El Gobierno no contempla ningún dinero para compensar a las regiones por los 'menas'
TO accede al último documento del Ejecutivo que quiere consensuar con las autonomías en la Conferencia Sectorial
El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, reunido con el portavoz parlamentario del PP, Miguel Tellado, para abordar las reformas de la ley. | Europa Press
El último borrador de la Proposición de Ley que el Gobierno ha redactado sobre la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería, al que ha accedido THE OBJECTIVE, que quiere aprobar en el Congreso de los Diputados y consensuar antes en la Conferencia Sectorial de Infancia, prevista el próximo miércoles día 10, no recoge ningún compromiso de financiación para atender las necesidades de los ‘menas’, menores inmigrantes no acompañados. Esta es una de las reclamaciones del Partido Popular para apoyarla. Con esta reforma, el Ejecutivo intenta buscar una solución a la llegada masiva de ‘menas’, que han colapsado Canarias, y que quiere repartir por las comunidades autónomas obligando a su acogimiento, pero sin dejar claro si ayudará con financiación.
Desde hace quince días, el ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, y el presidente de Canarias, Fernando Clavijo, intentan buscar apoyos de los grupos parlamentarios y de las comunidades autónomas a la Proposición de Ley con la que tratar de buscar una solución a la situación de los ‘menas’ en Canarias, ante el colapso de los centros de acogida. La propuesta que plantea el Gobierno, y así se lo ha hecho llegar a los grupos parlamentarios en las reuniones mantenidas en el Congreso de los Diputados, es el reparto obligatoria de estos menores, reformando esta ley. Lo que hasta era una acogida voluntaria, se quiere convertir en obligatoria, según señalan los grupos parlamentarios y las comunidades consultadas.
La mayoría de las comunidades autónomas, gobernadas por el Partido Popular, no se oponen a acoger a los inmigrantes, pero piden que el Gobierno se comprometa a aportar una financiación adicional porque ya están destinados recursos y si le envían más deben ir acompañados de presupuesto. Pero, hasta el pasado viernes, los documentos elaborados por el Ejecutivo de Sánchez no especifican ninguna cantidad económica.
En el documento al que ha tenido acceso este periódico, que puede sufrir cambios, el Gobierno «prevé en este nuevo artículo 35 quáter que en los criterios de aplicación del Plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada se incluirán las medidas que se estimen necesarias para establecer una financiación suficiente para el mismo». Pero sin especificar nada más, ningún compromiso que permita a los grupos parlamentarios tener la certeza de que recibirán el dinero.
La propuesta del Gobierno se refiere claramente a la obligatoriedad de acoger a los inmigrantes: «Una vez acreditada la existencia de tales situaciones de contingencia migratoria extraordinaria y la insuficiencia de los servicios autonómicos de las comunidades autónomas receptoras para garantizar la prevalencia del principio del interés superior del menor, procede que la Administración General del Estado acuerde la ubicación territorial de las personas menores de edad extranjeras no acompañadas que proceda en ponderación de la situación, en aplicación de los criterios objetivos consensuados entre todas las comunidades autónomas y adoptando las medidas financieras que resulten necesarias».
Igualmente, el borrador de Proposición de Ley subraya que el reparto de estos inmigrantes se realizará con unos criterios objetivos, pero no los especifica, según señalan las fuentes consultadas: «Se introduce un nuevo artículo 35 ter, que regula el modelo de gestión de contingencias migratorias extraordinarias para la infancia y adolescencia migrante no acompañada, que contendrá el conjunto de criterios objetivos para la ubicación de las personas menores de edad migrantes no acompañadas entre las diferentes comunidades autónomas, así como la regulación del mecanismo de derivación de las personas menores de edad migrantes no acompañadas a otras comunidades autónomas y los criterios para la determinación de plazas por comunidad autónoma en caso de derivación. Dicho modelo de gestión será acordado en régimen de cooperación por la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia atendiendo al principio de solidaridad consagrado en el artículo 2.bis.3 de la LOEx (Ley Orgánica de Extranjería)».
El Gobierno también fija el tiempo en el que los inmigrantes deben de ser trasladados: « El traslado a la comunidad autónoma de destino habrá de producirse en el plazo de 15 días a contar desde la inscripción de la persona afectada en el citado Registro de Menores Extranjeros No Acompañados». Además, se prevé en la Disposición adicional única «que los criterios de aplicación del Plan de respuesta ante la situación de contingencia migratoria extraordinaria para la infancia y adolescencia migrante no acompañada deberán aprobarse en el plazo máximo de tres meses a partir de la entrada en vigor de esta ley».
Otra de las cuestiones que contempla el borrador de la Proposición de Ley es que el sistema de aplicación para llevar a cabo todas las actuaciones se realizará a través de un real decreto: «La Disposición final segunda regula una habilitación normativa, que prevé que mediante real decreto se protocolizarán las actuaciones que deberán realizar las comunidades autónomas de origen y destino para coordinar la ubicación de personas menores de edad migrantes no acompañadas».
