Teresa Ribera oculta a un alcalde del PP el informe de una ayuda ilegal de 760.000 euros
El Ayuntamiento de Ortigueira advierte de que «tienen un marrón encima de la mesa»
La ministra Teresa Ribera con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | EP
El Ministerio de Transición Ecológica, que preside Teresa Ribera, cabeza de lista del PSOE a las elecciones europeas, todavía no ha entregado el informe de la Abogacía del Estado que confirma que parte de la subvención de fondos de la UE por importe de 760.000 euros concedida al anterior alcalde de Ortigueira (La Coruña), del PSOE, es ilegal porque no cumple con algunos de los requisitos necesarios para poder acceder a ella. El alcalde de este municipio gallego, Valentín Calvín, del Partido Popular, ha asegurado a THE OBJECTIVE que el secretario del Ayuntamiento solicitó los documentos, desvelados por este periódico, hace unos dos meses y que sigue sin poder acceder a ellos.
El Ayuntamiento no ejecutará la inversión hasta que el ministerio solvente las irregularidades, pero exige tener en sus manos el informe y advierte de que si no lo reciben «emprenderán las acciones que sean necesarias», señala el alcalde popular. En este sentido, asegura que el ministerio «tiene un marrón encima de la mesa» y que esperan «no tener que devolver el dinero y perder la inversión». El equipo de gobierno tiene de plazo hasta 2026 para ejecutar el proyecto y esperan que el ministerio «le dé una solución a un problema que ellos mismos han creado».
El origen de este caso, como desveló THE OBJECTIVE el 8 de abril, se remonta al 9 de febrero de 2023, cuando el citado departamento ministerial concedió, a través de una resolución provisional, y definitiva el 5 de julio, una subvención al Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña) con cargo a los fondos europeos Next Generation por importe de 759.658,07 euros. Una adjudicación que un informe de la Abogacía del Estado consideró un «vicio de nulidad», ya que el Consistorio «no reunía los requisitos», por lo que es contrario a la ley. Este documento señala que el proyecto no se ajustaba a los criterios de la convocatoria, según los informes a los que tuvo acceso THE OBJECTIVE y pudo confirmar de fuentes municipales. En el momento de conceder la subvención, el Consistorio estaba gobernado por el PSOE, aunque tras las elecciones municipales del 28 de mayo pasó a manos del PP, cuyo alcalde está intentando solucionar esta situación.
El Ayuntamiento de Ortigueira presentó un proyecto al Instituto para la Transición Justa, dirigido por Laura Martín Murillo, dependiente del Ministerio de Transición Ecológica, denominado «Equipamientos vinculados al sendero litoral» al amparo de la Orden TED/1476/2021 de ayudas económicas a entidades locales afectadas por el cierre de minas de carbón, centrales térmicas de carbón o centrales nucleares. La finalidad es que dichas entidades locales amortigüen económica y socialmente el cierre de estas infraestructuras.
El proyecto municipal consistía en dos actuaciones. La primera, la rehabilitación de las escuelas como albergue y centro sociocultural, con una inversión de 721.391,23 euros, el 95 por ciento; y la segunda contemplaba dos actuaciones en la zona de la ribera de la ría denominada área de descanso de O Murito, con una intervención por 32.266,84 euros en la mejora de la cubierta situada en un terreno privado con un contrato de cesión en vigor y la rehabilitación de unas plataformas de baño y una pasarela, el cinco por ciento. Una de las condiciones para acceder a la subvención es que los terrenos sean públicos o bienes de dominio público.
La primera parte de la actuación sí cumple los requisitos establecidos en la Orden, pero no la parte correspondiente al cinco por ciento, que tiene dos actuaciones. La rehabilitación del área de descanso pertenece a un ciudadano particular, pero el Ayuntamiento tiene la cesión de forma indefinida a favor del municipio. El problema está en la segunda actuación, la rehabilitación de una pasarela para el baño, que se encuentra en dominio público marítimo-terrestre y el Ayuntamiento no es su titular. Lo único que dispone es de una concesión de uso desde el año 2001 con una duración máxima de 30 años no prorrogable, hasta el 2031. Esto no lo permite la Orden, ya que la vigencia debe de ser de diez años o más, por lo que tendría que estar vigente hasta 2033, una vez que la subvención se ha concedido en 2023.
