El abogado de Puigdemont acusa al PSOE de paralizar la amnistía para atrasar su vuelta
Los socialistas argumentan que tiene publicarla el Boletín de las Cortes y luego ser sancionada por Felipe VI
El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, en el Senado | Gustavo Valiente (Europa Press)
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha acusado al PSOE de retrasar de forma intencionada la entrada en vigor de la ley de amnistía para atrasar la vuelta de los «exiliados»: «El PSOE está paralizando la publicación de la amnistía, a pesar de ser una ley aprobada en el Congreso con el voto favorable, incluso, del presidente del gobierno español».
«Carles Puigdemont y el resto de exiliados podrán volver en cuanto la amnistía se publique en el Boletín Oficial del Estado», ha asegurado Boye en una entrevista en Rac1. No obstante, esto es algo que aún no ha ocurrido, aunque el abogado defiende que ocurrirá a pesar de «las maniobras de la judicatura para poner bastones en las ruedas» a esta norma.
Boye va más allá y asegura que, en su opinión, el Gobierno español mantiene la ley en un cajón porque «teme el empuje electoral» que pueda dar a Puigdemont de car a los comicios europeos y, además, no quieren perjudicar al líder del PSC, Salvador Illa, a la hora de constituir el Parlamento catalán.
Por último, ha sentenciado que el viaje del Rey es una excusa que no sirve ya que «Felipe VI puede firmar cualquier ley que se le haga llegar de forma electrónica». A pesar de todo ello, el abogado de Puigdemont no cree que esto vaya a impedir el regreso de los huidos del procés: «Puigdemont nunca ha supeditado su regreso a la amnistía, sino que le ha ligado a la investidura».
Publicación en el Boletín Oficial de las Cortes Generales
El Gobierno planea posponer la publicación de la ley de amnistía en el Boletín Oficial del Estado (BOE) hasta después de las elecciones europeas del 9-J, como ha adelantado THE OBJECTIVE. El Gobierno ha calificado este retraso como algo normal pero, en realidad, provoca que el Tribunal Supremo no pueda presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en la recta final de la campaña electoral europea.
Fuentes gubernamentales han asegurado a este periódico que es «una cuestión menor» que responde a la necesidad de esperar hasta que el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG) publique la norma. Esto es algo que, según fuentes parlamentarias, suele ocurrir en aproximadamente una semana; tras este tiempo, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes envía el texto a Presidencia del Gobierno, que es quien debe remitirlo al Palacio de la Zarzuela para ser sancionado por el rey Felipe VI en el plazo máximo de 15 días desde su aprobación en las Cortes.
