El Congreso aprueba la amnistía y culmina la rendición ante el independentismo

Cuando se conocieron los resultados de las pasadas elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, quedó una cosa clara: si Pedro Sánchez volvía a ser presidente iba a ser con una serie de cesiones al independentismo catalán que hasta ahora no se habían realizado. No se pensaba solo cesiones económicas o más autogobierno para Cataluña, lo que se vino a la mente tras el recuento electoral, y después de conocer que los votos de Junts serían necesarios para la continuidad del líder socialista en Moncloa, fue la amnistía. Y hoy, diez meses después, el Congreso de los Diputados ha aprobado de forma definitiva la norma.

Fue tan clave la amnistía para que Sánchez lograra ser investido como presidente del Gobierno que el Grupo Socialista del Congreso presentó en la Cámara Baja el texto de la norma tres días antes que se consagrara la continuidad del presidente al frente del Ejecutivo. Pero ha sido un camino con altibajos, porque el PSOE presentó en solitario el texto de la ley e incluso tras intensas negociaciones con ERC y Junts, los de Carles Puigdemont llegaron a votar no a la ley el pasado enero para forzar la inclusión de nuevas enmiendas.

Pese a ese camino tortuoso, con numerosas manifestaciones en Ferraz y otras tantas convocadas por el PP en diferentes sitios de España, el Congreso ha aprobado este jueves definitivamente la ley de amnistía. Pero no lo ha hecho con los 178 votos a favor esperados, finalmente han sido 177 porque la diputada de Podemos Martina Velarde Gómez no ha votado por no estar presente en la Cámara Baja. Ahora, una vez que la norma se publique en el BOE (momento en el que Puigdemont ya podrá volver a España), serán los jueces los que tengan que decidir, caso a caso, su aplicación.

La votación y posterior aprobación se ha podido llevar a cabo este jueves después de que hace unas semanas el PP levantara el veto a la norma en el Senado, donde cuentan con mayoría absoluta. La misma se ha retrasado algo más de lo normal por la estrategia de los populares en la Cámara Alta, basada en un informe de sus letrados en la que se cuestionaba la constitucionalidad de la norma y que esta podría vulnerar derechos de la Unión Europea. Pero pese a ello, finalmente el Congreso ha avalado la ley impulsada por el Gobierno junto a sus socios independentistas catalanes.

Personas beneficiadas por la ley de amnistía

Aunque no hay cifras oficiales, el ministro de la Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, realizó un cálculo en el que se determinaba que un total de 372 personas con causas penales se iban a poder beneficiar de la ley que finalmente se ha aprobado este jueves. Entre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, ya que aunque fue indultado, este fue parcial.

Pero la cifra de personas podría ser aún mayor, ya que también se sumarán a los sancionados en aplicación de la ley de seguridad ciudadana -que podrán recuperar las multas abonadas-. Junts calcula en un millar a estos últimos y ERC ha llegado a hablar de hasta 1.500 personas. De hecho, la organización jurídica vinculada a la izquierda independentista Alerta Solidària ha cifrado en 419 el número de manifestantes y activistas amnistiables, un recuento del que excluyen a políticos, miembros de la administración o trabajadores bajo órdenes de gobiernos autonómicos o municipales

A partir de cuándo se podrá aplicar la amnistía

Una vez realizada el trámite de la aprobación en el Congreso y después de su publicación en el BOE, de forma inmediata los jueces deberán dictar libertad si hay alguien en prisión, levantar las medidas cautelares y alzar las órdenes de detención que estén en vigor. Aunque esto podría quedar suspendido temporalmente si los magistrados encargados de los casos presentan una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional o una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) -por considerar que la ley puede colisionar con el derecho comunitario-.

Además, tal y como publica THE OBJECTIVE, existe inquietud en el Gobierno por si los jueces se niegan a aplicar la norma. «Dependerá de los jueces», explican fuentes socialistas a este periódico. Pese a ello, en Moncloa esperan que los jueces «cumplan con la ley», aunque no tienen dudas de que el Tribunal Supremo planteará sin demora esa cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En concreto, el Gobierno no está preocupado, pero sí inquieto ante las ‘orientaciones’ que se quiera dar desde la cúpula judicial, como se hizo la semana pasada cuando un grupo de jueces difundieron una guía anti-amnistía a través de un correo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

La amnistía no se publicará inmediatamente en el BOE

Pese a que lo previsible era que la amnistía se publicara en el BOE en los próximos días, fuentes del Gobierno han explicado a EFE que la previsión es que aparezca en el Boletín Oficial del Estado la próxima semana. Por tanto, no se incluirá este mismo viernes en el BOE y se estará a la espera de cuándo lo haga el Boletín de las Cortes, que suele tardar en torno a una semana en publicar las leyes y, unos días después, hace lo propio el Boletín del Estado.