El Instituto para la Transición Justa reclamó al Ayuntamiento que subsanara este error y le pidió una certificación acreditativa de la titularidad pública del espacio donde se iba a realizar la inversión. El Consistorio, entonces gobernado por el PSOE, asegura que comunicó «la no disponibilidad de los terrenos», pero el instituto afirma que «no hay constancia de ninguna comunicación al respecto en los diferentes registros de entrada». A pesar de todo ello, este proyecto de concesión siguió su tramitación sin reunir los requisitos para participar en un proceso en competencias con otras entidades.
A la vista de esta situación, el citado instituto reclamó un informe a la Abogacía del Estado a través de un oficio con fecha 3 de noviembre de 2023, que obra en poder de este periódico. Las fuentes conocedoras del proceso de adjudicación de la subvención señalan a THE OBJECTIVE que «el oficio viene a decir que se dio cuenta tras una solicitud de modificación del proyecto presentada por el municipio, pero, no es verdad, ya que el Instituto conocía el motivo real desde hacía muchos meses«. En este sentido, estas fuentes apuntan a que Tragsatec, una empresa pública que está asesorando en la concesión de fondos a los ayuntamientos, «avisó por escrito en varias ocasiones tanto antes de la resolución de la concesión como después. El instituto estaba más que avisado que iba a realizar una acción contraria a Derecho».
El informe de la Abogacía del Estado, con fecha de 30 de noviembre de 2023, al que ha tenido acceso este periódico, es muy contundente sobre la forma en que se ha concedido la subvención: «Una parte de los terrenos sobre los que se ejecuta el proyecto no eran de titularidad del Ayuntamiento, ni podía disponer de ellos por más de diez años y, a pesar de ello, se le concedió la subvención, constituye un vicio de nulidad o anulabilidad». Igualmente, señala que «el Ayuntamiento concurrió al procedimiento sin reunir la totalidad de los requisitos para ser considerado beneficiario, lo que vulnera lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 38/2003».
Las fuentes municipales consultadas del nuevo Gobierno del PP aseguran que «todo es muy extraño. La arquitecta privada del proyecto no mira el tiempo de concesión de Costas sobre los terrenos, que tiene que ser de diez años y solo la tenemos por siete. La presentaron a sabiendas de que nos iban a decir que no, lo raro es que nos dijeron que sí». Cuando llegaron los populares, se negaron a seguir hacia adelante con el proyecto y «hablamos con Costas y hace unos días se han puesto las pilas y nos han dado la concesión a quince años para no perder el dinero».
Estas fuentes dicen que las irregularidades son aún peor, ya que «la arquitecta del proyecto dice que va a actuar en 30 metros de pasarela cuando se ve clarísimamente en la concesión que solo nos dejan actuar sobre veinte y en ningún caso aumentarla. Aún así nos lo aprobaron. El proyecto de base no cumplía y nos llaman desde el Ministerio que nos van a quitar el dinero porque se concedió mal y nos dicen que mandarán un escrito diciendo que fue culpa nuestra, ese escrito jamás llegó. Todo huele fatal. Cuando llega el PP es cuando revisan y nos llaman diciendo que hay un problema. Llamamos al Ministerio diciendo lo que sucedía».
El ministerio intentó sin éxito esquivar su responsabilidad en la concesión irregular de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la UE, conocido como Next Generation, pidiendo al afectado, el Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña) que renunciara a esta ayuda. El equipo de gobierno, en manos del Partido Popular, que heredó esta situación del anterior alcalde, del PSOE, se negó y advirtió de que, si «no hay una solución para no perjudicar a los vecinos, iremos donde haga falta», en referencia a una posible actuación judicial. Este proyecto fue vendido «a bombo y platillo» por el anterior alcalde del PSOE durante la campaña electoral de las municipales de 2023.
