Ribera intentó esquivar su culpa en una ayuda ilegal de la UE pidiendo renunciar al afectado

El Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, intentó sin éxito esquivar su responsabilidad en la concesión irregular de 760.000 euros de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia de la UE, conocido como Next Generation, pidiendo al afectado, el Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña) que renunciara a esta ayuda. El equipo de gobierno, en manos del Partido Popular, que heredó esta situación del anterior alcalde, del PSOE, se niega y advierte de que, si «no hay una solución para no perjudicar a los vecinos, iremos donde haga falta», en referencia a una posible actuación judicial. Este proyecto fue vendido «a bombo y platillo» por el anterior alcalde del PSOE durante la campaña electoral de las municipales de 2023.

Lasa fuentes municipales consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que «el Ministerio de Transición Ecológica se puso en contacto en julio de 2023 con un técnico del Ayuntamiento y le dijo que, de oficio, teníamos que renunciar nosotros a la subvención. Por supuesto el técnico le dijo que no tenía potestad para hacer un oficio renunciando a la subvención y ya no volvieron a llamar más. El objetivo sería que al renunciar ya no se investigara más».

Esta fuente niega rotundamente que vayan a rechazar 800.000 euros «porque Ortigueira necesita inversiones, otra cosa es cómo la recibiera. Si es ilegal y hay responsabilidades, que se depuren, pero que no quiten la inversión a los vecinos y estos sean los perjudicados. Nosotros somos víctimas y nos ha sorprendido que, en este caso, cuando siempre nos dicen que no a todo, lo resolvieron muy bien y en diez días nos concedieron más años de disfrute de la zona objeto de polémica». Tal es así que el 27 de marzo el Pleno del Ayuntamiento aprobó la titularidad municipal de los terrenos donde se iba a ubicar el proyecto, que dependía de que Costas aumentara esta titularidad, a más de diez años desde la concesión de la subvención.

Como ya publicó THE OBJECTIVE, el Ministerio de Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribera, concedió el 9 de febrero de 2023 a través de una resolución provisional y el 5 de julio, de forma definitiva, una subvención al Ayuntamiento de Ortigueira (La Coruña) con cargo a los fondos europeos Next Generation por importe de 759.658,07 euros que un informe de la Abogacía del Estado considera un «vicio de nulidad», ya que el Consistorio «no reunía los requisitos» y es contrario a la ley. Este documento señala que el proyecto no se ajustaba a los criterios de la convocatoria, según los documentos a los que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, y han podido confirmar de fuentes municipales. En el momento de conceder la subvención, el Consistorio estaba gobernado por el PSOE, aunque tras las elecciones municipales del 28 de mayo pasó a manos del PP, cuyo alcalde está intentando solucionar esta situación.

El proyecto municipal consistía en dos actuaciones. La primera, la rehabilitación de las escuelas como albergue y centro sociocultural, con una inversión de 721.391,23 euros, el 95%; y la segunda contemplaba dos actuaciones en la zona de la ribera de la ría denominada área de descanso de O Murito, con una intervención por 32.266,84 euros en la mejora de la cubierta situada en un terreno privado con un contrato de cesión en vigor y la rehabilitación de unas plataformas de baño y una pasarela, el 5%. Una de las condiciones para acceder a la subvención es que los terrenos sean públicos o bienes de dominio público.

La primera parte de la actuación sí cumple los requisitos establecidos en la Orden, pero no así la parte correspondiente al 5%, que tiene dos actuaciones. La rehabilitación del área de descanso pertenece a un ciudadano particular, pero el Ayuntamiento tiene la cesión de forma indefinida a favor del municipio. El problema está en la segunda actuación, la rehabilitación de una pasarela para el baño, que se encuentra en dominio público marítimo-terrestre y el Ayuntamiento no es su titular. Lo único de que dispone es de una concesión de uso desde el año 2001 con una duración máxima de 30 años no prorrogable, hasta el 2031. Esto no lo permite la Orden, ya que la vigencia debe de ser de diez años o más, por lo que tendría que estar vigente hasta 2033, una vez que la subvención se ha concedido en 2023.

El Instituto para la Transición Justa reclamó al Ayuntamiento que subsanara este error y le pidió una certificación acreditativa de la titularidad pública del espacio donde se iba a realizar la inversión. El Consistorio, entonces gobernado por el PSOE, asegura que comunicó «la no disponibilidad de los terrenos», pero el instituto afirma que «no hay constancia de ninguna comunicación al respecto en los diferentes registros de entrada». A pesar de todo ello, este proyecto de concesión siguió su tramitación sin reunir los requisitos para participar en un proceso en competencias con otras entidades.

A la vista de esta situación, el citado instituto reclamó un informe a la Abogacía del Estado a través de un oficio con fecha 3 de noviembre de 2023, que obra en poder de este periódico. Las fuentes conocedoras del proceso de adjudicación de la subvención señalan a THE OBJECTIVE que «el oficio viene a decir que se dio cuenta tras una solicitud de modificación del proyecto presentada por el municipio, pero no es verdad, ya que el Instituto conocía el motivo real desde hacía muchos meses». En este sentido, estas fuentes apuntan a que Tragsatec, una empresa pública que está asesorando en la concesión de fondos a los ayuntamientos, «avisó por escrito en varias ocasiones tanto antes de la resolución de la concesión como después. El instituto estaba más que avisado que iba a realizar una acción contraria a Derecho».

El informe de la Abogacía del Estado, con fecha de 30 de noviembre de 2023, al que ha tenido acceso este periódico, es muy contundente sobre la forma en que se ha concedido la subvención: «Una parte de los terrenos sobre los que se ejecuta el proyecto no eran de titularidad del Ayuntamiento, ni podía disponer de ellos por más de diez años y, a pesar de ello, se le concedió la subvención, constituye un vicio de nulidad o anulabilidad». Igualmente, señala que «el Ayuntamiento concurrió al procedimiento sin reunir la totalidad de los requisitos para ser considerado beneficiario, lo que vulnera lo establecido en el artículo 13.1 de la Ley 38/2003″.

Las fuentes municipales consultadas del nuevo Gobierno del PP aseguran que «todo es muy extraño. La arquitecta privada del proyecto no mira el tiempo de concesión de Costas sobre los terrenos, que tiene que ser de diez años y solo la tenemos por siete. La presentaron a sabiendas de que nos iban a decir que no, lo raro es que nos dijeron que sí». Cuando llegaron los populares, se negaron a seguir hacia adelante con el proyecto y «hablamos con Costas y hace unos días se han puesto las pilas y nos han dado la concesión a 15 años para no perder el dinero».

Este proyecto fue vendido «a bombo y platillo» por el anterior alcalde durante la campaña electoral de las elecciones de mayo de 2023, según señalan estas fuentes municipales, que advierten de que la solución tiene que «entregarse por escrito, con un papelito porque han podido cometer algún delito, eso habrá que verlo».