sustitución en el número 1.
El caso del fiscal jefe Pozo Vilches
En paralelo, el CGPJ rechazó el intento del fiscal jefe de la Sala de lo Militar del Tribunal Supremo, Juan Antonio Pozo Vilches, de postularse como candidato a una de las plazas vacantes en dicha sala antes de que pase a retiro el próximo 20 de febrero por su condición de militar, según desveló THE OBJECTIVE.
Pozo Vilches es general consejero togado del Cuerpo Jurídico Militar desde 2018. En mayo de 2020 tomó posesión del cargo de fiscal jefe de la Sala Quinta del Tribunal Supremo en un acto en el que estuvo acompañado por la entonces fiscal general, Dolores Delgado, y que tuvo la particularidad que ser el primero que se celebraba de forma virtual entre el Supremo y la Fiscalía General por culpa de la pandemia del coronavirus.
Este fiscal jefe envió recientemente una solicitud al CGPJ en la que pedía que se publicasen las convocatorias de las dos vacantes para el turno jurídico-militar que existen en la actualidad en la Sala de lo Militar del Supremo. Y si no era posible esa vía, que al menos se le reconociese el derecho a participar en las futuras convocatorias «cualquiera que sea la situación administrativa que tenga en ese momento». Con ello quería blindar sus opciones a ocupar uno de los puestos sin dueño en la Sala Quinta del Alto Tribunal.
Sin embargo, el CGPJ tumbó ambas vías el pasado 11 de enero con el argumento de que se encuentra en funciones y «tiene limitadas sus atribuciones en los términos del artículo 570 bis de la ley orgánica 6/1986 del Poder Judicial», fruto de la propia norma del Ejecutivo de Pedro Sánchez, aprobada en marzo de 2021, que cercenó esta potestad mientras dure la interinidad en la que se encuentra.
La segunda plaza en el Tribunal Militar Central que ha sacado el CGPJ este martes en comisión de servicio es para generales togados en activo o la reserva, pero Pozo Vilches pasa a retiro en dos semanas, por lo que los candidatos a ocupar ese puesto son Francisco Luís Pascual Sarría y Jerónimo Domínguez Bascoy.
