Críticas a la «improvisación» de la cúpula del PP por no ejecutar el conflicto Senado-Congreso
Letrados de las Cortes consideran equivocada la decisión de no plantear un recurso ante el Tribunal Constitucional
Comité de Dirección del Partido Popular | Agencias.
El cierre en falso del conflicto competencial abierto por la mayoría absoluta del Partido Popular en el Senado con el Congreso de los Diputados, por la tramitación irregular de la Proposición de Ley de Amnistía del PSOE -que finalmente no se ha planteado ni llevado al Tribunal Constitucional– ha levantado críticas y malestar en un sector de los grupos parlamentarios y del partido. Ambos consideran que ha habido cierta «improvisación» en la estrategia. También entre los letrados ha sorprendido esta marcha atrás del PP argumentando que, «desde el punto de vista procesal, tiene una lectura jurídica malísima. Pones en marcha un procedimiento constitucional y después no lo presentas», según han asegurado fuentes de este cuerpo jurídico a THE OBJECTIVE.
La sorpresa saltó este martes cuando el Grupo Popular presentó un escrito a la Mesa del Senado pidiendo la retirada del conflicto. La razón de esta marcha atrás de los populares obedecía a que consideran que la Mesa del Congreso no era el órgano indicado para pronunciarse contra el mismo, sino el Pleno, como ya le habían advertido a la presidenta de la Cámara Baja, la socialista Francina Armengol. Sin embargo, esta se negó a que fuera el Pleno el que se pronunciara.
En el escrito, el Grupo Parlamentario destacó «la manifiesta incompetencia de la Mesa del Congreso para la contestación al requerimiento previo planteado por el Pleno del Senado y el consiguiente incumplimiento del presupuesto procesal del artículo 73 LOTC». El Pleno del Senado aprobó el 10 de abril enviar un requerimiento al Congreso planteando el conflicto de competencias si no paralizaba la tramitación de la Ley de Amnistía y este le contestó el 15 negándose a ello e instándole a continuar con su tramitación.
El anunció de la retirada del conflicto coincidió ese mismo día con la votación en el Pleno de la Cámara Alta del informe de la Ponencia que se posisionaba en contra de la Ley de Amnistía y el veto que habían presentado los populares contra el texto que le había sido remitido por el Congreso de los Diputados, tras su tramitación por un cuestionado procedimiento de urgencia. Una iniciativa que había permanecido dos meses en el Senado y cuyo plazo finalizaba el día 16. Tras rechazarse la ley, ha sido devuelta al Congreso que lo levantará posiblemente en un Pleno el día 30.
Para dejar sin efecto el conflicto de competencias, el Senado tenía que aprobarlo en un Pleno extraordinario, que se convocó para el jueves día 16, provocando el malestar en las filas populares y la sopresa en la bancada socialista, que no entendía cómo no lo solventaron el martes a las ocho de la noche y «no hubiera tenido tanta trascendencia mediática». «Nadie ha entendido por qué lo que se pudo hacer el martes se ha hecho el jueves. El lunes por la noche se enteraron que tenían que volver el jueves. Esto es un tema logístico y personal. Pero a nivel político tiene una complejidad que a nosotros también nos cuesta entenderlo», señalan las fuentes consultadas.
Estas fuentes apuntan que, es cierto que «esto ha sido un pequeño traspiés, un resbalón, que a lo mejor no ha quedado bien», subrayando el «error de comunicación», pero poniendo también en valor «el trabajo encomiable que se ha realizado por parte del Grupo Popular. Este ha sido el último paso que ha dejado un mal sabor de boca«.
Pero el asunto no se zanjó en el Pleno extraordinario del jueves, ya que durante su intervención en el mismo, el portavoz adjunto del PP, Antonio Silván, volvió a dejar abierta la puerta a mantener vivo el conflicto al anunciar que «si la Mesa del Congreso no cumple la ley, estudiaremos las acciones que en derecho nos pudieran corresponder contra los acuerdos de la Mesa del Congreso, por impedir que el conflicto de atribuciones planteado por el Senado por la ley de amnistía sea debatido en el Pleno de la Cámara Baja».
La estrategia del Partido Popular no solo ha sorprendido a un sector del partido, sino también a algunos de los letrados de las Cortes, que incluso advierten de que incluso «el Tribunal Constitucional puede pedirles cuenta porque si has obligado al Congreso a pronunciarse y después no demandas desde el punto de vista procesal tiene una lectura malísima. Has puesto en marcha un procedimiento constitucional y después no lo presentas, imagínate que el PSOE le pide exigencia de cuentas al Senado por no haberlo puesto». A juicio de estos letrados, «se han equivocado por completo y no se entiende».
