Sánchez prepara nuevas medidas sociales para intentar «levantar» a Sumar tras las europeas

El Gobierno acusa el desgaste del ciclo electoral de 2024. Cinco meses y cuatro elecciones que han bloqueado la actividad legislativa en el Congreso y hecho mella en las relaciones de los socios de la coalición, que esta semana han dinamitado las mayorías en dos iniciativas: la proposición de Ley del PSOE para abolir la prostitución, y el proyecto de Ley del Suelo del Gobierno. Una semana negra para el Ejecutivo, que recoge lo sembrado en la estrategia electoral del PSOE en estos meses: fagocitar a su socio y concentrar el voto útil en el PSOE. La vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, volvió a quedarse fuera de la representación en Galicia, se hundió en el País Vasco y Cataluña, y según los cálculos socialistas, se limitará a salvar los muebles» en las elecciones europeas. Entre unas elecciones y otras el PSOE pidió a Díaz una «reflexión» sobre la deriva de su partido rumbo a su extinción. De hecho, fuentes de Moncloa aventuraban al inicio de la legislatura que «ya están muertos», sólo a expensas de su entierro el 9-J. 

Sin embargo, en el PSOE han ponderado los costes y beneficios de esa posible extinción y el resultado no les es favorable. Tras un cálculo sereno de los números se deriva el hecho incontestable de que una parte de Sumar y de Podemos es más proclive a la abstención que a votar al PSOE. Y, desde esa óptica, la suma es necesaria, es decir, que es mejor contar con tres fuerzas políticas al máximo de sus posibilidades que garanticen el ensanchamiento del espacio de izquierdas y que ningún flaco o espacio del votante progresista se quede fuera de la ecuación. Por ello, la reflexión que el PSOE pretende transformar en acción una vez se supere el horizonte electoral en Europa es que «hay que levantar al socio», darle el oxígeno que necesita para recuperar parte del peso perdido. Aterrizándolo en lo concreto en el ámbito del Gobierno: cederle protagonismo en el terreno social tras meses de búsqueda desesperada del foco mediático, entre otros asuntos, con Palestina.

Precisamente por ello, según las fuentes socialistas consultadas por THE OBJECTIVE, Pedro Sánchez se plantea aprobar un paquete de medidas sociales conjuntamente con sus socios para después de las elecciones europeas. Unas medidas en las que «ya se está trabajando» aunque de forma separada entre PSOE y Sumar. No habrá puesta en común hasta ver los resultados de las europeas, y hacer, cada uno por su lado, las reflexiones necesarias y tomar, en su caso, las medidas oportunas. Fuentes gubernamentales confirman que la intención es volver a poner el foco en lo social, en las familias y contribuyentes, tras varios meses enfrascados en el debate de la amnistía y las cesiones a los independentisas. 

Extensión de la baja de maternidad y paternidad

De hecho, en Moncloa confían en que el nuevo paquete de medidas sociales permitirá pasar página y cambiar el marco tras la aprobación definitiva de la Ley de amnistía el próximo jueves 30 de mayo en el Congreso de los Diputados. Los socialistas se reservan con hermetismo las medidas que están en mente del jefe del Ejecutivo en el terreno social, pero en Sumar son más transparentes en el trabajo adelantado que ya han empezado a hacer para cuando llegue el momento. Según fuentes del grupo plurinacional, una de las iniciativas que esperan aprobar es la extensión definitiva de la ampliación a 20 semanas del permiso de paternidad y maternidad, incluido en el acuerdo de gobierno de coalición, y cuyo coste superará los 1000 millones de euros. Cuantificar el coste es fundamental porque la aprobación de este nuevo paquete pretende ser la avamzadilla del debate de los Presupuestos Generales del Estado, cuyo trabajo de campo debe perfilarse antes del verano. 

Sumar también espera medidas para las familias y medidas tributarias, como el mantenimiento de los gravámenes a las grandes fortunas, a la riqueza, o implementando los impuestos verdes pendientes en su programa y en línea con las recomendaciones de la OCDE hace pocas semanas. También volverá a solicitar cambios en el Impuesto del Valor Añadido (IVA) para «quitar privilegios en al ámbito veterinario» y financiar los productos de higiene femenina, entre otras cuestiones. El Consejo de Ministros ya aprobó hace una semana otra de las medidas incluidas en el acuerdo de la coalición: las ayudas directas para la compra de gafas y lentillas a menores de 18 años, que comenzará a financiarse en 2025. 

Flexibilizar la senda fiscal europea

Según fuentes gubernamentales, «es importante que todas las iniciativas que acordemos ahora tengan su partida presupuestaria», para incluirla en octubre cuando se presenten las nuevas cuentas públicas. Tras la renuncia a presentar PGE, anunciado el mismo día del adelanto electoral en Cataluña por la imposibilidad de ERC y Junts de facilitar su aprobación en mitad de la contienda, el Ejecutivo da por hecho ahora que se presentarán las nuevas cuentas, independientemente de la negociación en Cataluña para la formación de un Gobierno y sus consecuencias nacionales en el Parlamento. No sólo por el imperativo de aprobar unos presupuestos como termómetro de la salud de la legislatura, ni por la necesidad de contar con el armazón legislativo que canalice los fondos europeos, sino porque son de vital importancia para el debate sobre las reglas fiscales en Europa que empezarán a aplicarse gradualmente en 2024.

La coalición quiere lograr que la aplicación de las nueva gobernanza económica se haga con «sendas diferenciadas por países». España se situó al cierre del 2023 en el 3,6% sobre el PIB y la deuda pública en el 107,7% del Producto Interior Bruto. La Comisión Europea ha estimado que nuestro país logrará recortar el déficit al 3,2% en 2024, apenas dos décimas por encima de la senda de estabilidad del 3% de déficit y el 60% de deuda. Pero, según los cálculos gubernamentales, «sólo esas dos décimas en los porcentajes suponen 100.000 millones de euros», lo cual hace crucial la flexibilización de los objetivos y alcanzar un acuerdo en la coalición para el restablecimiento de las reglas fiscales. 

Rebaja de mayorías y reforma Lecrim

En paralelo, el Gobierno plantea actuar en el plano judicial tras el 9-J. Como adelantó THE OBJECTIVE, Pedro Sánchez pretende aprobar una reforma de la Ley Orgánica del Poder judicial para cambiar el sistema de elección de los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). La fórmula está por definirse, pero la presión de los socios es unánime y la voluntad del Gobierno inequívoca. En la comparecencia de la semana pasada en el Congreso, el presidente del Gobierno respondió a la petición de sus socios asegurando que «después de las eleciones europeas tendremos que plantearnos todos los grupos parlamentarios qué hacer para devolver la normalidad a una institución tan importante como es el gobierno de los jueces». La intención, como se deduce de esta afirmación y confirman fuentes gubernamentales, es que sean nuevamente los grupos parlamentarios de la coalición, PP y PSOE, quienes suscriban una proposición de ley de reforma de la ley orgánica, en lugar de utilizar la iniciativa gubernamental, que ya fue obligada a retirarse. De forma simultánea, el Ejecutivo quiere acometer también una reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (Lecrim) para que la instrucción recaiga sobre los fiscales en lugar de los jueces.