El Gobierno miente: ya ha publicado leyes en el BOE sin esperar al Boletín de las Cortes

El Gobierno de Pedro Sánchez está intentando buscar un subterfugio para que no entré en vigor la Ley de Amnistía antes del 9 de junio, día de la celebración de las elecciones europeas, evitando así que los jueces puedan paralizarla. Una de estas excusas es que hasta que no esté publicada en el Boletín Oficial de las Cortes no puede publicarse en el Boletín Oficial del Estado (BOE). Sin embargo, THE OBJECTIVE ha podido comprobar que hay leyes que se han publicado en el BOE sin haber pasado antes por el órgano del Congreso de los Diputados.

Lo que antes era posible, ahora parece imposible. La máxima que intenta el Gobierno y el PSOE hacer creer, como así lo hizo este jueves en los pasillos del Congreso de los Diputados tras aprobarse la Ley de Amnistía, puede desmontarse con una simple mirada a otros trámites parlamentarios que han tenido lugar en la Cámara Baja durante el Gobierno de Pedro Sánchez.

Las fuentes consultadas por este periódico indican que el único plazo que existe lo marca el artículo 91 de la Constitución, que dice lo siguiente: «El Rey sancionará en el plazo de quince días las leyes aprobadas por las Cortes Generales, y las promulgará y ordenará su inmediata publicación».

Así, algunas de las leyes que han sido publicadas en el BOE sin estar antes en el Boletín de las Cortes son las siguientes: la Ley 2/2023, de 20 de febrero, reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas y de lucha contra la corrupción fue publicada en el BOE el 21 de febrero de 2023 y un día después en el Boletín de las Cortes; la Ley Orgánica 14/2022, de 22 de diciembre, de transposición de directivas europeas y otras disposiciones para la adaptación de la legislación penal al ordenamiento de la Unión Europea, y reforma de los delitos contra la integridad moral, desórdenes públicos y contrabando de armas de doble uso, publicada en el BOE el 23 de diciembre de 2022 y en el Boletín de las Cortes el 27 de diciembre de 2022.

Igualmente, la Ley de protección de los consumidores y usuarios frente a situaciones de vulnerabilidad social y económica (procedente del Real Decreto-ley 1/2021, de 19 de enero) se publicó en el BOE el 1 de marzo de 2022 y en el de las Cortes el 3 de marzo de 2022; la Ley 15/2022, de 12 de julio, integral para la igualdad de trato y la no discriminación fue publicada en el BOE el 13 de julio de 2022 y en el de las Cortes el 14 de julio de 2022; y la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular, publicada en el BOE el 9 de abril de 2022 y en el de las Cortes el 13 de abril de 2022.

Como publicó el viernes este periódico, la novedad de la Ley de Amnistía no está en el qué sino en el cuándo. Cuándo entrará en vigor. Pese al procedimiento habitual, que la norma aprobada se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) al día siguiente de su aprobación, el Gobierno pospondrá esta incorporación en el BOE hasta después de las europeas del 9-J. Un retraso que el Gobierno reviste de normalidad, pero cuyo efecto directo es que cierra el paso al Tribunal Supremo para presentar una cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), en plena recta final de campaña electoral europea del 9-J.

Fuentes gubernamentales sostienen que se trata de «una cuestión menor», que responde a la necesidad de esperar hasta que haya sido publicada la norma por el Boletín Oficial de las Cortes Generales (BOCG). Algo que, según fuentes parlamentarias, suele ocurrir en aproximadamente una semana. Según fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE, transcurrido ese tiempo, la Secretaría de Estado de Relaciones con las Cortes envía el texto a Presidencia del Gobierno, que es quien debe remitirlo al Palacio de la Zarzuela para ser sancionado por el rey Felipe VI en el plazo máximo de 15 días desde su aprobación en las Cortes.

Una vez que Zarzuela sancione la Ley de Amnistía, la norma vuelve a Relaciones con las Cortes, dependiente de Presidencia del Gobierno, que ordena su publicación en el BOE. Un proceso que, en el caso de un decreto ley, se realiza con máxima diligencia, en apenas 24 horas. Según el Gobierno, porque los decretos deben cumplir la condición de urgentes y, por ello, deben convalidarse en el Congreso en el plazo máximo de un mes. En cambio, en el caso de proposiciones de ley (a iniciativa de los grupos parlamentarios), y los proyectos de ley (a iniciativa el Gobierno), suele demorarse unos días más. Según fuentes socialistas, «no hay ni una sola ley que se publique al día siguiente en el BOE», pero fuentes parlamentarias replican que una cosa son 24-48 horas y otra una semana o diez días.

Las maniobras del Ejecutivo se conocen después de que los fiscales del Tribunal Supremo que ejercieron su acusación en el juicio del 1-O comunicaran este jueves al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, que la amnistía no es aplicable para los fugados y procesados por malversación, Carles Puigdemont, Toni Comín y Lluís Puig, que anunciaron que planean retornar a España entre junio y agosto de 2024, coincidiendo con las fechas previstas para las sesiones de investidura en Cataluña.

Un movimiento relevante, porque una de las primeras acciones que se esperan tras la entrada en vigor de la amnistía, es la reactivación de las órdenes de detención a los fugados del procés por parte del juez Pablo Llarena. Los fiscales del 1-O avanzan que pedirán a Llarena que no levante la detención de los prófugos de la justicia y que, en su caso, pregunte a la justicia europea cómo debe proceder. La Ley de Amnistía no ha desplegado aún sus efectos y ya se ha iniciado la respuesta por parte del poder judicial, como contrapeso al poder ejecutivo y legislativo.