El Gobierno solo podrá cobrar un millón de los 81 que ha impuesto de multa al sector del juego
Consumo ha multado a nueve empresas que operan fuera de España, por lo que no percibirá un euro de ellas
El ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, comparece en la Comisión de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, en el Senado. | Europa Press
El Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 que dirige Pablo Bustinduy, ha sancionado a un total de 17 operadores de juego por infracciones graves o muy graves con multas que oscilan, en su conjunto, en torno a los 81 millones de euros. Sin embargo, sólo podrá cobrar 1.150.000 euros (el 1,5% del total), que es el correspondiente a siete empresas españolas con licencia en España, por cuanto las otras nueve no tienen licencia para operar en nuestro mercado. Se trata de páginas web de casinos ilegales con sede en Curazao, Malta o Reino Unido.
Estas son Rabadi, Uno Digital Media, Eight Stars, Mrsloty Games Tech, Entretenimiento Rojo, Onyxion Malta, Trw Corporate, Vdsoft&Script Development y Uniquegame. Todas ellas han sido sancionadas con cinco millones de euros cada una, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Regulación del Juego (LRJ) para este tipo de infracciones, consideradas como muy graves.
Será muy difícil que la Dirección General de Ordenación del Juego (DGOJ) recaude los 45 millones de euros de multa (más de la mitad de las sanciones de los últimos seis meses), dado que se tratan de páginas ilegales operadas fuera de España o de las que se desconoce su origen. A menudo falsean licencias y, cuando son bloqueadas, reaparecen bajo otro nombre para seguir operando. Estas webs de juego ilegal (.com), diferentes de las reguladas, legales y manejadas por empresas con sede en España (.es), desprotegen al jugador, a la par que permiten prácticas abusivas y con frecuencia son escenario de diferentes estafas.
Multa a la ONDEE
Otros 35 millones de euros en multas corresponden a la Organización Nacional de Discapacitados Españoles y Europeos (ONDEE), competidora de la ONCE y que lleva acumuladas decenas de multas sin pagar. En la última lista de morosos que hizo pública Hacienda, la organización debía 86.278.933 euros, a los que sumarán estos 35 millones, que serán de cobro muy complicado por parte del Estado.
Las empresas españolas, que son las que regula la DGOJ, fueron responsables del 1,5% de las multas. Siete empresas fueron sancionadas con un total de 1.150.000 euros por haberse encontrado que habían jugado personas que no lo tenían permitido, aunque las páginas web sí contaban con licencia.
«Somos sus aliados»
El director general de CeJuego, Alejandro Landaluce, llama la atención a THE OBJECTIVE sobre cómo «el Gobierno asfixia con regulaciones abusivas a las empresas de juego online legales en España (.es) y empuja al usuario a las páginas piratas (.com) en las que no está protegido por las normas y protocolos de juego responsable que implementan las empresas españolas».
El director de la asociación empresarial que aglutina al 70% del juego privado propone «enfocar la regulación del sector español desde un punto de vista razonable que no termine con el usuario consumiendo productos de juego en contextos no seguros, o fraudulentos, en los que es vulnerable. Las leyes deben proteger al usuario, no ir en su contra. El reparto de multas dan medida de cómo se presiona a las empresas .es, que son las que cumplen, las que protegen al usuario, que pagarán la multa y que revisarán sus protocolos para evitar estas situaciones en un futuro. El Gobierno trata como enemigos a los que son sus aliados».
