El Gobierno incluye entre los expertos de la Ley de Memoria a un miembro del entorno de Bildu
Bildu celebra la comisión de expertos que determinará si en la España democrática se vulneraron los derechos humanos
Pedro Sánchez y Santos Cerdán con la portavoz de Bildu, Mertxe Aizpurua | Europa Press
El Gobierno ha creado la comisión para reparar a las víctimas entre 1978 y 1983 por vulneración de derechos humanos, en el marco de la Ley de Memoria Democrática. Integran dicho organismo 12 vocales, además del secretario de Estado de Memoria Democrática, Fernando Martínez. Entre ellos se encuentran exsindicalistas, miembros de la sociedad civil y profesores universitarios. Y entre ellos destaca el nombre Jon-Mirena Landa Gorostiza, catedrático de Derecho Penal y director de la Cátedra Unesco de Derechos Humanos y Poderes Públicos de la Universidad del País Vasco, conocido por su cercanía al partido abertzale. El Gobierno pactó en 2022 con Bildu ampliar el margen temporal de dicha ley. Pasó de 1978 a 1983, para determinar si durante al arranque de la época democrática el Estado incurrió en violaciones de derechos humanos. La oposición criticó la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez.
La comisión, impulsada por Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática, dirigido por Ángel Víctor Torres, tiene el objetivo de «elaborar un estudio sobre los supuestos de vulneración de derechos humanos a personas por su lucha por la consolidación de la democracia, los derechos fundamentales y los valores democráticos, entre la entrada en vigor de la Constitución de 1978 y el 31 de diciembre de 1983», según el resumen oficial del acuerdo del Consejo de Ministros. El equipo de expertos elegidos por el Ejecutivo tendrá un año para elaborar un dossier que permita otorgar «posibles vías de reconocimiento y reparación» a los afectados.
La comisión es el fruto de un acuerdo entre el Gobierno y Bildu, que pidió ampliar el margen temporal hasta el año 1983, es decir, más allá de lo que habitualmente se consideran como las fechas de la Transición democrática española (1975-1982). Y ahora se sabe que el Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el listado definitivo de miembros de la comisión de la Ley de Memoria. Y entre ellos destaca el de Jon-Mirena Landa Gorostiza.
«Graves delitos» del Estado
Este profesor universitario fue nombrado en 2005 director de Derechos Humanos del Gobierno vasco, por el entonces consejero de Justicia, Joseba Azkarraga, quien ahora ejerce de portavoz de la Asociación de presos de ETA. Hace tan solo un año, Mirena Landa defendió en el diario Naiz, conocida por su cercanía ideológica a Bildu, la sociedad de ciencias Aranzadi, cuyas webs defendían que se equiparase a los etarras con sus víctimas.
En ese artículo explicó su posición sobre los «graves delitos de terrorismo cometidos por las diferentes ETA como los graves delitos que han cometido las fuerzas y cuerpos de seguridad y las violaciones de derechos humanos que el Estado ha llevado a cabo». «La muerte de nuestros conciudadanos, las lesiones graves, las agresiones sexuales, las amenazas… sean las que cometió ETA o las que cometió el Estado (a través de cuerpos policiales, de guerra sucia, de tortura, etc.) deben aparecer en la plaza pública para poder ‘leer las páginas’ y después reforzar el pacto ético-social subyacente a una democracia que se funda en el respeto a los derechos humanos», comentó.
En enero de 2015, este profesor suscribió un documento en favor de una manifestación, organizada por la Asociación Sare en apoyo a los presos de ETA, para acabar con la dispersión de «los reclusos en las cárceles de los Estados español y francés». El pasado martes, la portavoz de Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, celebró el nombramiento de la comisión y sus integrantes, que calificó de «personas de reconocido prestigio académico en el ámbito de los derechos humanos, que se encargarán de elaborar un informe con conclusiones tras recopilar testimonios, información y documentos».
Una sola especialista
Además de Jon-Mirena Landa Gorostiza, el Ejecutivo ha seleccionado un equipo de expertos para esta asesoría, entre los cuales destacan los nombres de Nicolás Sartorius, exsindicalista y presidente del Consejo Asesor de la Fundación Alternativas; Federico Mayor Zaragoza, presidente de la Fundación por la Paz; José Álvarez Junco, catedrático emérito de Historia del Pensamiento y los Movimientos Políticos y Sociales de la Universidad Complutense de Madrid, y Araceli Manjón-Cabeza Olmeda, catedrática de Derecho Penal de la Universidad Complutense de Madrid.
Participan en la comisión también Carmen Molinero Ruiz, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad Autónoma de Barcelona y presidenta de la Asociación de Historia Contemporánea; Antonio Rivera Blanco, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad del País Vasco y director del Instituto de Historia Social Valentín de Foronda; Encarnación Lemus López, catedrática de Historia Contemporánea de la Universidad de Huelva; José Antonio Martínez Soler, doctor en Ciencias de la Información, escritor y periodista; Sophie Baby, profesora de Historia Contemporánea de la Universidad de la Borgoña (Francia); Paz-Mercedes de la Cuesta Aguado, catedrática de derecho penal de la Universidad de Cantabria; Francisca Sauquillo Pérez del Arco, abogada y presidenta de la ONG Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad.
Se trata en general de profesionales de renombre, pero que fuentes del ámbito académico expertos en terrorismo y violencia política sostienen que carecen de publicaciones e investigaciones específicas sobre el tema. La única integrante de dicha comisión que según las fuentes consultadas sí cumple con esos requisitos es Sophie Baby, profesora de la universidad francesa de Borgoña. Es decir, que la única experta en violencia política que trabajará en la comisión del Gobierno para determinar si hubo violaciones de derechos humanos en España hasta el año 1983 ni siquiera es española y es considerada afín a Podemos. Encarnación Lemus y Antonio Rivera tienen en sus curriculum publicaciones sobre violencia política, aunque las fuentes consultadas no les consideran como especialistas en la materia.
La creación de dicha comisión y de la misma Ley de Memoria Democrática consisten en suponer que desde el comienzo de la época democrática en España hubo un régimen que perseguía a opositores política y vulneraba los derechos humanos. Se trata de un enfoque que la oposición ha criticado por la connivencia con el relato que los independentistas promueven dentro y fuera de España para deslegitimar las instituciones democráticas. Hace casi dos años, PSOE, Unidas Podemos y Bildu acordaron ampliar el límite temporal de 1978 a 1983, puesto que según la portavoz de los abertzales Mertxe Aizpurua «las consecuencias del franquismo se mantuvieron» en el tiempo. Bildu quiso ampliar esos márgenes para investigar, con el visto bueno del PSOE, la llamada guerra sucia contra ETA durante los cinco años posteriores a la aprobación de la Constitución y podría afectar a los GAL en el primer año de Gobierno de Felipe González.
