Una asociación feminista denuncia 120 casos de posible malversación con dinero de Igualdad
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres señala el desvío de los fondos contra la violencia de género
La ministra de Igualdad, Ana Redondo. | EP
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas, ha documentado 119 casos de mal uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y se los ha comunicado al Ministerio de Igualdad, dirigido por la socialista Ana Redondo, en lo que podría constituir un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Entre los casos documentados se encuentran carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes con vermú posterior. A juicio de la Alianza, esas iniciativas «no son objeto de ninguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado», pues estos deberían dedicarse a ayudar a mujeres víctimas de violencia.
El pasado 1 de abril, la asociación de feministas envió a la ministra de Igualdad la primera relación de casos documentada sobre el mal uso de los fondos del Pacto de Estado contra la violencia machista por parte de ayuntamientos y comunidades autónomas, a las que el Gobierno de España repartió este año 160 millones de euros.
Un compromiso incumplido
Como respuesta, la ministra se comprometió por carta a «identificar si se está realizando un uso indebido de los fondos y de ser así, se considerarán actividades no financiables y así se les comunicará a los organizadores». Redondo expresaba en la misiva su condena a «aquellas actividades que supongan un mal uso de estos fondos o que banalicen las políticas públicas destinadas a erradicar la violencia de género, la expresión más salvaje de la desigualdad entre mujeres y hombres».
Un compromiso que se ratificó tras la polémica por el cartel del Ayuntamiento de Almería sobre la violencia sexual contra la infancia, acusado de blanquear la pederastia y financiado con fondos del Pacto de Estado. Sin embargo, las feministas clásicas denuncian que «diferentes corporaciones locales continúan detrayendo recursos del Pacto de Estado para iniciativas ajenas, cuando no contrarias, a la lucha contra la violencia contra las mujeres».
El 12 de abril, el 20 de mayo y este pasado lunes las feministas actualizaron a Redondo con nuevos casos. En el último listado, documentan actividades de ayuntamientos de todo el país y con gobiernos de diferente signo político, que están destinando durante el mes de junio los recursos contra la violencia machista a «marchas, concentraciones y festivales LGTB, o a debates transgeneristas (unidireccionales) que cuestionan la desigualdad basada en la pertenencia al sexo femenino y sus consecuencias para las políticas públicas que la combaten».
«Malversación»
La Alianza Contra el Borrado de las Mujeres se pregunta si las instrucciones anunciadas han sido cursadas y consideran «gravísimo» que, «de haberse trasmitido, se ignoren y desprecien continuando con las prácticas malversadoras»: «Es labor de la Delegación del Gobierno especializada en la materia la aprobación del catálogo de acciones finalistas susceptibles de ser financiadas y su posterior fiscalización para garantizar que sean destinadas a sensibilizar a la sociedad, prevenir los comportamientos sexistas que alientan la violencia machista y apoyar a las víctimas en sus procesos para salir de la violencia».
Para las feministas radicales, el mal uso de los fondos se enmarca en la definición legal de malversación de caudales públicos, y señalan a la ministra de Igualdad porque «es de su responsabilidad litigar para recuperar los fondos malversados y garantizar que el dinero no tenga un uso diferente de aquel al que estaba destinado, ya que esto afecta a la función encomendada a los asuntos competenciales de su administración y afecta gravemente al Pacto de Estado».
Pacto de Estado
España aprobó en diciembre de 2017 el Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que fue ratificado por los distintos Grupos Parlamentarios, el Gobierno, las comunidades autónomas, las ciudades de Ceuta y Melilla y las entidades locales representadas en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP). Desde entonces, el esfuerzo presupuestario se ha incrementado un 40%, y la ministra Ana Redondo ha movilizado este año 140,2 millones, amén de otros 19,8 adicionales, que debían invertirse en los programas dedicados a víctimas de las violencias contra la mujer, donde se incluyen las violencias sexuales.
La ministra de Igualdad se ha propuesto en esta legislatura «revisar y reforzar» el Pacto de Estado contra la violencia de Género. En este sentido, las expertas y las feministas se quejan de que el dinero que emana de este muchas veces no llega a las víctimas y se «derrocha» en cuestiones que, a priori, poco tienen que ver con la violencia contra la mujer, y exigen optimizar mejor el gasto en lo sucesivo.
