El Gobierno lleva seis años sin explicar en el Congreso la ejecución presupuestaria
El PP ha registrado en el Congreso de los Diputados una petición de comparecencia de la secretaria de Estado
El portavoz del Grupo Popular en el Congreso de los Diputados, Miguel Tellado
El Gobierno de Pedro Sánchez lleva seis años incumpliendo, de manera sistemática, el «uso parlamentario consolidado» que llevaba al responsable de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos a comparecer cuatrimestralmente ante la Comisión de Presupuestos del Congreso de los Diputados para informar sobre la ejecución presupuestaria, según ha podido saber THE OBJECTIVE de fuentes del Grupo Parlamentario Popular. Esta situación, que se remonta a 2018 cuando Sánchez llegó a La Moncloa, ha llevado al Grupo Parlamentario Popular a reclamar a la actual titular de este departamento, María José Gualda, que dé explicaciones sobre cómo se gasta el dinero.
Los casos de desprecio al Parlamento por parte de los ministros del Ejecutivo socialista se van acumulando y ello implica que la oposición no puede realizar su trabajo de control a la gestión que realizan los diferentes ministerios. El principal instrumento que define la gestión del Gobierno son los presupuestos. El nivel de ejecución de los mismos da idea de la eficacia de los ministerios en el cumplimiento de los objetivos que se han marcado. Pero desde el último Gobierno de Mariano Rajoy no han vuelto a conocerse datos de este gasto. Tanto Alberto Nadal como Marta Fernández Curras, que tuvieron esta responsabilidad, como el propio Cristóbal Montoro, antes de ser ministro de Hacienda, comparecieron en la comisión parlamentaria correspondiente para dar información sobre el dinero gastado por el Gobierno.
El Partido Popular intentó en la anterior legislatura que el Gobierno se sometiera al control del Congreso, pero no lo consiguió y ahora, en el inicio de ésta, vuelve a reclamar la comparecencia de la secretaria de Estado. En el escrito presentado en la Cámara Baja, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, los populares quieren conocer los datos correspondientes al «último cuatrimestre de 2023«.
A la obligación de rendir cuentas en el Congreso, los populares añaden un motivo más, como es el hecho de que el próximo año se mantendrán los presupuestos prorrogados y eso hace necesario un control más estricto. Las fuentes populares consultadas señalan que en este periodo de prórroga «se pueden hacer numerosas modificaciones», por lo que es necesario explicar las «implicaciones» que tiene tiene «sobre los ingresos y gastos de 2024».
Este caso de los presupuestos se une a las evasivas del Gobierno para responder a las preguntas sobre el caso Koldo, como ha sucedido ya en varias ocasiones en el Senado. La última este martes, cuando los ministros se negaron a responder a tres cuestiones planteadas por el Grupo Parlamentario Popular, comunicando que no podían asistir al pleno. El PP denunció lo que considera una «espantada», que se suma a las ausencias de ocho ministros que «excusaron su presencia del Pleno días atrás». Los populares aseguraron que esto es algo que ya ha ocurrido más veces con el actual Ejecutivo, «como demuestran las once peticiones de comparecencias acumuladas por el ministro Bolaños y el miedo que le ha cogido el ministro Puente al control en la Cámara Alta».
Los populares creen que «el Ejecutivo de Sánchez mucho teme y mucho oculta» y, por eso, aseguran que utilizarán «todos los instrumentos parlamentarios a su alcance para que el Gobierno salga de su escondite y dé las explicaciones oportunas». «Los españoles merecen saber la verdad y trabajaremos sin descanso para que la conozcan», han concluido.
Otro de los casos en el que el Gobierno trata de huir es en las explicaciones sobre la gestión de los fondos europeos, envuelta en polémica por las acusaciones de irregularidades. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, responsable última de los fondos, esquivó una interpelación en el Senado del Grupo Popular y la derivó al ministro de Economía, Carlos Cuerpo. Montero es la principal responsable de la ola de dimisiones en la dirección del plan, así como el malestar en la Secretaría de Estado que gestiona el dinero.
