El Gobierno solivianta al feminismo clásico por recurrir la 'ley trans' madrileña al Constitucional
Las feministas denuncian que Igualdad busca que el TC «dé el visto bueno a la hormonación experimental de menores».
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, bebe agua durante una rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Ministros, en el Palacio de La Moncloa, el 25 de junio de 2024, en Madrid. | EP
Nueva grieta entre el Gobierno de España y el feminismo clásico por el recurso de inconstitucionalidad anunciado este martes por la ministra de Igualdad, Ana Redondo, contra la reforma de la ley trans madrileña aprobada por Isabel Díaz Ayuso el pasado mes de diciembre. Se da la paradoja de que las feministas socialistas apoyan a la baronesa popular en su enésimo conflicto con el Ejecutivo Central, ya que su remodelación consistía en que los menores tuvieran que pasar por el psicólogo antes de pasar por un proceso de hormonación.
Por esto mismo, el Ejecutivo Central ha acusado al madrileño de «patologizar» a las personas trans y LGTBI y fomentar las «terapias de conversión» contra ellas, pero la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a cientos de colectivos feministas e históricas del PSOE como Ángeles Álvarez, cree que la reforma «protege a menores ofreciéndoles recursos de apoyo para que no tomen decisiones precipitadas», y critica que «un gobierno que les expone a transiciones sociales y farmacológicas», en referencia al de Pedro Sánchez, «actúa con temeridad».
En declaraciones a THE OBJECTIVE, las feministas denuncian que la ministra Ana Redondo «ha escenificado un acto de sacrificio de la infancia en el altar del transgenerismo»: «Los menores deben contar con apoyo profesional. La única terapia de conversión de la que se puede hablar en estos momentos es la que promueve el propio Gobierno, animando las transiciones sociales y farmacológicas en menores no suficientemente formados. Es un acto de imprudencia inadmisible».
Las feministas contrarias a la teoría queer, que preconiza la «autodeterminación de género», recuerdan que «en Suecia, Finlandia, Noruega o Reino Unido se descartan ya los bloqueadores de la pubertad para menores autodiagnosticados trans y se impone la prudencia», mientras que en España «Igualdad quiere que el Constitucional dé el visto bueno a la hormonación experimental de menores».
La Ley 2/2016, de 29 de marzo, de Identidad y Expresión de Género e Igualdad Social y no Discriminación de la Comunidad de Madrid, conocida como ley trans y reformada hace medio año, establece que para iniciar el tratamiento farmacológico será «requisito necesario» que previamente los menores «reciban apoyo de los profesionales de salud mental infanto-juvenil, mantenido durante todo el proceso y en el caso de que existiera comorbilidad será imprescindible un informe favorable del profesional que esté tratando al menor en dichas patologías».
El Ejecutivo de Pedro Sánchez busca que el Constitucional tumbe la obligatoriedad que establece ahora la ley trans autonómica de que los menores que quieran iniciar un tratamiento de cambio de sexo tengan que ser atendidos primero por un psicólogo, ya que, en su argumentario, esto supone su «patologización». Por eso, han interpuesto un recurso para que «las personas trans y LGTBI de Madrid puedan disfrutar de los mismos derechos que en el resto de España», al no divisar que el Ejecutivo madrileño fuese a dar marcha atrás en la reforma.
Sin embargo, las feministas consideran que el acompañamiento psicológico es un aspecto positivo de la reforma, como «la clara defensa de las categorías deportivas femeninas, la eliminación de todo el régimen sancionador que significaba una auténtica ley mordaza sobre cualquier opinión discrepante, la supresión de la terminología acientífica o las correcciones respecto de los contenidos educativos que sobrepasaban las lógicas del respeto a los derechos civiles y humanos de cualquier ciudadano sea cual sea su legítima orientación sexual».
Feministas contra Igualdad
Las feministas clásicas se han convertido, de facto, en uno de los mayores azotes del Ministerio de Igualdad, tanto en la etapa de Irene Montero al frente como en el de Ana Redondo. No en vano, la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas, ha documentado 119 casos de mal uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, que podrían constituir un presunto delito de malversación de caudales públicos.
Entre los casos documentados se encuentran carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes con vermú posterior. A juicio de la Alianza, esas iniciativas «no son objeto de ninguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado», pues estos deberían dedicarse a ayudar a mujeres víctimas de violencia.
