Igualdad destina 215.000 euros al traslado de muebles y papeles dentro del Ministerio

Reorganización en el Ministerio de Igualdad. La socialista Ana Redondo, tras ocho meses de estancia, ha decidido acicalar su sede, ubicada en la madrileña (y céntrica) calle de Alcalá. Para ello prevé contratar un servicio de logística para el traslado de documentación, mobiliario y enseres en el departamento, de ocho plantas, por un importe total de hasta 214.277,10 euros. El procedimiento de contratación sigue abierto hasta el 12 de agosto.

Redondo quiere dar un lavado de cara a su sede de trabajo y para ello cree necesario el cambio de muebles o traslado de los mismos y reorganización de documentos. Para este fin echa mano de una de las herramientas que poseen los ministerios: la contratación pública, un dinero que sale de las arcas públicas y que no cuenta con financiación de los fondos europeos de la Unión Europea.

Igualdad justifica la necesidad de recurrir a un contrato público a que no cuenta con los medios personales necesarios para la ejecución de estos trabajos. En el Ministerio aseguran que se trata de un tipo de movimiento «natural» y que tiene como fin la sustitución de muebles antiguos o recolocación de algunos, debido a la necesidad de traslados de despachos originados por reestructuraciones administrativas, cambios de puesto de trabajo, o retirada de objetos por rotura, avería, almacenamiento o cambio de ubicación. Entre los requisitos, se encuentra que la empresa adjudicataria utilice productos de fibra reciclada en los productos de papel (cajas, papel de embalar…) que se usen en la ejecución del servicio.

Otra remodelación

La última remodelación en la sede se produjo en octubre de 2022, cuando Irene Montero invirtió 42.239,16 euros a la mudanza interna. La anterior ministra esperó dos años y ocho meses para este traslado, y destinó la quinta parte de dinero público que su sucesora socialista, en el punto de mira por los gastos del Ministerio. Un año antes, en octubre de 2021, había destinado 68.611,84 euros a esto mismo.

Estas remodelaciones llegaron al Congreso de los Diputados. PP y Vox pidieron especificar, a través de preguntas parlamentarias, cuáles fueron los documentos, mobiliario y enseres que se trasladaron por más de 112.000 euros.

Igualdad, en el foco

El Ministerio de Igualdad está en el foco de la polémica por el gasto del erario público que viene ejerciendo Ana Redondo desde que sustituyó a Irene Montero, que tampoco se caracterizó por un manejo pulcro del dinero del contribuyente.

Este martes, El Español desvelaba que Isabel García Sánchez, directora del Instituto de las Mujeres, y su pareja, Elisabeth García, han obtenido 64 contratos de ayuntamientos gobernados por el PSOE para gestionar los Puntos Violeta contra la violencia de género y para actividades de igualdad y feminismo. En total, facturaron al menos 250.000 euros en dos años a través de adjudicaciones a dedo.

El PP ha pedido la comparecencia de García Sánchez en el Congreso para «informar sobre la gestión de los Puntos Violeta adjudicados a empresas relacionadas con su familia», y la ministra de Igualdad ha adelantado que le pedirá explicaciones.

Llueve sobre mojado. El mes pasado, THE OBJECTIVE desveló cómo la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres, que aglutina a centenares de colectivos feministas, había detectado hasta 119 casos de mal uso de fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, en lo que denuncian que podría constituir un presunto delito de malversación de caudales públicos.

Entre los casos documentados, se encuentran carreras de tacones, papeleras y contenedores para tampones, pasos de peatones arcoíris, talleres de maquillaje, charlas LGTB o bailes con vermú posterior. A juicio de la Alianza, esas iniciativas «no son objeto de ninguna medida financiable con los fondos del Pacto de Estado», pues estos deberían dedicarse a ayudar a mujeres víctimas de violencia.