Sin sanciones a los UIP por mal uso del material antidisturbios desde que Sánchez gobierna
Decenas de agentes han sido imputados por su actuación en el 1-O bajo el Ejecutivo de Rajoy
Pedro Sánchez | Alejandra Svriz
El director general de la Policía, Francisco Pardo Piqueras, ha confirmado a una pregunta realizada a través del Portal de Transparencia por el abogado Guillermo Rocafort que «no existe ninguna sanción por el mal uso del material antidisturbios desde el año 2018»; fecha en la que Pedro Sánchez tomó el mando del Ejecutivo tras satisfactoria moción de censura a Mariano Rajoy.
Respecto a si se llevan a cabo test antidroga a los miembros de la UIP, cuestión también planteada por el abogado Rocafort, la Policía informa sin especificar los resultados en términos de porcentajes que «se realizan muestras biológicas para el análisis de detección de drogas terapéuticas no justificadas independientemente del puesto que ocupen».
El abogado activista, que se ha implicado en algunas de las sanciones a manifestantes durante los «días más negros» de Ferraz, considera que estas respuestas son «insatisfactorias»: «La ausencia de sancionados en la UIP desde 2018 amerita que Sánchez Castejon está creando un contexto de máxima impunidad policial donde no se depuran internamente los abusos de las UIP y donde se alimenta la violencia policial contra los disidentes políticos», ha asegurado ejemplificando lo ocurrido en la calle Ferraz desde el de noviembre.
«En cuanto al asunto de control de drogas, es evidente que no es lo mismo el trabajo de la UIP que el que se realiza detrás de una mesa y sobre una silla, tanto en términos de estrés como de riesgo, por lo que se sobreentiende que los controles deberían aplicarse más concienzudamente en estos últimos», ha explicado insistiendo que el objetivo debe ser evitar reacciones violentas desmedidas que en ocasiones sólo estarían justificadas «por la sobreestimulación ilegal» de los agentes.
El uso de drones en Ferraz
Respecto al uso de drones, que se han visto en los alrededores de Ferraz desde que se iniciaron las protestas contra la ley de amnistía, Rocafort había solicitado a través de Transparencia datos como quién es el responsable, cuál es la marca y su coste o cuántos días lleva sobrevolando la sede socialista.
En este caso, tal y como ha podido conocer este diario, la Policía ha denegado responder a estas cuestiones alegando que «el conocimiento de medios y técnicas operativas empleadas en los distintos servicios policiales constituye un factor determinante de su capacidad operativa cuya divulgación podría suponer un riesgo real para la integridad de los mismos y anular su eficacia».
Por este motivo, Rocafort asegura que la Policía ha reconocido la filmación de manifestantes con estos dispositivos: «Podrían estar cometiendo infracciones penales o administrativas», ha añadido. Por último, ha pedido una «democratización real» de la Policía, señalando que en la actualidad está siendo utilizada como «fuerza represiva» por parte del PSOE: «Pido también una mayor transparencia y depuración interna de sus miembros más alejados de la Ley, al objeto de intentar así recobrar el prestigio y respeto que antes tenían frente a los españoles y que ahora evidentemente han perdido y, así, no van a recuperar», ha concluido.
Decenas de agentes han sido imputados tras el 1-O de 2017
Pese a que los sucesos acontecidos durante el procés se remontan al 1 de octubre de 2017 -con Rajoy en el Ejecutivo- y muchos policías han intentado olvidarlo, hace unas semanas el juez Francisco Miralles concluyó la instrucción sobre las cargas policiales durante el referéndum ilegal y decidió sentar en el banquillo a 45 policías, a quienes acusa no solo de un delito de lesiones, sino también de torturas.
De ser condenados por este último, supondría su expulsión inmediata del Cuerpo. «Esto es lo que quieren, es a lo que juegan, a condenarnos psicológicamente mientras avanza el proceso judicial, aunque seamos después absueltos. Ya han pasado cinco años, ahora quedan por delante al menos otros 15 imputados por esos delitos, entre instancias y recursos, hasta que todo llegue al Tribunal Supremo», confesaron fuentes policiales.
«Estamos machados psicológicamente, nos sentimos derrotados. Esta batalla ya la han ganado ellos. Aquel día, el ministro popular —Juan Ignacio Zoido— nos dijo que ese era el servicio más importante de la democracia, que debíamos trabajar por la integridad territorial de España. Ni unidad, ni leches», aseguraron lamentando que les hubiesen dejado tirados.
