La Fiscalía Europea requiere a la Audiencia Nacional que le remita todo el 'caso Koldo'
La querella afirma que tres de los seis contratos adjudicados a la trama estaban (co)financiados por fondos europeos
El exasesor del exministro José Luis Ábalos, Koldo García. | Europa Press
La Fiscalía Europea ha solicitado este jueves al Juzgado Central de Instrucción numero 2 de la Audiencia Nacional la copia de la querella interpuesta por la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada por las posibles irregularidades vinculadas a contratos de suministro de mascarillas durante la pandemia, el llamado caso Koldo.
El objeto de las Diligencias de Investigación es la posible comisión de los delitos de prevaricación, negociaciones prohibidas a los funcionarios, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos que hubieran podido producirse en las adjudicaciones de Soluciones de Gestión por parte de diversas autoridades estatales y de Comunidades Autónomas. Por el momento, la Fiscalía Europea asegura conocer que tres de los seis contratos adjudicados a la empresa Soluciones de Gestión están financiados o cofinanciados con fondos europeos.
Es más, en el mismo Decreto se establece que «en el curso de la investigación» se detectó que la empresa Soluciones De Gestión «había sido adjudicatoria de al menos seis contratos más en concepto de material sanitario por el Servicio de Salud de Illes Baleares, del Servicio Canario y del Ingesa». En este sentido, se incide que tanto el contrato balear como el canario fueron cofinanciados con cargo a fondos FEDER.
Según la información remitida por la Subdirección General de Gestión de FEDER, «distintos organismos del Sistema Portuario Español han justificado un total de 1.631.132,53 euros para la adquisición de mascarillas durante el período de reestricciones de la covid para su financiación a través del Fondo Solidario».
La Fiscalía Europea solicitó información desde abril de 2023
El 20 de abril de 2023, la Fiscalía Europea ya solicitó a Anticorrupción información sobre los hechos que se estaban investigando y los posibles delitos relacionados con cada uno de los contratos. El órgano europeo aclara que recibió copia de los expedientes referidos a Islas Baleares y del Servicio Canario de Salud, pero «no se acompañaba más documentación a la referida a la solicitud y entrega de dichos expedientes».
En un informe del Jefe de la Unidad de Apoyo de la IGAE del 12 de julio de 2022, que no se remitió a la Fiscalía Europea, consta que el pago del pedido de mascarillas FFP2 se hizo por Adif, indicando que «la entidad disponía de presupuesto suficiente» para dicho pago. Sin embargo, en el anuncio de la adjudicación del contrato el 25 de mayo de 2020 se indica que «el contrato refiere a un proyecto financiado con fondos de la Unión Europea». «Cofinanciado por el FEDER a través del PO Plurirregional de España 2014-2020».
El decreto del órgano fiscal europeo detalla los precedentes del caso, comenzando por la presentación el 20 de junio de 2022 de una denuncia por parte del número dos de Isabel Díaz Ayuso, Alfonso Serrano, referida a varias empresas, entre ellas, Soluciones de Gestión y Apoyo a Empresas SL, por «las presuntas irregularidades vinculadas a contratos de suministro de mascarillas» durante la pandemia.
En concreto, respecto a esta sociedad, los contratos relacionados en la querella eran tres: el primero, sobre la contratación para el suministro de mascarillas profilácticas por un valor de 24.200.000 euros el 21 de marzo de 2020, por la Presidencia del Organismo Público Puertos del Estado y del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana. El segundo, por la adquisición de cinco millones de mascarillas FFP2 por Adif y, de nuevo, por el Ministerio que dirigía José Luis Ábalos, el 27 de marzo con un valor de 12.500.000 euros. Y el tercero, por la compra de material de protección para el personal de la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, por la Subdirección General de Gestión Económica y Patrimonial del Ministerio del Interior el 20 de abril de 2020 por 3.479.355 de euros.
«En fecha 23 de junio de 2022 se dictó decreto de inicio a efectos de verificación con objeto de determinar la posible competencia de la Fiscalía Europea en relación a los hechos denunciados», asegura el procedimiento, que busca conocer «si en alguno de los contratos constaba una posible (co)financiación por parte de la Unión Europea». Por tanto, el 4 de julio de 2022 se presentó la denuncia «tras conocer que alguno de los contratos adjudicados por el Gobierno de España podían haber sido financiados con fondos europeos».
Además, «la Secretaría General de Fondos Europeos comunicó el 11 de agosto de 2022 que, respecto a la empresa Soluciones de Gestión SL, si bien no existían coincidencias con los contratos referidos en el oficio de la Fiscalía Europea ni constaba ningún contrato COVID declarado en el marco del Programa Operativo Plurirregional 2014-2020 cuyo importe coincidiera los importes señalados por la Fiscalía Europea», apunta el procedimiento, que confirma que la sociedad «sí constaba en las Bases de Datos referidas a los programas operativos FEDER Illes Balears 2014-2020 e Islas Canarias 2014-2020».
Para ello, se ha acordado realizar comprobaciones en fuentes abiertas y, en concreto, en el portal de contratación del Estado las condiciones de contratación. En relación con el expediente segundo denunciado por Alfonso Serrano, en la adquisición de mascarillas FFP2 por el Ministerio de Ábalos por 12.500.000 euros, en las condiciones de licitación se establece «programas de financiación: financiación con fondos de la UE Descripción de Programas de Financiación: Podrá estar cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) a través del P.O. Plurirregional de España 2014-2020».
