Una fundación acusada de fraude con fondos UE exige a sus trabajadores rectificar a TO
Los denuncia por imputarle irregularidades «falsas», pero ellos advierten de que solo quieren «meterles miedo»
La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz. | -
La Fundación Social Desarrollo Responsable (Munus) y su presidente Alberto Herreros, acusada por sus trabajadores ante el Ministerio de Trabajo por un presunto fraude en una subvención de fondos UE de 2,8 millones de euros, desvelado por THE OBJECTIVE, ha presentado una demanda ante el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción de Madrid contra algunos de sus denunciantes. En la demanda, a la que ha tenido acceso este periódico, les exige, en el acto de conciliación previo, que rectifiquen las informaciones publicadas por THE OBJECTIVE, al calificar las imputaciones de «absolutamente falsas» y, a su juicio, realizadas «con una clara intención de injuriar y calumniar», según la demanda a la que ha tenido acceso este periódico. Estos trabajadores se están negando a rectificar, ya que entienden que el único objetivo que tiene la fundación con esta iniciativa judicial es «meternos miedo. Es una torpeza, si yo fuera ellos me callaría y no movería más el fuego».
El enfrentamiento entre algunos trabajadores de esta fundación y la dirección de la misma ha terminado en los juzgados, después de meses de reiteradas alertas de este colectivo sobre lo que consideran una grave situación de impagos salariales y de incumplimientos de las condiciones de trabajo que habían firmado, con acoso personal y profesional. Una situación que ya está en manos del Ministerio de Trabajo que, como adelantó THE OBJECTIVE, trata de aclarar, enviando inspectores a estos centros de trabajo, si las reiteradas acusaciones se corresponden con la verdad.
El origen de este conflicto está en la denuncia presentada por trabajadores contratados por la Fundación Social Desarrollo Responsable (Munus) y Pánico Escénico S.L., ante el Ministerio de Trabajo. A la fundación y la empresa le fueron concedidas dos subvenciones de fondos europeos por importes de 1.599.998,40 euros y otra de 1.199.998,80 euros. Las ayudas llegaron por medio del SEPE (Servicio Público de Empleo) a cargo del Ministerio de Trabajo y Economía Social para la realización del programa TándEM. Los afectados alertaron sobre la falta de control del departamento ministerial que dirige Yolanda Díaz sobre la gestión del dinero y la ejecución del proyecto. «Paralizaron durante dos meses el dinero de la primera fase para ver qué pasaba con el dinero, qué voló. Investigaron y dijeron que todo bien», insiste.
Las irregularidades se concretan en «incumplimientos contractuales, abarcando aspectos como el impago de nóminas, la falta de contratos en los primeros meses en algunos casos o altas de falsos autónomos en otros, el incumplimiento de la jornada pactada, la omisión de la provisión de documentos esenciales como el contrato, el calendario laboral o las nóminas con sus respectivas cotizaciones y el cambio de alta de un organismo a otro sin comunicación ni consentimiento».
La fundación ha contraatacado con esta demanda en la que acusan a los trabajadores de «extorsionar a la fundación, al objeto de que, sintiéndose atacada, proceda a abonar a los demandados en conciliación, salarios, retribuciones y/o emolumentos absolutamente improcedentes». Igualmente, quieren que se avengan a reconocer que «todas las manifestaciones e imputaciones realizadas por los demandados son absolutamente falsas y han sido realizadas con conocimiento de sus falsedad o con temerario desprecio a la verdad». Esta fundación los acusa de presentarse en actos realizados por la fundación e increpar a los responsables con gritos de «¿por qué no nos paga la fundación? «caradura», «sinvergüenza». Los demandados aseguran que no insultaron y que han «exagerado».
Otra cuestión que plantean es que reconozcan que las manifestaciones e imputaciones realizadas se han hecho «con una clara intención de injuriar y calumniar a la fundación y a su presidente, causando una grave lesión a la dignidad y el honor de ambos». Finalmente, aluden a las «falsedades» que han difundido «en medios de comunicación» y piden que «reconozcan todo lo anterior, cesen en su comportamiento hostil de acoso y se retracten de todo lo manifestado acerca de la fundación y de su presidente
La situación interna se ha agravado tras la visita de los inspectores del Ministerio de Trabajo y del SEPE, ya que los responsables de esta fundación han empezado a «extorsionar» a algunos trabajadores que se han acogido al programa TándEM, según han denunciado a este periódico: «Nos han pedido realizar de nuevo las hojas de firmas correspondientes a septiembre, octubre y noviembre, poniendo horas que no hemos trabajado, como nos obligaron otras veces. La inspección nos dijo que no hiciéramos eso porque es ilegal. Cuando nos hemos negado, la fundación nos ha dicho que tenemos que hacerlo porque si no, nos van a investigar, y nos han amenazado».
Desde el primer momento, la fundación negó las acusaciones de impagos el 22 de diciembre de 2023, según la versión de los hechos recogida por THE OBJECTIVE, pero reconoció «problemas de liquidez» de una empresa contratada como proveedor. Así, el presidente de la Fundación, Alberto Herreros, calificó de falsas las afirmaciones de los trabajadores, en un comunicado remitido a este periódico, ya que «la Fundación no debe a día de hoy ninguna cantidad a ninguna persona física ni jurídica. En este sentido, adjuntamos certificados de estar al corriente de pagos en Seguridad Social y Hacienda de ayer mismo. La Fundación no es una empresa sino una entidad sin ánimo de lucro, cuyo nombre es Fundación Desarrollo Social Responsable (marca Munus) que ha recibido unos fondos europeos para llevar a cabo una intervención con jóvenes menores de 29 años formándolos y contratándolos para llevar a cabo una trayectoria profesional en diferentes disciplinas durante nueve meses, nominas en este caso que asume la Fundación precisamente con esos fondos europeos».
Herreros considera que «todo está perfectamente acreditado, con contratos laborales, con intervenciones de todo tipo desde el punto de vista legal. La empresa a la que se refieren también en su artículo fue una empresa que se subcontrató como proveedor de la formación desde finales de abril hasta 20 julio como otras que impartieron formación en la primera fase, y otras que actualmente también están subcontratadas. Nos consta que tuvo problemas de liquidez para afrontar ciertos pagos, pero que parece que están resueltos y están pagando los débitos oportunos».
Posteriormente al envío de este comunicado, se han negado a ofrecer la versión de la fundación sobre las denuncias que han seguido realizando los trabajadores.
