El Gobierno investiga un posible caso de corrupción que salpica al exministro Nadal
La Fiscalía remite a Economía una denuncia por delito de falsedad documental en la embajada española en Londres
Álvaro Nadal en una jornada sobre el sector energético organizada por el Cercle d’Economia en Barcelona. | Foto: David Zorrakino (EP)
La Fiscalía Anticorrupción ha remitido a la Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, una denuncia que afecta a la Oficina Económica y Comercial de la embajada española en Londres que dirige Álvaro Nadal, quien fuese ministro de de Energía, Turismo y Agenda Digital en el último Gobierno de Mariano Rajoy.
Nadal pidió el reingreso en su carrera de funcionario tras la moción de censura de mediados de 2018 y un año después consiguió la plaza en la capital británica por su condición de técnico comercial y economista del Estado. En unas pocas semanas cumplirá cinco años de estancia laboral en Londres.
Anticorrupción recibió en febrero de este año una denuncia de un trabajador de la legación diplomática y a mediados de abril decidió informar de ella a la Secretaría de Estado de Comercio, al entender que es el organismo competente para analizar los hechos denunciados. Si el departamento de Comercio, presidido por Xiana Méndez, considera que se ha cometido un delito, entonces está obligado por el Código Penal a denunciar los hechos y remitir las pruebas recabadas de nuevo ante la Fiscalía.
El equipo de fiscales de Anticorrupción, liderado por Alejandro Luzón, tiene la competencia de investigar casos de delitos económicos o aquellos «cometidos por funcionarios públicos en el ejercicio de sus cargos relacionados con el fenómeno de la corrupción», según subraya en su página web.
El Gobierno británico puso en marcha en 2016 un nuevo plan de pensiones diferente del estatal. Es el llamado Workplace Pension Scheme (WPS), del que uno de los fondos que se pueden utilizar es el Fondo Nacional de Ahorro para el Empleo (NEST, por sus siglas en inglés). Londres obligó a las empresas a dar de alta a sus empleados en el WPS, ofreciendo luego a estos últimos la posibilidad de darse de baja libremente.
La Consejería de Trabajo de la embajada española en el Reino Unido elaboró en 2015 una guía con los pasos a dar ante la entrada en vigor de la nueva normativa y la legación diplomática incluyó en un primer momento en el NEST a los trabajadores de sus distintas consejerías, inclusive los de la oficina de promoción comercial del ICEX en la capital británica.
Sin embargo, dejó al margen al resto de empleados contratados dentro de la Oficina Económica y Comercial, que no fueron dados de alta en el nuevo plan de pensiones británico hasta septiembre de 2023, según se indica en la denuncia a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE. Este periódico preguntó a la Secretaría de Estado de Comercio y el Ministerio de Economía si estaban investigando el requerimiento de la Fiscalía Anticorrupción y si ha habido una respuesta, pero no obtuvo respuestas.
La situación dentro de la embajada fue un tanto paradójica durante años pues había trabajadores -como los de Turismo- a los que se había incluido en el WPS, mientras que sus compañeros de Economía y Comercial no lo estaban… cuando ambas oficinas dependían del mismo ministerio: el de Industria, Comercio y Turismo en aquel momento. El área de Comercio pasó a depender orgánicamente de Nadia Calviño en noviembre con el último cambio de Gobierno, situación que no ha cambiado con el actual ministro de Economía, Carlos Cuerpo.
En la denuncia se subraya que la anterior jefa de la Oficina Económica y Comercial en Londres, Inmaculada López, avisó a sus superiores en Madrid de la no inclusión de algunos trabajadores en el WPS tras su entrada en vigor en el Reino Unido y que estaba esperando «luz verde de Madrid» para incluir a todos los empleados que estaban bajo su responsabilidad. Pese a ello, la situación no se regularizó hasta septiembre del año pasado.
Entre tanto, la embajada ha estado obligada a emitir de forma periódica un certificado de cumplimiento del WPS ante un organismo público británico que se llama The Pension Regulator (TPR). Desde 2016 ha enviado tres de estos documentos. En el primero, con López aún de consejera económica y comercial, se notificó al regulador inglés que había cuatro empleados de alta, «presumiblemente del ICEX» según se indica en la denuncia, y que otros 19 no tenían derecho o se habían dado de baja de forma voluntaria.
En la segunda certificación, de enero de 2020 y con Nadal ya al frente de la Oficina Económica y Comercial, solo un trabajador de los 24 aparecía en el WPS. Y en la tercera, de marzo de 2023 también con el exministro como máximo responsable, se mantenía una sola alta de un total de 18 empleados. «El denunciante fue dado de alta en el NEST en septiembre de 2023, por lo que la información de los dos últimos certificados es falsa ya que tenía derecho a la inscripción y no solicitó la baja hasta después de ser inscrito», se indica en la denuncia remitida a la Secretaría de Estado de Comercio.
«Es imposible que los datos aportados en esos certificados emitidos por la Oficina Económica y Comercial en Londres sean ciertos. Tenían que habernos dado de alta en el NEST en fechas previas a la emisión de estos certificados», alega el empleado de la embajada española, quien apunta a un «presunto delito continuado de falsedad documental con el que evitar el pago del NEST y ocultar al TPR dicho impago, causando un perjuicio grave a los trabajadores».
Fuentes de la embajada española en Londres subrayan a este diario que la Seguridad Social británica aceptó el año pasado la regularización de los empleados de la Oficina Económica y Comercial y que se pactó que tuviera efectos retroactivos desde 2016, por lo que no se ha abierto «ningún expediente sancionador» contra el Estado español. Además, descargan cualquier responsabilidad en Nadal ya que durante años pidió a sus superiores en Madrid que se igualase en trato a sus empleados con respecto al resto del personal laboral de la embajada.
