Puigdemont no podrá ser investido a distancia ni tan siquiera con la amnistía aprobada
El líder de Junts insiste en ser elegido presidente de la Generalitat por mayoría simple
Carles Puigdemont. | Agencias
Los planes de Carles Puigdemont van perdiendo fuerza. Los resultados de Junts per Catalunya en las elecciones del 12 de mayo -quedando por detrás del PSC y sin que el independentismo tenga ya mayoría parlamentaria- hacen muy difícil su objetivo de ser investido por mayoría simple. Aunque el candidato de Junts mantiene su posición maximalista de ser investido presidente de la Generalitat, cada vez más voces dentro del partido reconocen que es «poco probable» que ocurra. Y si no vuelve a España, tal y como ya apuntan algunos sectores del partido, tampoco podrá ser investido a distancia. Así lo establece una sentencia del Tribunal Constitucional de marzo de 2019.
Puigdemont aseguró en la campaña electoral que regresaría a España para asistir a la sesión de investidura, después de los comicios europeos, pero la posibilidad de ser detenido o que la amnistía quede paralizada en su caso concreto, alejan su regreso. Incluso en el mejor de los escenarios, con un acuerdo político con el PSOE para apoyar su investidura, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional dejó claro que no se puede investir de forma telemática.
La sentencia 45/2019, de 27 de marzo de 2019, del órgano de garantías establece la «nulidad de los preceptos legales autonómicos que posibilitan la investidura no presencial del candidato a la presidencia de la Generalitat de Cataluña, así como la celebración de reuniones a distancia del consejo de gobierno». Es decir, si el líder independentista declina volver a España, no podrá ser investido president. Y si regresa, se arriesga a ser detenido o a una respuesta del Tribunal Supremo que congele la medida de gracia sobre él.
Congelación de la amnistía
Tras su paso por el Senado, este jueves 30 de mayo el Congreso votará de forma definitiva la ley de amnistía y, salvo sorpresas de última hora, todo apunta a que será aprobada por el bloque que apoya al Gobierno de Pedro Sánchez. No obstante, cualquier juez de los que lleva alguna causa donde Puigdemont está implicado puede elevar una cuestión de inconstitucionalidad en el Supremo o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea que deje en el aire la aplicación para Puigdemont. Una situación que se puede alargar mucho tiempo.
Puigdemont realizó una campaña electoral que giraba sobre la idea de la «restitución del president», después de que fuera cesado en virtud del artículo 155 de la Constitución. Pese a meditar con su núcleo duro volver por sorpresa en campaña, finalmente prometió estar en el Parlamento catalán para «el debate de investidura». La opción de no cumplir su compromiso cada vez parece más factible por la imposibilidad de la ley de amnistía de frenar la acción de la justicia. Ante esta coyuntura, Puigdemont no se fía y medita quedarse en el extranjero. Si esto ocurre, pierde cualquier posibilidad de ser investido.
El precedente de 2018
Después de las elecciones convocadas por el Gobierno de Mariano Rajoy tras la intervención de la autonomía, y ya con Puigdemont fugado de la justicia española, los partidos independentistas -Junts, ERC y la CUP- sumaron para poder investir a Puigdemont de forma telemática, pese a que Ciudadanos ganó las elecciones.
En el debate sobre la propuesta de investidura de Puigdemont, el entonces presidente del Parlament, Roger Torrent (ERC), recibió una primera advertencia por parte del Tribunal Constitucional sobre las consecuencias legales de celebrar el pleno. El presidente de la Cámara catalana lo aplazó hasta tener un debate «efectivo y con garantías». Y no quiso arriesgarse a una eventual pena de desobediencia.
Posteriormente, el 8 de mayo, los tres partidos independentistas emprendieron una reforma del reglamento del Parlament por el procedimiento de lectura única que habilitaba al Parlament a investir al presidente de la Generalitat por vía telemática. Lo hicieron pese a que el Consejo de Garantías Estatutarias lo desaconsejaba. Tras el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Ejecutivo de Rajoy, el Constitucional anuló en 2019 el nuevo reglamento. Y Puigdemont no fue investido desde Bélgica.
