El TC inicia la corrección de la sentencia de los ERE y anula la pena de Magdalena Álvarez
El borrador de la sentencia, al que ha accedido TO, anula el fallo del Supremo por vulneración de un derecho fundamental
La sede del Tribunal Constitucional | Agencias
Lo adelantó este periódico hace ocho meses: el Tribunal Constitucional pretende anular la sentencia del Tribunal Supremo sobre la trama de los ERE de Andalucía, según se plasmó en el informe de los letrados adscritos a la magistrada ponente, Inmaculada Montalbán, al que tuvo acceso en exclusiva este periódico, y en el que se asumían las tesis de la defensa de los ex presidentes de la Junta, Manuel Chaves y José Antonio Griñán, y el resto de los 12 condenados por la trama de corrupción del PSOE de Andalucía. La primera que elevó un recurso de amparo al TC contra esa sentencia fue la ex consejera de Hacienda y ex ministra Magdalena Álvarez, y es la primera a la que el tribunal de garantías dará la razón corrigiendo la sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla en 2019, ratificada por el Tribunal Supremo en 2022. El borrador de la sentencia, al que ha accedido en exclusiva THE OBJECTIVE y que este martes 18 de junio estudiará el pleno del TC, estima parcialmente el recurso de amparo de Álvarez y, en consecuencia, declara la nulidad de la pena de nueve años de inhabilitación por haberse vulnerado su derecho fundamental a la legalidad penal.
El fallo que se aboca a pleno este martes restablece su derecho fundamental, recogido en el artículo 25 de la Constitución Española, al instar a la Audiencia Provincial de Sevilla a que dicte un nuevo pronunciamiento respetuoso con el derecho fundamental vulnerado. El borrador de la sentencia aprecia que los tribunales sentenciadores (la Audiencia Provincial de Sevilla y el Tribunal Supremo) incurrieron en una infracción del principio de legalidad penal al condenar a Magdalena Álvarez por un delito continuado de prevaricación por el sistema de concesión de ayudas sociolaborales (la trama de los ERE andaluces) incluidos en los anteproyectos de ley de Presupuestos de los años 2002, 2003 y 2004, y las modificaciones presupuestarias de octubre de 2002.
El fundamento jurídico de esta sentencia recoge los argumentos empleados a finales de 2023 por el informe del letrado adscrito a la ponente que adelantó este periódico y concluye que la lesión del principio de legalidad radica en que los órganos judiciales incurren en manifiestas quiebras lógicas en la argumentación, han hecho una interpretación de los hechos que no se corrresponde con los aceptados comúnmente por la comunidad jurídica y son incompatibles con el sistema institucional y constitucional previsto. La esencia de la sentencia es que los anteproyectos y proyectos de Ley que emanan del Consejo de gobierno autonómico no pueden ser objeto de control jurídico, como se recoge en la doctrina del Constitucional porque tienen una naturaleza jurídica distinta. Por ello, no pueden ser considerados «resoluciones» ni «asuntos administrativas» porque, como alegó la propia Álvarez en su recurso, «ni tienen contenido decisorio ni resuelven sobre el fondo, ni generan efectos jurídicos» sino que son «meros actos preparatorios o de trámite del proceso legislativo que compete al parlamento», cuya fiscalización «altamente incompatible con la separación de poderes» que proclama el artículo 66.2 de la Constitución.
Argumentos que se alinean con el posicionamiento de la Fiscalía, que sostiene que anteproyecto de Ley no puede ser calificado como resolución, en el sentido en el que el Supremo aplica la vulneración del artículo 404 del Código Penal, porque no tiene carácter definitivo y se limita a la iniciativa legislativa del Gobierno. El Ministerio Público alerta de que «fiscalizar penalmente los proyectos de ley supone desapoderar las Cortes Generales de una facultad que les corresponde en exclusiva, vulnerando así el principio de separación de poderes». La ponente concluye que el Supremo, al considerar ilegales el sistema de ayudas de los EREs en los presupuestos, que fue avalado por el parlamento andaluz, asume unas prerrogativas que la Constitución no le otorga y que sólo permitiría el control posterior del TC, tras un recurso de inconstitucionalidad, pero nunca de legalidad.
Se inadmite el amparo a Viera
El TC también estudiará el recurso de amparo del ex consejero de Empleo de la Junta, José Antonio Viera, condenado a siete años de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos. Las citadas fuentes adelantan a THE OBJECTIVE que, en este caso, se inadmite el recurso de amparo de Viera por falta de argumentación en su defensa, que incluye defectos formales. Una decisión que podría anticipar las mismas resoluciones a los otros condenados por malversación en esta macrocausa de los EREs, algunos de los cuales se encuentran en prisión. El caso de Álvarez es distinto en la medida en que asume las tesis de la defensa de Chavez y Griñán y podría anticipar la estimación de sus recursos de amparo y la nulidad de sus condenas. Algo especialmente relevante en el caso del ex presidente Griñán, ya que hace un año que la Audiencia de Sevilla, decidió posponer durante cinco años la ejecución de su pena de seis años de cárcel.
Es el motivo por el que fuentes del órgano de garantías califican este primer paso en la nulidad de la sentencia de los ERE como «un indulto por la puerta de atrás», especialmente relevante por tratarse de la primera vez en la historia democrática en que el Constitucional corrige una sentencia sobre un caso de corrupción política. La sentencia será previsiblemente ratificada por el pleno este martes con una mayoría de 7 votos a 4.
¿Lo sabía Sánchez en Benalmádena?
La decisión del principio de anulación de la sentencia de los ERE se ve agravada por la actuación del presidente del Gobierno en la recta final de la campaña electoral europea. En un mitin en Benalmádena al que acudió con su esposa, Begoña Gómez, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, arropó a Magdalena Álvarez y animó a los presentes a ovacionarla tras años de ostracismo como víctima personificada de la «máquina del fango». «No somos ingenuos… Tampoco he sido ni soy yo el primer presidente socialista que ha sufrido y ha sido objeto de ese ataque. Ahí esta Magdalena, que ha sufrido el vil ataque de la derecha y la ultraderecha».
Fue el pasado 6 de junio, cuatro días antes de que el Tribunal Constitucional emitiera una nota informativa el 10 de junio, en la que se informó de que el pleno del TC del próximo 18 de junio «están incluidos los recursos de amparo interpuestos, respectivamente, por doña Magdalena Álvarez Arza y don José Antonio Viera Chacón». Desde el PSOE andaluz aseguran a THE OBJECTIVE que en Benalmádena, «ya circulaba» la información sobre la nulidad de su condena y que el presidente Sánchez «todos interpretamos que ya lo sabía». De hecho, llaman la atención sobre la presencia de la ex ministra de Fomento en un mitin de campaña cuando «hacía años que no venía a ningún mitin en Andalucía», desde que fue condenada.
