El PP pide la retirada de Conde-Pumpido de los ERE y recusará a dos miembros del TC
Los ‘populares’ apuntan a Inmaculada Montalbán, María Luisa Balaguer y al presidente del Tribunal
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo. | Eduardo Parra / Europa Press / ContactoPhoto
El vicesecretario de Política Local y Autonómica del Partido Popular, Elías Bendodo, ha anunciado este jueves que su formación política recusará, de momento, a dos miembros del Tribunal Constitucional que en su día tuvieron relación con los ERE, ocupando cargos en la Junta de Andalucía durante los gobiernos o participando en sentencias relacionadas con este caso, y pedirá la abstención de su presidente, Cándido Conde-Pumpido. El dirigente popular ha realizado este anuncio en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, al calificar de «gravísimo» que cinco magistrados del TC hayan tenido relación directa con este caso y podrían recurrir en causa de abstención. De entrada van a pedir la abstención de tres de los cinco.
«Como acusación particular, el PP va a instar a la abstención de tres de los cinco. Pediremos la recusación de Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer y a Cándido Conde Pumpido que se aparten de los recursos de la causa de los ERE para garantizar la imparcialidad, la obligada apariencia y para velar por el correcto funcionamiento de este órgano. Estos cinco magistrados, que estaban con una mano votando a favor y exculpando a los condenados y con la otra firmaron sentencias y resoluciones. Han tenido vinculación directa y permanente», ha explicado Bendodo.
El dirigente del PP se ha referido también a Juan Carlos Campo, exministro de Justicia del Gobierno de Pedro Sánchez, que fue secretario general de Relaciones con el Parlamento de Andalucía entre 2014 y 2015. «Precisamente fechas en las que la cámara andaluza abordó en muchas ocasiones casos relacionados con los ERE, fue Juan Carlos Campo el que emitió públicamente juicios públicos que claramente le comprometen, sobre el procesamiento de Chaves y Griñán, en una entrevista», ha precisado el vicesecretario de Política Local y Autonómica popular.
Otro miembro del Constitucional cuestionado por Bendodo es Inmaculada Montalbán, «presidenta de la sección tercera de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), fue ponente y participó, al menos, en 22 sentencias relacionadas con los ERE».
El tercer caso es el de María Luisa Balaguer, «consejera del Consejo Consultivo de Andalucía los años 2012, 2013, 2014, y ponente en al menos 28 dictámenes que abarcaban toda la casuística del caso de los ERE». Igualmente, Bendodo se ha referido a María Luisa Segoviano, magistrada de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, «que firmó dos sentencias relacionadas con el caso de los ERE».
El dirigente del PP ha anunciado que «vamos a empezar por instar la recusación de Inmaculada Montalbán y María Luisa Balaguer; así como la abstención de Cándido Conde Pumpido. No descartamos ampliarlo en función de cómo avance todo. Hoy mismo, el PP va a otorgar un poder especial para empezar este trámite y en los próximos días registrar esta petición».
Bendodo insistió en que «estos miembros del Tribunal Constitucional que han participado en decisiones de este caso no deben de participar en la votación del Constitucional. El propio presidente tomó esta decisión y la argumentó porque fue miembro de la Fiscalía General cuando era miembro del Supremo y se abstuvo. La coherencia tiene que valer para él, y para los demás».
Finalmente, recordó que el de los ERE «es el mayor caso de corrupción de la historia de España, quiera o no el PSOE. Más de seiscientos millones de los parados dedicados a otras cuestiones, más de 20 juzgados y el Tribunal Supremo confirmaron y ratificaron las sentencias de los condenados por prevaricación y malversación. El Tribunal Constitucional no puede convertirse en un órgano de segunda lectura y revisión de las sentencias. Personas vinculadas con el PSOE y familiares se beneficiaron de prejubilaciones, 20.000 euros al mes en cocaína se gastaban directivos de la Junta y lo más grave que el PSOE decía que era su feudo y los ERE sirvieron para que el PSOE acudiera dopado a las urnas. Fue el PSOE el que condenó a Chaves y Griñán antes de que lo hiciera el Supremo, quitándole el acta y de cualquier responsabilidad pública».
