Siete barones del PP irán al Senado a denunciar la amnistía ante un Gobierno de nuevo ausente
Esta es la segunda vez que el Senado cita a los presidentes autonómicos
Loa presidentes regionales del PP con Alberto Núñez Feijóo. | Europa Press
Siete presidentes autonómicos del Partido Popular han confirmado ya su presencia en la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado que celebrará este lunes una reunión para analizar el informe de la ponencia de la proposición de ley de amnistía del PSOE y cómo afecta al Estado de las autonomías, que les ha remitido el Congreso de los Diputados. Madrid (Isabel Díaz Ayuso), Valencia (Carlos Mazón), Extremadura, María Guardiola; Murcia (Fernando López Miras), Aragón (Jorge Azón) ; Castilla y León (Alfonso Fernández Mañueco); y Melilla (Juan José Imbroda), comunidades gobernadas por el PP, posiblemente no tengan la réplica de ningún miembro del Gobierno de Sánchez, que este jueves no había confirmado si algún ministro asistirá a esta reunión, según han señalado a THE OBJECTIVE fuentes parlamentarias.
Esta es la segunda vez que el Senado cita a los presidentes autonómicos para pronunciarse sobre la propuesta de ley de amnistía que ya ha sido aprobada por el Congreso de los Diputados. El 19 de octubre de 2023, antes de la investidura de Pedro Sánchez, el PP citó por primera vez a los presidentes autonómicos para que mostraran su opinión sobre una posibilidad que hoy ya es una realidad. Los populares, que cuentan con la mayoría absoluta en la Cámara Alta, han focalizado su batalla contra la amnistía en el Senado ante la tramitación urgente en el Congreso impuesta por el PSOE, que impide las comparecencias.
El presidente de Andalucía ha excusado su asistencia y el de Galicia, Alfonso Rueda, Canarias, Fernando Clavijo y la de Cantabria, María José Buruaga, enviarán a sus vicepresidentes. Igualmente, todavía falta por confirmar la presidenta de Baleares, Marga Prohens.
En el caso de los presidentes socialistas de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page; y Asturias, Adrián Barbón, han señalado que se han enterado por los medios de comunicación que la comisión en el Senado se celebraba el próximo lunes. Sin embargo, desde esta Cámara se señala a este periódico que la comunicación se envió formalmente el 26 de marzo. Este día se reunió la Mesa y portavoces de la Comisión de Comunidades Autónomas, se fijó la fecha de la reunión y se envió la notificación.
El lehendakari Íñigo Urkullu tampoco ha comunicado si asistirá, o no. El que sí ha confirmado es el presidente de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès, con el argumento, en una entrevista en la Ser de Cataluña recogida por Europa Press, de que «como independentista, catalán y de izquierdas, trolear al PP siempre apetece«. El dirigente independentista asegura que la comisión es «un aquelarre contra el Gobierno español», como ya intentó hacer en su anterior convocatoria, la cual, a su juicio, el líder del Govern ya les consiguió estropear.
Como sucedió en la anterior convocatoria, hasta este jueves no había confirmado la asistencia ningún miembro del Gobierno, que tiene reservado un turno de palabra para pronunciarse. El Reglamento del Senado especifica que en esta Comisión General de las Comunidades Autónomas no existe la obligación de que acudan el Gobierno central ni los representantes autonómicos, aunque sí que suele ser lo habitual.
Tras las comparecencias, se votará la propuesta del Grupo Parlamentario Popular del informe de la ponencia de la Comisión General de Comunidades Autónomas del Senado, que se votará en una reunión del próximo lunes. Rechaza la Ley de Amnistía porque pone en peligro el Estado autonómico, según el texto de 26 páginas al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. A juicio de los populares, «la proposición de ley orgánica de amnistía deja desprotegido el Estado autonómico al sentar un precedente peligroso para su propia supervivencia, puesto que ofrece una expectativa de impunidad a todo tipo de movimientos separatistas y de actos insurreccionales que, en el futuro, puedan volver a desafiar los principios constitucionales de unidad, autonomía y solidaridad sobre los que se asienta nuestro modelo de organización territorial». Igualmente, señala que «la aprobación de una ley de amnistía inconstitucional y arbitraria supondría un golpe muy duro para el Estado Constitucional, tanto en términos políticos como jurídicos.
En el documento se señala que «el Senado –Cámara de representación territorial- ve fraudulentamente neutralizadas sus facultades reconocidas por el artículo 168 CE, al esquivarse, mediante el procedimiento de una ley orgánica, la vía obligada de una reforma constitucional». Asimismo, apunta que «nos encontramos, por ello, ante el mayor atentado contra el principio de seguridad jurídica que se ha producido en España desde la aprobación de la Constitución de 1978».
Este informe señala que la «proposición de ley orgánica de amnistía debilita la fuerza vinculante de los principios del Estado de derecho y devalúa la normatividad de la Constitución de 1978. Se crea un precedente nefasto: si el Tribunal Constitucional no la anula, nada impedirá a otra mayoría coyuntural en el futuro aprobar otras amnistías. El principio de igualdad y la reserva de jurisdicción quedan completamente desprotegidos frente al legislador y cualquier mayoría absoluta futura podría excepcionarlos, aun careciendo –como hemos tratado de exponer– de fundamento constitucional y sin que concurra –como es el caso de esta proposición de ley– ninguna finalidad legítima».
