El PSOE quiere regular el control de la prensa a la vez que restringir el acceso a las Cortes
Los socialistas pretenden activar esta semana la mesa de trabajo del Congreso que estudia cambiar las acreditaciones
El ministro de Presidencia, Félix Bolaños, que negociará las medidas, entre Álvaro García Ortiz, y Cándido Conde Pumpido | EP
Semana clave para el Gobierno en su objetivo de intentar consensuar con los grupos parlamentarios la puesta en marcha de medidas de control en los medios de comunicación y negociar cambios en las normas de acceso al Congreso de los Diputados y el Senado. El Ejecutivo ha anunciado que lunes y martes se reunirá con los grupos parlamentarios y THE OBJECTIVE ha podido saber que su intención es también convocar al grupo de trabajo de la Mesa de la Cámara con la que trabaja para modificar el sistema de concesión de las acreditaciones.
Los socialistas quieren agilizar el anuncio realizado por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia parlamentaria del pasado jueves. En este pleno no desgranó medidas concretas, sino que se remitió el reglamento europeo sobre medios de comunicación como argumento para justificar su intención de controlar la financiación pública y establecer criterios para vetar a los medios que, a su juicio, publican «bulos», y que son «tabloides y páginas webs».
La aplicación de este reglamento será abordado en estas dos reuniones de los ministros de Presidencia, Félix Bolaños, y Cultura, Ernest Urtasun, que pretenden contar con apoyos suficientes para sacarla adelante. El Partido Popular, con el que el Gobierno se reunirá este martes y que ya votó esta normativa europea en la Eurocámara, ha asegurado que asistirá a este encuentro pero ha dejado claro que no cuenten con ellos para censurar a medios de comunicación.
El otro pilar de esta estrategia del Gobierno, como es cambiar las normas de acceso al Congreso de los Diputados y al Senado, se quiere hacer coincidir con la negociación para abordar los cambios en la concesión de las acreditaciones a los periodistas que acceden a las Cortes para realizar su trabajo informativo. Este periódico ha podido saber que los socialistas han trasladado, de manera verbal, no oficial, su deseo de reunir esta semana el grupo de trabajo, al frente del cual la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha situado al vicepresidente primero de la Cámara Baja, Alfonso Gómez de Celis.
Como ya publicó THE OBJECTIVE, la intención del PSOE, mayoritario en la Mesa del Congreso, es retirar a la Dirección de Comunicación, al frente de la cual se encuentra una funcionaria, la potestad de conceder o negar las acreditaciones. Una posibilidad que baraja es que pudiera ser una asociación de periodistas. En este sentido, la Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP) remitió un escrito, anteriormente a la reunión de la Mesa, en la que se analizó, en el que solicitaba «del órgano de gobierno de la Cámara, la puesta en marcha de normas para favorecer la convivencia en el espacio en el que los periodistas desarrollamos nuestro trabajo». En esta nota, la APP habla de «alteración del desarrollo de las ruedas de prensa, conversaciones con representantes políticos y accesos a parlamentarios se ven alterados por comportamientos inadecuados desde hace ya demasiado tiempo».
La APP adjuntó un comunicado en el que se denunciaba que personas vinculadas a partidos políticos «ejerzan de periodistas en los espacios que el Congreso de los Diputados y el Senado tienen destinados al ejercicio de la profesión». Se referían, concretamente, a Vito Quiles. número 57 en la lista de Alvise al Parlamento europeo. Esta asociación considera que «ir en la lista de un partido político, coalición o agrupación electoral así como trabajar o colaborar con algún partido político, es contrario a la ética de la profesión periodística y, por tanto, incompatible con acceder a una acreditación como periodista parlamentario».
Pero el deseo del PSOE de que sean las asociaciones las que puedan participar en este proceso tropezó el pasado mes de enero con el rechazo de éstas. La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), la Asociación de la Prensa de Madrid y la Asociación de Periodistas Parlamentarios se negaron a ser ellos los responsables de conceder o retirar acreditaciones de prensa cuando el presidente Pedro Sánchez empezó a atacar a los medios que investigaban la presunta corrupción que acecha a su mujer, Begoña Gómez, y a su Gobierno: «Recordamos que no es misión de las asociaciones de prensa decir si se le debe dar o retirar la acreditación a un medio o a un periodista concretos, una tarea que compete a las instituciones que facilitan esas acreditaciones. Lo que sí han de hacer las asociaciones es escuchar las peticiones de amparo de los periodistas que consideren que han sido discriminados sin causa justificada en la concesión de las acreditaciones».
La primera medida que adoptó la Mesa del Congreso fue encargar un informe al letrado mayor, Fernando Galindo, afín al PSOE, sobre cómo se permite el acceso a los parlamentos de los periodistas en diferentes países de la Unión Europea: Alemania, Francia, Italia, Portugal, Reino Unido y el Parlamento Europeo. Este informe se entregó dos semanas después, a principios de julio, y las fuentes consultadas señalan que de todos los informes el que más aceptación ha tenido para el PSOE es el referido a Italia, que curiosamente coincide con su criterio, que sean las asociaciones quienes decidan a qué periodistas se les permite acceder a las Cortes.
