El PP se reserva el recurso ante el TC sobre la amnistía hasta ver la respuesta del Supremo
Los ‘populares’ admiten que «la confianza en el Tribunal Constitucional no es muy elevada»
El Grupo Parlamentario Popular del Congreso de los Diputados. | Agencias
El Partido Popular sigue sin desvelar su decisión sobre la Ley de Amnistía aprobada este jueves por el Congreso de los Diputados, en el sentido de recurrirla, o no, ante el Tribunal Constitucional. Las fuentes populares consultadas por THE OBJECTIVE aseguran que esperarán a ver la respuesta del Tribunal Supremo, órgano sentenciador, que es al que le corresponde presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).
De momento, el Partido Popular ha lanzado a todos los presidentes autonómicos a recurrir al Tribunal Constitucional la ley, en una acción concertada para dar una primera respuesta al desafío lanzado por el PSOE, sus socios de izquierda y las fuerzas nacionalistas. La encargada de hacer el anuncio ha sido la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, a la que han seguido el resto de los dirigentes autonómicos.
«Hoy es un día nefasto para la democracia española, puesto que se aprueba la ley más corrupta. Desde hace décadas, no conocemos algo igual, una ley por la que pretenden olvidar todo lo que sucedió en Cataluña en esos meses», subrayó Ayuso. Por su parte, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anunció que los servicios jurídicos ya están trabajando en el recurso de inconstitucionalidad, «para que de manera inmediata se ponga ese recurso para intentar parar este desafío secesionista e independentista». Igualmente, Fernando López Miras, reiteró que Murcia recurrirá la Ley de Amnistía y ha destacado que hoy (por este jueves), cuando se ha aprobado, «es un día negro para España». «Como ya anuncié, recurriremos la Ley de Amnistía ante el Constitucional y la pararemos en los tribunales», insistió.
Mientras los populares autonómicos se lanzaban a esta vía judicial, la dirección nacional aseguraba que no es ninguna novedad, ya que esta decisión se había anunciado, según fuentes de esta formación política. En este sentido, remitían a la denominada «Declaración de Córdoba» del pasado 24 de marzo, manifiesto presentado por el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en una reunión en la capital andaluza. Los populares se conjuraron contra la amnistía y contra la «corrupción política» del Gobierno de Sánchez con esta norma, como así lo ha puesto este jueves de manifiesto el propio líder popular durante su intervención en el Pleno del Congreso de los Diputados.
Estas mismas fuentes precisan que la dirección nacional no tiene decidido este recurso, teniendo en cuenta que cualquier reticencia que pueda ver está ya cubierta con el paso dado por todos los gobierno autonómicos. Vox no podrá contar con ningún argumento para echarle en cara al Partido Popular que no acudió al Constitucional para intentar frenar la ley. «Los servicios jurídicos lo están mirando y veremos qué decisión toman», señalan.
Se decida, o no, desde la cúpula popular se advierte de que su «confianza en el Tribunal Constitucional no es muy elevada», teniendo en cuenta que el presidente, Cándido Conde-Pumpido, es un jurista cerca al PSOE y desde que ocupa el cargo el citado tribunal ha tumbado varias iniciativas de los populares. En cualquier caso, este recurso del PP no se presentaría durante la campaña electoral de las europeas. Desde el PP entienden que para el Tribunal Constitucional será «más difícil» rechazar los argumentos jurídicos de 11 comunidades autónomas.
Los populares consideran «más potente» la estrategia jurídica que pueda articular el juez Marchena desde el Tribunal Supremo, al ser el órgano que dictó la sentencia y que ahora ha quedado en entredicho, que un recurso de esta formación política ante el Tribunal Constitucional. Una circunstancia que le puede servir de argumento para la campaña electoral: «Si los jueces actúan, no tiene sentido que nosotros nos quememos», señalan fuentes de la dirección nacional.
El Partido Popular ha centrado su estrategia hasta que se ha aprobado la ley en denunciar la «tramitación irregular» que consideran que se ha realizado en el Congreso de los Diputados, al hacerlo por el trámite de urgencia, sin contar con informes del Consejo Fiscal, Consejo General del Poder Judicial o el Consejo de Estado, como así lo denunciaron varios letrados del Senado. La mayoría absoluta del PP en la Cámara Alta vetó la ley, pero el PSOE y sus socios han levantado este veto en el Congreso.
