Moncloa ordenó citar a los fiscales al Congreso sin avisar a Justicia: «Bolaños no lo sabía»
Fuentes parlamentarias socialistas manifiestan sorpresa porque no se informó al Ministerio y la orden provino de Óscar López y se hizo llegar por a través de Rafael Simancas
Sánchez y Bolaños. | Agencias
Cuando el pasado miércoles el ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, compareció ante los medios de comunicación para afirmar con solemnidad que «no tiene sentido que los fiscales vayan a comparecer a comisiones de investigación sobre temas que están instruyendo», en contra de la decisión del PSOE que acaba de pactar con su socios en el listado de comparecientes de la comisión ‘Koldo’, quedó claramente en evidencia que alguien había cometido un error en la cadena de mando. Según las fuentes consultadas por THE OBJECTIVE, la equivocación no provenía de Bolaños, quien compareció para enmendar el error, sino del propio palacio de La Moncloa.
Las fuentes consultadas por este periódico aseguran que la decisión no fue del grupo parlamentario ni de su portavoz, Patxi López, a quien se refieren como un «mero ejecutor» de la estrategia que elaboran desde el Gobierno. La habitual cadena de mando surge precisamente de La Moncloa, de donde vienen las directrices sobre los temas a tratar, que se deciden en las reuniones de maitines en la residencia oficial del presidente. Así ocurrió el jueves de la semana pasada, cuando el PSOE dio a conocer su listado de comparecientes en la comisión ‘Koldo‘, con 84 nombres entre los que no estaba el exministro José Luis Ábalos. Y así volvió a ocurrir el martes cuando, tras conocer las propuestas de sus socios y la petición de Junts y ERC, el PSOE dio luz verde al listado definitivo con 134 nombres entre los que figuraban tres fiscales: el fiscal anticorrupción, Alejandro Luzón; el representante de la fiscalía europea que investiga el caso Koldo, Ignacio de Lucas; y la fiscal jefe de la fiscalía europea, Codruta Covesi.
Según ha podido saber THE OBJECTIVE, fue la actual cadena de mando de Moncloa, formada por el jefe de gabinete, Óscar López, su número dos, Antonio Hernando, y el secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, quien tomó esa decisión que trasladó a través del secretario de Estado de relaciones con las Cortes, Rafael Simancas, al Congreso. Y lo hicieron sin informar al ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes: «Bolaños no lo sabía», explican fuentes socialistas. Una falta de comunicación que generó un problema en el departamento del ramo, donde seis meses atrás fue precisamente Bolaños quien fijó el criterio legal de que citar a fiscales iba «en contra de la Constitución».
Fuentes parlamentarias socialistas aseguran que «la orden fue de Moncloa, como siempre». Pero normalmente, estas directrices se hacen conjuntamente con el ministerio del ramo, y más cuando se trata de uno de los ministros de mayor peso político del Ejecutivo, Félix Bolaños, por su condición de negociador con los grupos y por integrarse entre el reducido grupo de ministros más políticos, junto a María Jesús Montero, Óscar Puente y Pilar Alegría. Son esas fuentes parlamentarias socialistas quienes aseguran que «aquí nadie se mueve hasta que no llega la orden de Moncloa o del ministerio y, esta vez, la orden llega a través de relaciones con las cortes Rafael Simancas a instancias del gabinete del presidente».
El problema llegó a mayores cuando el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, solicitó por carta el jueves al presidente de la comisión que reconsiderara la decisión porque podría perturbar el trabajo de los fiscales y «constituir un inconveniente» para la tramitación de las investigaciones en marcha. El patinazo de Moncloa obligó a que el PSOE filtrara su intención de que reconsideraría la decisión de llamar a los fiscales, pero la imposibilidad de repetir la votación con la posición en contra de los dos grupos que impusieron la citación de los fiscales entre los comparecientes, Junts y EH Bildu, obliga a plantearse nuevas fórmulas.
Como adelantó THE OBJECTIVE, una de ellas es mantener la citación de los fiscales pero para hacer «una reflexión general» en materia de corrupción sin vulnerar la Ley Orgánica del Poder Judicial, siempre y cuando no se les pregunte expresamente sobre una investigación concreta en la que se hallen inmersos. Según estas fuentes, «se puede aprovechar su conocimiento y experiencia contra la corrupción». Y recuerdan que el objetivo de esta comisión de investigación es extraer aprendizajes para evitar abusos y corruptelas en el futuro.
La pelota ahora está en el tejado del presidente de la comisión, el socialista valenciano Alejandro Soler, que recibirá directrices del Gobierno, donde hay debate al respecto. La posición de Bolaños sigue la estela marcada por el fiscal general del Estado, que se basa en la legislación del Poder Judicial. La ley orgánica es muy explícita. En su artículo 399 subraya que «las autoridades civiles y militares se abstendrán de intimar a los jueces y magistrados y de citarlos para que comparezcan a su presencia». En el artículo 396 señala que «los jueces y magistrados no podrán revelar los hechos o noticias referentes a personas físicas o jurídicas de los que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones». El artículo 417 de la Ley Orgánica del Poder Judicial establece una sanción a jueces y magistrados por «la revelación por el juez o magistrado de hechos o datos conocidos en el ejercicio de su función o con ocasión de éste, cuando se cause algún perjuicio a la tramitación de un proceso o a cualquier persona».
