La ministra Elma Saiz, involucrada también en la compra irregular de mascarillas en Navarra
El Senado investigará la implicación de la socialista navarra en un convenio firmado cuando era consejera de Hacienda
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, conversa por teléfono a la salida de una sesión de control al Gobierno, en el Congreso de los Diputados, el 28 de febrero de 2024, en Madrid. | EP
Ya hay un ramillete de miembros del Gobierno de España que están en el punto de mira por la compra irregular de mascarillas durante la pandemia. A estos podría sumarse próximamente Elma Saiz, actual ministra de Inclusión, Seguridad y Migraciones, que, durante su época como consejera de Hacienda del Ejecutivo de Navarra (2019-2023), habría estado al tanto de la contratación irregular de tapabocas y no habría hecho nada al respecto.
El convenio fue firmado entre la Sociedad de Desarrollo de Navarra (Sodena), la Confederación Empresarial Navarra (CEN) y Albyn, una compañía privada, «con el permanente conocimiento y conformidad» de la Corporación Pública Empresarial de Navarra (CPEN), sociedad matriz de las sociedad públicas de Navarra, y que asistió a las seis sesiones donde se trató el apoyo financiero para la compra de mascarillas. Elma Saiz era entonces consejera delegada de CPEN.
Su implicación en el convenio para la compra de mascarillas firmado entre Sodena, CEN y Albyn en 2020 va a llegar al Senado de la mano de Unión del Pueblo Navarro (UPN), que ha pedido al PP que incluya «todo lo que tiene que ver con lo que ocurrió con las mascarillas en Navarra» en la comisión de investigación sobre el mal llamado caso Koldo para conocer la «relación» del Gobierno Foral con la trama.
La compra terminó con el cese de la exgerente de Sodena, la pérdida de dos millones de euros y las mascarillas donadas a una ONG cuando estaban a punto de caducar. UPN trató de investigar el caso en el Parlamento navarro, pero PSN usó la mayoría que sumaba con sus socios en la Cámara para paralizar cualquier comisión de investigación, por lo que acusan a los socialistas de «tapar la verdad» y «cargarse a la persona que estaba al frente del órgano que compró las mascarillas a pesar de que la iniciativa no fue suya», usándola de «cabeza de turco».
«Culpa grave»
La formación regionalista tiene indicios para apuntar a la ministra pamplonesa, y los expone a consulta de THE OBJECTIVE. Destaca un informe elaborado por el jefe de la sección de control jurídico de la Dirección General de Intervención, Ignacio Amatriain, que concluye que hubo «culpa grave» en quien tomó la decisión de firmar este convenio y, por tanto, indicios de «responsabilidad contable» y de «delito». Por lo expuesto, UPN considera que la anterior consejera de Economía y Hacienda, Saiz, «debería haber acudido a la Fiscalía» y no a la Cámara de Comptos.
«El PSOE se jacta de haber pedido una comisión de investigación sobre la compra de mascarillas, pero hay que recordar que en Navarra se opusieron a crear una comisión de investigación ante el turbio asunto de compra de mascarillas», denuncian desde UPN, en referencia al anterior Gobierno Foral de coalición de PNS, Podemos y Geroa Bai, con el apoyo externo de Bildu, a quienes acusan de «obstaculizar todas nuestras iniciativas y de todas las maneras posibles».
Intento de ocultamiento
La parlamentaria de UPN Marta Álvarez expuso el pasado octubre en rueda de prensa todos los pasos dados por el PSN para que no se investigara este asunto. En este sentido, explicó que el anterior consejero de Desarrollo Económico y Empresarial, Mikel Irujo, admitió en una comparecencia parlamentaria que Elma Saiz fue advertida de que «podía haber indicios de delito» en el convenio de compra de mascarillas y que el informe remitido a Comptos «iba acompañado de papeles de trabajo con posibles evidencias de negligencia y responsabilidad contable».
Esto motivó que Cristina Ibarrola, entonces parlamentaria de UPN, solicitara esos papeles de trabajo, que «le fueron denegados porque alegaron que eran confidenciales». Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra «condenó al Gobierno de Navarra a entregar esos papeles» en julio. Sentencia que no se pudo ejecutar porque Ibarrola ya no era parlamentaria sino alcaldesa, descabalgada en diciembre por un pacto del PSN con Bildu para investir a Joseba Asiron.
Álvarez denunció entonces que el PSN «tiene interés en tapar este caso» y señaló que «jurídicamente vamos a estudiar todas las opciones que tenemos». Tras las revelaciones que se están produciendo estos días sobre la implicación de ministros en la compra ilícita de mascarillas, y la iniciativa del PP de crear una comisión de investigación en el Senado, UPN ha encontrado la excusa perfecta para que finalmente se investigue lo sucedido, y ver hasta qué punto salpica a Elma Saiz.
