Libertad editorial e independencia de los medios públicos: exigencias de la UE a Sánchez
El reglamento que esgrime el presidente para censurar a la prensa le obliga a no interferir en sus decisiones
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez | EP
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se escudó este miércoles en el Congreso de los Diputados en el Reglamento Europeo sobre la Libertad de los Medios de Comunicación, que entró en vigor el pasado mes de mayo, para justificar su plan de control de los medios digitales que están desvelando la presunta corrupción que afecta a su familia y su Gobierno. El presidente focalizó sus medidas en la necesidad de conocer los dueños de los medios y la financiación que reciben por parte de las Administraciones públicas, pero no puso el énfasis en otros aspectos como el respeto «a la libertad e independencia editorial» o garantizar la independencia del «servicio público» de los medios de comunicación, según el reglamento consultado por THE OBJECTIVE.
Sánchez pasó de puntillas, o en algunos casos ni hizo alusión a ellos, sobre los aspectos que menos le benefician de esta normativa europea, que no solo se refiere a las cuestiones que desde el Gobierno se quieren modificar para evitar las críticas de los medios privados a su política, sino que también afectan a los medios de comunicación públicos, que también obligan al Ejecutivo.
Así, en el artículo 4, sobre los derechos de los prestadores de servicios de medios de comunicación, se subraya que «los Estados miembros respetarán la libertad e independencia editorial efectivas de los prestadores de servicios de medios de comunicación en el ejercicio de sus actividades profesionales». Igualmente, especifica que «los Estados miembros, incluidas las autoridades y organismos reguladores nacionales, no podrán interferir ni tratar de influir en las políticas editoriales y las decisiones editoriales de los prestadores de servicios de medios de comunicación».
En el artículo 5, sobre la salvaguardia del funcionamiento independiente de los prestadores del servicio público de medios de comunicación, subraya que los Estados miembros «garantizarán que sean independientes desde el punto de vista editorial y funcional», a la vez que ofrezcan «de un modo imparcial una pluralidad de información y opiniones a sus audiencias de mandato de servicio público».
Igualmente, señalan que «el responsable de la gestión y los miembros del consejo de administración de los prestadores del servicio público de medios de comunicación serán nombrados siguiendo procedimientos transparentes, abiertos, efectivos, no discriminatorios y proporcionados, establecidos de antemano a nivel nacional. La duración de su mandato será suficiente para garantizar la independencia efectiva de los prestadores del servicio público de medios de comunicación».
La Unión Europea, en el artículo 21 del citado reglamento que aborda las «medidas nacionales que afectan a los prestadores de servicios de medios de comunicación, indica que «las medidas legislativas, normativas o administrativas tomadas por un estado miembro que puedan afectar al pluralismo de los medios de comunicación o a la independencia editorial de los prestadores del servicio que operan en el mercado interior estarán debidamente justificadas y proporcionadas». En este sentido, subrayan que «dichas medidas deberán ser motivadas, transparentes, objetivas y no discriminatorias».
Si estas medidas legislativas adoptadas afectan a los medios de «forma individual y directa, tendrán derecho a recurrir ante un órgano de apelación. Dicho órgano, que podrá ser jurisdiccional, será independiente de las partes implicadas y de cualquier intervención externa o presión política que pueda poner en riesgo su evaluación independiente de los asuntos que le remitan».
Ante el intento del Gobierno de Sánchez de censurar los medios que considera «tabloides» y «páginas web» en el marco de una crítica generalizada a los que denomina «fango», el reglamento, en su artículo 3 que aborda el derecho de los destinatarios de servicios de medios de comunicación, señala que los Estados miembros «respetarán el derecho de los destinatarios a tener acceso a una pluralidad de contenido de medios de comunicación editorialmente independientes y se asegurarán de que las condiciones marco sean acordes con el presente reglamento para salvaguardar dicho derecho, en beneficio del discurso libre y democrático».
Este amplio documento de 37 páginas es la base de las reuniones que los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y Cultura, Ernest Urtasun, comenzarán a negociar la semana que viene, lunes y martes, con los distintos grupos parlamentarios. Desde el principal partido de la oposición, el PP, acudirán a la reunión, pero consideran que este discurso es solo una «mancha de aceite» para tapar los escándalos que rodean a la mujer del presidente, Begoña Gómez, y un intento de acallar a los medios de comunicación.¡
