El novio de Ayuso ingresó dos millones en comisiones gracias a un contrato de Illa

El fraude fiscal por el que está acusado Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tuvo su origen en comisiones de dos millones de euros que cobró por mediar en la compraventa de material sanitario durante la pandemia, según eldiario.es.

En concreto, el contrato que dio origen al presunto fraude fiscal por parte de González Amador fue adjudicado por el Ministerio de Sanidad cuando Salvador Illa estaba al frente de esta cartera, y figura entre los que denunció el Partido Popular de Madrid ante la Fiscalía Anticorrupción en marzo de 2022, según informan fuentes del PP.

El periódico cita como fuente un informe de la Agencia Tributaria, elaborado a lo largo de dos años y que ha dado lugar a la denuncia de la Fiscalía Provincial de Madrid, que acusa a González Amador y a otras cuatro personas por supuestamente defraudar 350.951 euros a Hacienda entre 2020 y 2021 a través de una trama de facturas falsas y sociedades pantalla.

De acuerdo con la información de eldiario.es, en la contabilidad que la firma Maxwell Cremona SL, propiedad al 100% de Alberto González, remitió a la Agencia Tributaria, de los 2,33 millones de euros que facturó en 2020 casi el 85%, 1.973.000 euros, procedían de una única operación: un contrato por intermediar para la empresa española FCS en la compraventa de productos sanitarios, como guantes y mascarillas para la protección frente al coronavirus.

Según figura en la contabilidad aportada a Hacienda, FCS Select Products pagó a la empresa de la pareja de la presidenta de Madrid 1.973.000 euros en dos comisiones por venderle a la firma gallega Mape Asesores material sanitario por 42 millones de euros. Las entregas de guantes y mascarillas se produjeron en mayo y agosto de 2020.