Una treintena de organizaciones lanzan un manifiesto para «mejorar la salud democrática»
Urgen a un código ético obligatorio para funcionarios y políticos
Representantes de las organizaciones firmantes del manifiesto con medidas para mejorar la salud democrática. | Zipi Aragón (EFE)
Una treintena de organizaciones, entre ellas la Asociación de la Prensa de Madrid (APM), la Federación de Sindicatos de Periodistas y Hay Derecho, han lanzado un manifiesto para «mejorar la salud democrática en España» ante la comparecencia de este miércoles del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para presentar su plan de regeneración democrática.
El documento responde a «la ausencia de participación ciudadana», según señalan los más de 35 firmantes, algunos de los cuales se acercarán al Congreso de los Diputados al inicio de la comparecencia en la que Sánchez anunciará un plan de calidad democrática que incluirá la limitación de la financiación pública de los medios de comunicación y que tendrá que pactar con los grupos parlamentarios, según recoge EFE.
Las organizaciones reclaman medidas urgentes y prioritarias para preservar la salud informativa de la ciudadanía y combatir la desinformación, mientras se respeta la libertad de información y se preserva el pluralismo de los medios. Esto incluye, según las entidades, la promoción de la educación mediática, la garantía de transparencia en la financiación de los medios y la rendición de cuentas en los medios de titularidad pública, además de garantizar el ejercicio pleno en España de los derechos a la libertad de expresión y los derechos de reunión y manifestación.
Las organizaciones consideran que el Gobierno debería acometer medidas en las que han ahondado organismos europeos para así asegurar el pleno respeto a los principios democráticos y la transparencia en la gestión pública. Proponen reforzar la transparencia y el acceso a la información, reconocer el derecho de acceso a la información como derecho fundamental o regular la transparencia y participación de los grupos de interés o lobbies en los procesos de elaboración de normas y políticas públicas.
Plantean iniciativas para mejorar la calidad normativa y la seguridad jurídica, evitar «el abuso del decreto-ley» y la promulgación de normas que, a su juicio, generen «incertidumbre, incoherencias o redundancias con otras existentes». Urgen a un código ético obligatorio para funcionarios y políticos, así como mecanismos robustos para evaluar y resolver conflictos de interés; la publicación proactiva de las declaraciones de bienes de altos cargos, funcionarios públicos y parlamentarios, así como la creación de una oficina independiente y con capacidad de imponer sanciones a quienes violen regulaciones sobre conflictos de interés.
Insisten en la importancia de la separación de poderes; proponen la mejora del sistema de nombramientos de puestos judiciales superiores y reforzar los criterios objetivos y transparentes que reduzcan la discrecionalidad, aseguren la independencia y refuercen la imparcialidad del sistema judicial. «En un contexto donde la confianza ciudadana en las instituciones democráticas es fundamental» -señalan, las organizaciones llaman a las instituciones democráticas a mejorar la democracia con la participación «de todos» y reafirman su compromiso de colaborar con el Gobierno y otras instituciones para asegurar la implementación efectiva de estas medidas.
Entre los firmantes se encuentra la Asociación de Profesionales de las Relaciones Institucionales (APRI), Archiveros Españoles en la Función Pública, la Asociación Andaluza para la Defensa de los Animales; la Associació Ciutadania I Comunicacio; la Asociación de Archiveros Gestores de Documentos de la Comunidad Valenciana y la Asociación de Usuarios de la Comunicación (AUC) y la Federación de Consumidores y Usuarios (CECU).
También está, entre ellas, la Federación de Sindicatos de Periodistas y la APM, no así la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), ni la Red de Colegios Profesionales de Periodistas. La junta directiva de la FAPE se ha reunido este martes con Sánchez para entregarle un informe en el que apoya las propuestas del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación, en el que se basará el Gobierno para las medidas de regeneración democrática que anunciará.
