Los vetos de PNV y Junts frustran todas las medidas sociales estrella que planea Sumar
Tras la derrota en la inclusión de los sindicatos en el consejo de las empresas, Díaz quiere reducir la jornada laboral
Yolanda Díaz el pasado 1 de mayo en Madrid. | Europa Press
Los vetos cruzados de PNV y Junts frustran todas las medidas sociales que quiere promover Sumar y Yolanda Díaz para impulsar su figura política. La semana pasada, PP, Vox, PNV y Junts vetaron la iniciativa de Sumar para que se incluyeran en los consejos de administración a los sindicatos. El revés parlamentario se interpretó como un aviso a navegantes de cara a otras iniciativas sociales que Díaz promete lanzar de aquí al verano. Entre ellas, la reforma de la jornada laboral, con una reducción de la misma hasta las 37,5 horas efectivas semanales en 2025, sin recorte salarial (actualmente son 40). Incluso desde el sector sindical avisan de que los anuncios de Sumar son de momento solo «humo».
Díaz no quiere esperar más tiempo. Sumar, su partido, ha lanzado una campaña de presión para que se aborde la reforma de la jornada laboral. Así lo explican fuentes del partido de Díaz, donde aseguran haber entregado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, su petición. Las relaciones entre los ministros de Sumar y los del PSOE se han deteriorado a la largo de los últimos días. Sobre todo, después de la pausa de reflexión del presidente tras la apertura de un juzgado madrileño de diligencias contra su mujer, Begoña Gómez. Sumar cree que Sánchez está alimentando la «polarización» y que esta lastra sus perspectivas electorales.
Sumar quiere, tal y como ha ido publicando este diario, que el Gobierno vuelva a su actividad legislativa. «Ha pasado casi un año y no se ha hecho nada», deslizan las fuentes consultadas, para referirse a las elecciones del 23 de julio y la investidura de noviembre. Los sondeos inquietan al núcleo duro de Díaz. Sus aliados le piden más contundencia ante el PSOE para intentar salvar los muebles en las elecciones catalanas y europeas. Podemos, por su parte, aspira a rentabilizar lo que califican de «falta de autonomía» de la política gallega ante Sánchez. La única manera que Sumar tiene para recuperar fuelle, coinciden las fuentes consultadas, es que el Gobierno retome la agenda reformista.
Mofa al presidente
Tal y como publicó este diario, una de las prioridades de Sumar es abordar la reforma del sistema de votación del Consejo General del Poder Judicial. Quieren rebajar la mayoría para el nombramiento de los vocales, de cualificada a simple, y que el Gobierno no se pare allí. Sumar exige revertir la conocida como ley mordaza y «avanzar» en «derechos». Es decir, en medidas sociales que puedan servir para justificar su presencia en un gobierno liderado por el PSOE y sacudido por varios escándalos de presunta corrupción, desde el caso Koldo hasta las sospechas por las actividades privadas de Begoña Gómez con empresas adjudicatarias de contratos públicos durante la pandemia.
La medida estrella que Díaz quiere aprobar para relanzar su imagen es la reducción de la jornada laboral. Sumar se atrevió incluso a lanzar un mensaje polémico en las redes sociales cuando Sánchez volvió de sus cinco días de reflexión: «Tú también necesitas tomarte unos días. Vamos a reducir la jornada laboral», escribieron los expertos en comunicación políticas al mando del perfil oficial de Sumar en la X.
Díaz lleva desde enero proponiendo una medida que formó parte de su programa electoral. El Ministerio de Trabajo cree que la reducción de la jornada laboral mejorará «la compatibilidad del tiempo de trabajo con el resto de los usos del tiempo, el reparto equilibrado de las tareas de cuidados, la formación, el ocio o la participación social». Díaz sostuvo haber mantenido incluso una conversación con el presidente del Banco de España, en la que, según la ministra, Pablo Hernández de Cos no le opuso ningún veto.
Díaz quiere actuar a través de una «mesa de diálogo social» en la que participen su ministerio, los sindicatos y la patronal, pero desde el sector sindical aseguran que la CEOE está en contra. Tal y como publicó este diario, se calcula que la medida tendría un coste global de 28.000 millones de euros para las empresas y afectaría a 12 millones de asalariados.
El equipo de Díaz, sin embargo, cree que la negativa de la patronal no es tajante, y que por lo tanto existen márgenes para la negociación. El pasado 6 de mayo, Díaz sostuvo que la patronal está «dividida» sobre la cuestión: «Dentro de la patronal hay un debate dividido entre aquellos que desean legislar sobre la reducción de la jornada laboral y el control horario, y aquellos que no lo desean», afirmó en Telecinco. Díaz se agarra al argumento que dicha medida mejoraría la productividad.
Escepticismo en el sector sindical
Sea como fuere, de bloquearse el diálogo social, la pelota pasaría al ámbito gubernamental y parlamentario. Con el peligro de que, aunque Díaz logre convencer a Sánchez para estipular un decreto que reforme el artículo 34.1 del Estatuto de los Trabajadores, todo quede en agua de borrajas. «Pueden hacerlo pero no entrará en vigor. Es imposible porque tendría que convalidarse con los votos de Junts y el PNV», comentan. De seguir adelante con su plan aunque sea de forma unilateral, según estas fuentes, Díaz solo lograría «enfadar a la patronal».
Las fuentes consultadas recuerdan que en abril Díaz llevó al Congreso otra reforma para incluir a los sindicatos en los consejos de administración de las empresas. Su modelo era el de la alemana Volkswagen, pero recibió el revés del hemiciclo, con la negativa de PP, Vox, PNV y Junts. Los vascos responden a los intereses de los empresarios, y Junts está experimentando una vuelta política a la lógica convergente, tal y como aseguran fuentes de diferentes partidos del ámbito catalán. Estos vetos cruzados impedirían a Díaz sacar adelante algunas de sus medidas estrellas con las que espera relanzar su figura política.
Díaz ha avisado a Sánchez de que no piensa perder más tiempo, explican en Sumar. «Antes del verano» es la orden que la vicepresidenta ha entregado a su equipo para resolver una cuestión que considera capital para su imagen pública. Pero lo cierto es que el encaje parlamentario se muestra mucho más complejo que en la pasada legislatura, donde era suficiente convencer a Bildu y ERC para sacar adelante medidas de este tipo. Ahora, el Ejecutivo debe convencer a otros socios como PNV y Junts, más reacios a ceder en el ámbito empresarial. La legislatura amenaza, por lo tanto, con convertirse en un verdadero vía crucis para Sumar y Díaz, con el peligro además de que pasadas las catalanas y las europeas Sánchez vuelva a sorprender a los suyos convocando unos comicios generales adelantados, que incluso los más afines a Díaz califican de «muerte política» de su proyecto.
