Procesan a una teniente coronel médico por contratar de celadora a su profesora de inglés
La Fiscalía militar pide dos años y ocho meses de cárcel para la oficial y que devuelva 104.013,43 euros al Estado
Fachada del hospital militar Gómez Ulla en la que la teniente coronel contrató a su profesora de inglés. | Europa Press
El Juzgado Togado Militar Central número uno ha procesado a la teniente coronel médico Ruth Obregón por dos delitos contra el patrimonio en el ámbito militar y extralimitación en el ejercicio del mando durante su etapa como jefa de Personal dentro del Hospital Central de la Defensa ‘Gómez Ulla’. La Fiscalía pide dos años y ocho meses de cárcel contra ella y una condena económica de 104.013,43 euros por contratar durante seis años como celadora en el centro hospitalario a la profesora de inglés de su hijo, según se indica en el escrito de acusación del Ministerio Público al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE.
El escrito data del pasado 17 de noviembre y en él se enumeran los «hechos susceptibles de reproche e imputables» a esta oficial cuando se celebre el juicio, para el que aún no hay fecha debido a la parálisis de la Justicia militar. La defensa de Obregón hace hincapié a este diario en que se trata de una «causa prospectiva» contra ella y adelanta que volverá a reclamar la absolución de su cliente cuando se celebre la vista.
La fiscal señala que la militar «realizó toda una serie de conductas extramuros de los cauces legales permitidos aprovechándose del destino que ocupaba» en el Gómez Ulla. En primer lugar, relata la mencionada contratación de la profesora de inglés de su hijo -G.A.Z- como celadora desde 2014 a 2020, mediante contratos que se fueron concatenando hasta que la sustituta de Obregón, la teniente coronel Eva Gálvez, la localizó un día «toda vez que había oído hablar de ella pero nunca la había visto en el hospital». A raíz de esta indagación, G.A.Z remitió de inmediato un correo electrónico al Gómez Ulla en el que renunció al puesto de trabajo ese mismo día, alegando para ello «motivos personales».
La coronel auditor del Tribunal Militar Central subraya que esta profesora «estuvo en nómina como celadora» desde el 1 de julio de 2014 hasta el 29 de febrero de 2020, «pese a no ocupar puesto alguno en el hospital; ni poseer claves para acceder a los sistemas ni correo corporativo; ni tener una jornada laboral; ni acudir al hospital» durante esos seis años.
G.A.Z recibió, por tanto, un sueldo sin pisar el Gómez Ulla con el agravante de percibir «de forma indebida, todos los meses, además del salario, el complemento de noches». Por ello, la fiscal exige que se reclame a la procesada lo abonado por el hospital a esta persona en concepto de responsabilidad civil y que proceda a la «restitución al Estado» de esos más de 100.000 euros. La defensa de Obregón replica que las partes no han tenido acceso a las nóminas durante la instrucción pese a las reiteradas peticiones en este sentido, aunque la propia fiscal indica en su escrito que se requiera al hospital dicha lista antes de la primera audiencia.
Hay una segunda contratación «irregular» en el escrito de acusación, la de la hermana de la encausada, quien pasó «de personal estatutario temporal» a indefinida en poco más de un año «en virtud de distintos nombramientos». Se trata de la doctora Patricia Obregón, quien empezó también en 2014 con un primer contrato de seis meses «arguyéndose necesidades urgentes del servicio en relación al screening prenatal, técnicas inmunológicas de rastreo y diagnóstico preventivo de tumores». Si bien tenía la titulación requerida, la fiscal militar cuestiona la forma en la que luego consiguió una plaza indefinida en el Gómez Ulla un año después.
Primero hubo un convocatoria de la misma, que «se publicitó mediante un papel» colgado durante seis días en el pasillo de Recursos Humanos con las exigencias para ocupar de forma temporal el puesto en la unidad de alto nivel de aislamiento (NBQ). Solo hubo dos candidatas, la hermana de la jefa de Personal y «una enfermera que no cumplía ninguno de los requisitos exigidos». Una vez conseguida la plaza al no tener rival, le jefa de Personal firmó en noviembre de 2015 un escrito dirigido a un superior, el subdirector general de Personal Civil, en el que «unilateralmente» modificó las condiciones del contrato de su familiar directo para que quedase «de forma indefinida en el Hospital Central de la Defensa».
La fiscal incide en las «irregularidades detectadas en el régimen de nombramientos del personal estatutario temporal», en la que la acusada hizo uso «de criterios muy personalizados y alejándose de las disposiciones reguladoras de este tipo de materia» en su condición de jefa de Personal. Tras ello, entra de lleno en «la ausencia frecuente de su puesto de trabajo», así como el «incumplimiento» del horario estipulado «muchos de los días en que sí que acudía al hospital».
La responsable de Recursos Humanos del Gómez Ulla se amparó de inicio «en una flexibilidad horaria» y después, al comprobar que no era cierto, «en una reducción de jornada por hijo con discapacidad sin disminución de reducciones». Cuando el entonces director del centro hospitalario, el general Miguel Fernández Tapia-Ruano, le requirió la autorización por escrito de ello, la procesada respondió que «en realidad no la tenía, pues nunca la había solicitado, pero que había llegado a acuerdos verbales con anteriores directores del hospital», aunque todos ellos negaron tal extremo en sus interrogatorios durante la fase de instrucción.
La defensa de la teniente coronel incorporó una copia de una resolución de noviembre de 2016, «sin número de referencia», que estaba firmada por el predecesor de Fernández Tapia-Ruano, el general Fernando Jordán, y en la que supuestamente se concedía a Obregón la reducción de la jornada laboral «al menos un 50% y con retribución íntegra por un hijo con enfermedad grave hasta que el menor cumpla los 18 años».
Posible falsificación de la firma
Sin embargo, el Gómez Ulla no tiene en sus archivos «acuerdo alguno» a favor de la acusada, «ni solicitud de la petición de la concesión de reducción», puntualiza la coronel auditor. En el área de Relaciones Laborales tampoco aparece «ningún expediente ni solicitud» que acredite esa resolución de Jordán, por lo que sugiere que se trata de un documento en el que se falsificó la firma del director del hospital.
Obregón está destinada, en la actualidad, como oficial médico en la cárcel militar de Alcalá-Meco, la única en territorio español para miembros de las Fuerzas Armadas. Fuentes militares muestran su sorpresa a este periódico ante el hecho de que no haya sido apartada tras el auto de apertura de juicio oral contra ella y sugieren que está «protegida» por la actual subsecretaria del Ministerio de Defensa, Adoración Mateos, quien previamente fue directora general de Personal dentro del departamento de Margarita Robles.
