Sánchez prevé que el Constitucional fuerce al Supremo a aplicar la amnistía a Puigdemont

Es la nueva estrategia del Ejecutivo. El Gobierno espera que el Tribunal Constitucional corrija el criterio de la sala segunda del Tribunal Supremo, que este lunes decidió que el delito de malversación del procés no es amnistiable. Fuentes gubernamentales consultadas por THE OBJECTIVE admiten que esta es la fórmula para obligar a los tribunales a cumplir con la ley de amnistía y respetar la «voluntad del legislador», como siempre ha defendido el Gobierno de Pedro Sánchez. Algo que esperan que se subsane ante el recurso de los propios afectados ante la corte de garantías. «Vamos a ver qué estrategia de defensa van a seguir los afectados» y qué «efectos políticos tiene», explican desde el PSOE.  

Desde el Gobierno denuncian las «maniobras políticas» por parte del presidente de la sala segunda, el magistrado Manuel Marchena, de quien esperaban que presentara una cuestión prejudicial ante el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea (TJUE). Algo que habría obligado a levantar las medidas cautelares y, por lo tanto, las órdenes de detención contra el expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, y los exconsellers Toni Comín y Lluís Puig. Motivo por el cual la decisión de la sala segunda, adelantada el 18 de junio por este periódico, ha motivado que el juez instructor Pablo Llarena mantuviera las citadas órdenes. 

Desde hace semanas, en Moncloa percibían movimientos inquietantes en esta dirección que, a su juicio, apunta a una coordinación entre el poder judicial y el PP. «Ayer el portavoz (Miguel Tellado) anunció que esta sería una gran semana para justicia y hoy lo han hecho los jueces. Quien pueda hacer, que haga, como dijo Aznar». Los socialistas asistían con inquietud ante el retraso del recurso de inconstitucionalidad del PP contra la amnistía, anunciado por varias autonomías populares, pero que no ha acabado de presentarse. Como publicó THE OBJECTIVE, la corrección que el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido está haciendo sobre la sentencia de los ERE de Andalucía, y que adelantó este periódico hace meses, sienta jurisprudencia para poder obligar al Supremo a actuar para perdonar la malversación a los independentistas condenados, si estos presentan recurso. 

Ferraz reta al PP a presentar un recurso

La intención del Ejecutivo era que el Constitucional se pronunciara con urgencia para fijar criterio antes de que el TJUE resolviera sobre el fondo de la cuestión, lo cual suele producirse en un plazo de un año y diez meses, según fuentes jurídicas. No obstante, el recurso del PP no se ha presentado, lo cual obliga a los independentistas a recurrir para forzar un pronunciamiento del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido. Por ello, fuentes de Ferraz instaron este lunes al PP a actuar ante la corte de garantías, si es que tiene dudas sobre la constitucionalidad de la amnistía: «No se ha presentado ni un solo recurso de inconstitucionalidad. Si Feijóo cree que lo es, está tardando». 

Fuentes socialistas intentaron tentar al PP asegurando que la decisión del Supremo «no cuestiona la constitucionalidad general de la amnistía ni su compatibilidad con el Derecho de la UE», lo cual calificaron de «buena noticia». «El TS no pone en duda la capacidad de las Cortes Generales de aprobar amnistías, únicamente pregunta a las partes si procede presentar una cuestión de inconstitucionalidad sobre el delito de desobediencia; además, el TS renuncia expresamente a presentar una cuestión prejudicial ante el TJUE». Algo a lo que instó el voto particular sobre la decisión de la sala de lo penal del TS, por parte de la magistrada Ana Ferrer, en aras de resolver el fondo de la cuestión. 

«Los jueces haciendo política»

Las citadas fuentes socialistas manifestaron su respeto a las resoluciones judiciales y prometen «no entrar a valorar consideraciones políticas que ha hecho el TS sorprendentes e innecesarias para la labor jurisdiccional que tienen encomendada. Es en el ámbito político y no judicial donde corresponde opinar sobre las leyes, los pactos entre diferentes fuerzas políticas». En la misma línea, pero dando un paso más, desde Moncloa manifiestan a este periódico su indignación ante una sentencia con la que el Supremo quiere demostrar «el poder que tiene la justicia tras la soberanía nacional». En definitiva, una resolución que evidencia, a juicio del Ejecutivo, que «los jueces están haciendo política».

En cuanto al fondo de la cuestión, Gobierno y partido socialista coinciden en argumentar que el articulado de la propia ley de amnistía es «clarísimo» sobre la malversación en su artículo 1.4: «No se considerará enriquecimiento la aplicación de fondos públicos a las finalidades previstas en los apartados b) y c) cuando independientemente de su adecuación al ordenamiento jurídico, no ha tenido el propósito de obtener un beneficio personal de carácter patrimonial». Tanto en Moncloa como en Ferraz argumentan que no ha lugar a considerar que hay un enriquecimiento personal de los líderes del procés. Consideran que el hecho de que la Fiscalía Europea no interviniera en el procedimiento «en ningún momento» se debe a que «nunca entendió que se pudieran ver afectados los intereses financieros de la UE». Como añaden fuentes gubernamentales, «es falso» que haya habido un enriquecimiento personal porque la ejecución del referéndum no se hizo por ciudadanos particulares, sino por la administración de la Generalitat de Cataluña, que es lo que le concedía «legitimidad».